El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa, rechazó este miércoles el pedido de sobreseimiento de Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; y su esposa, Lucrecia Zuttión, fiscal del Tribunal de Cuentas, denunciados en 2016 por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

En tanto, el magistrado sí hizo lugar al sobreseimiento de Erbes por el presunto delito de exacciones ilegales, es decir, el pedido de sobornos a empresario de la construcción. Dictó la resolución en función del artículo N° 397 inciso sexto del Código Procesal Penal provincial, que determina la extinción de la acción penal por prescripción.

Según registró Entre Ríos Ahora, en este caso, el juez señaló que la Fiscalía «no investigó» a Erbes y que recién el 4 de abril de este año, 5 años y 7 meses después de la apertura de causa -sucedida en agosto de 2016-, citó como testigos a tres empresarios. Por ello, entendió que se violó el plazo razonable para realizar la investigación.

No obstante, no hizo lugar al pedido de sobreseimiento del matrimonio Erbes-Zuttión por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. En este caso, valoró que la Fiscalía realizó una investigación «diligente» y que se encuentra a la espera de una pericia contable clave.

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En este aspecto, explicó que las partes realizaron sus pericias contables y que tuvieron resultados disímiles: la de Fiscalía dice que Erbes no puede justificar dos periodos de su patrimonio; y la pericia de la defensa dice que todo está debidamente justificado. Ahora se espera la opinión de un perito independiente, perteneciente al Superior Tribunal de Justicia. El juez subrayó que el plazo para realizar la pericia es de 30 días. De no haber un informe trasncurrido ese plazo, se dictará el sobreseimiento.

Cabe recordar que a esta instancia se llegó tras la apelación a una resolución del juez de Garantías José Eduardo Ruhl que rechazó el sobreseimiento peticionado por los abogados defensores Ladislado Uzín Olleros y Franco Azziani Cánepa.


Enriquecimiento

En cuanto a la causa por supuesto enriquecimiento ilícito, el juez Cánepa entendió que la investigación está en marcha y que está pendiente una pericia contable.

Recordó que la Fiscalía y la defensa realizaron sus pericias contables y que tras dos años -con pandemia de por medio- tuvieron resultados contrapuestos: la primera dijo que Erbes no podía justiciar su patrimonio y la segunda que sí.

Por ello, el fiscal Ignacio Aramberry solicitó a fines de 2019 la opinión del perito del Superior Tribunal de Justicia que está pendiente.

Asimismo, el magistrado resaltó que según la Fiscalía, la perito del STJ tiene 30 días hábiles para realizar su informe contable y que ya cuenta con toda la documentación para hacerlo. «Es un caso que merece la realización de una medida que resulte insoslayable. Ese acto es la pericia contable», subrayó Cánepa.

Además, valoró como «diligente» la investigación realizada por la Fiscalía y que «no hubo afectación jurídica respecto» del matrimonio investigado.

Sobreseimiento por presuntos sobornos

En el caso del supuesto delito de exacciones ilegales por parte de Erbes, el juez consideró que la Fiscalía violó la garantía de plazo razonable, ya que se mostró inactiva para investigar.

«La apertura de casua se dictó en agosto de 2016. Hubo un pedido de informes y luego no hubo ninguna actividad investigativa hasta el 4 de abril de este año en que se citó a tres testigos. Es decir, hubo un período de 5 años y 7 meses donde no se realizó ninguna medida conducente ya sea para magnificar o descartar la hipótesis de la acusación», puntualizó.

Además, advirtió a la Fiscalía que hubo un pedido de informe que contrarió el arículo 2013 del Código Procesal Penal, ya que se pidieron informes por el período 2013 a 2016, cuando en la apertura de causa se circunscribe la hipótesis delicitiva entre 2014 y 2015.

«La convocatoria a testigos no tienen ningún fundamento. Se eligen tres al azar, sugestivamente cuando la investigación comenzó a ser controlada por la Justicia y cuando la participación de estas personas en el ilícito que se investiga no obra en ningún informe», agregó luego sobre la citación como testigos a tres empresarios cursada el 4 de abril último.

Por último, el juez entendió la Fiscalía violó la garantía para que Erbes sea juzgado en un plazo razonable y por ello dictó su sobreseimiento por prescripción de la acción penal.

La causa

La investigación penal preparatoria se inició en agosto de 2016 tras una publicación de Daniel Enz, director de la Revista Análisis, en la que informó el repentino crecimiento patrimonial de la pareja, quienes únicamente tienen como ingreso dineros de la administración pública provincial, donde trabajan hace unos años.

Tras la publicación, la denuncia en la Fiscalía la formularon los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Los letrados son conocidos por haber realizado diferentes denuncias contra el exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, y figuras de su gestión.

En su artículo, Enz sostuvo que Erbes vivió primero en un complejo habitacional del Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas (IAPV), y que luego compró una casa ubicada a la vuelta, en Uranga 575, en proximidades de la Escuela Privada Nuestra Señora del Luján de Paraná, entre otras adquisiciones que llamaron la atención.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.