En un año y medio, Entre Ríos pasó a encabezar el ranking de provincias con más sacerdotes católicos condenados por pedofilia eclesiástica. Se trata de Juan Diego Escobar Gaviria, Justo José Ilarraz y Marcelino Moya.

El primer condenado fue el cura colombiano Escobar Gaviria. En septiembre de 2017, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay lo consideró “autor material y penalmente responsable” de “la promoción de la corrupción de menores reiteradas”, delito agravado por la “condición de guardador” que “a su vez concurren con abuso sexual simple agravado por ser cometido por un ministro de culto”. Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2016.

El principal testimonio en su contra fue el de Alexis Endrizzi, quien comenzó a padecer los vejámenes a los 11 años. El joven contó lo que vivió en la habitación sacerdotal de la casa parroquial de Lucas González: “Una vez me hizo entrar a la pieza y me dijo: ´Cierre la puerta con llave´. Yo lo hice, pensando que quería hablarme de algo. Él ya había comenzado a tocarme por arriba de la ropa. Me dijo que me siente en la cama, y me preguntó si los demás estaban durmiendo, y le dije que casi todos, porque algunos estaban aún jugando con el celular, así que luego de hacerme sentar, me bajó el cierre y me empezó a tocar”.

Escobar Gaviria se encuentra en la puerta de un segundo juicio por abuso de menores. Se trata de un caso que no ingresó en el realizado en 2017. Se desarrollará entre el 23 y el 24 de mayo.

El segundo cura condenado fue Justo José Ilarraz. El 21 de mayo de 2018, fue sentenciado a 25 años de prisión por corrupción agravada de menores.

Los abusos se cometieron durante la década del 80. Aunque la cifra de las víctimas ascendería a 50, solamente lo denunciaron 7. En el juicio, se comprobó que el arzobispo y cardenal emérito Estanislao Karlic tomó conocimiento a comienzos de la década del 90, cuando, luego de un juicio diocesano exprés, decidió enviarlo a Roma. Al regresar, en 1997, Ilarraz recaló en Monteros, Tucumán.

La condena fue confirmada en abril de este año por la Sala I de la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos. El sobreviviente Fabián Schunk pidió que en una nueva causa se investigue la responsabilidad de los sucesivos arzobispos de Paraná (Estanislao Karlic, Pedro Maulión y Juan Alberto Puiggari), que permitieron que siguiese dando misa y estando en contacto con chicos.

El tercer condenadofue el cura Marcelino Moya. El 5 de abril de este año,
el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay  lo sentenció a 17 años de prisión.

Los principales testimonios en su contra fueron los de Pablo Huck y Ernesto Frutos. Los casos narrados ante los jueces ocurrieron entre 1992 y 1996. Moya fue capellán en la guarnición del Ejército en Villaguay. En Chipre y, luego, en Kuwait, fue capellán de los Cascos Azules de la ONU. Posteriormente, retornó a Entre Ríos para convertirse en el jefe de capellanes de todos los institutos militares del país con sede en Campo de Mayo. Finalmente, por sorpresa, volvió a ejercer su ministerio, primero, en San Benito, después en Villa Urquiza y, por último, en Nuestra Señora de la Merced, en Seguí, hasta que fue separado tras las denuncias.

La particularidad en estos dos últimos casos es que aparecieron voces de la propia curia, el ex sacerdote José Dumoulín en el de Ilarraz y el ex cura José Wendler en el de Moya, que admitieron que la cúpula de la Iglesia paranaense estaba avisada mucho tiempo antes de que las denuncias llegasen a la justicia ordinaria. Eventualmente, abriría la puerta para que se investigue si efectivamente hubo encubrimiento de parte de la jerarquía católica.

¿Y la base de datos?

Tanto Carlos Lombardi, representante legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, como Sergio Osvaldo Buenanueva, obispo de San Francisco (Córdoba) y a quien el Episcopado argentino eligió para diseñar la estrategia sobre cómo enfrentar este tema, reconocieron que no existe una base de datos oficial que registre rigurosamente todos los casos relacionados con este delito en el país.

La Red viene elaborando una base de datos en función de los diferentes sobrevivientes que se acercan pidiendo la ayuda del equipo interdisciplinario que la compone. Asimismo, hay una base de datos abierta en función de recortes periodísticos que se puede acceder por medio de www.bishop-accountability.org. Por otro lado, existen dos mapas diseñados periodísticamente. Uno, por la agencia de noticias oficial Telam. Y el otro, por Cosecha Roja,que actualiza el anterior. En el de Telam se contabilizaron 59 sacerdotes y tres monjas denunciados a lo largo y ancho del país. Mientras que en el de Cosecha Roja, elaborado por el sobreviviente chileno Eneas Espinoza, llegan a 70. Aunque advirtieron que solamente se denuncian entre el 4 y el 6 por ciento de los abusos.

A nivel mundial, en agosto de 2014, la Red de Sobrevivientes norteamericana (SNAP, en inglés) entró en una sociedad comunitaria con Story Corps, que desde 2003 venía recopilando más de 50 mil entrevistas con aproximadamente 90 mil participantes. Cada conversación se conserva en el American Folklife Center en la Biblioteca del Congreso de EEUU.

Acuerdos

Tanto en Argentina como en todo el mundo donde se sucedieron estos delitos, la Iglesia avanzó celebrando acuerdos entre las partes. Por ejemplo, en 2013, luego de que la Cámara de Apelaciones de Quilmes ratificase el fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº2, el obispado de esa ciudad tuvo que pagar 155 mil pesos por los abusos cometidos en 2003 por parte de Rubén Pardo.

Luego de los Vatileaks, los acuerdos económicos con los sobrevivientes fueron vistos como formas de pactar por su silencio. Entre sus consecuencias tuvo la quiebra de numerosas arquidiócesis, como, por caso, la de Boston.

 

 

Fuente: Dato Duro