La jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata dispuso hoy la prisión preventiva por 90 días para el cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, el funcionario del Senado entrerriano Juan Pablo Aguilera. La medida fue a pedido de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, quienes llevan adelante la voluminosa causa de los contratos truchos en la Legislatura. Yedro y Aramberry, en realidad, habían solicitado que se lo mantenga en prisión hasta que la causa sea remitida a juicio, entre finales de marzo y principios de abril. Pero la magistrada sólo accedió a aplicarle una restricción de la libertad por 90 días. De ese modo, descartó la petición de los defensores, Marcos Rodríguez Allende y Miguel Cullen, que peticionaron prisión domiciliaria.
También fue enviado a la cárcel el cuñado de Aguilera y funcionario de la Cámara de Diputados, Alejandro Almada, por un plazo de 90 días. En su caso, la jueza Barbagelata atendió al pedido que hicieron los defensores, Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, de permitirle una salida por 10 días, con custodia policial, cuando su mujer, que cursa un embarazo avanzado, dé a luz a su hijo. En cambio, al director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, le aplicó prisión domiciliaria por 90 días. La magistrada consideró que si bien Cardoso estaba al tanto de las contrataciones truchas, no tuvo un rol central, sino que, a pesar de ser jefe de Almada, hubo un cambio de roles en la práctica: Almada estaba al mando y Cardoso era un subordinado suyo en las contrataciones.
Los defensores en ningún momento acordaron con los pedidos de restricción de la libertad planteo por Fiscalía, y anunciaron que recurrirán las prisiones, e hicieron reserva del caso federal.
Sergio Cardoso, Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada.
Detalles
Aguilera es considerado por el Ministerio Público Fiscal como «una de las cabezas» en la pirámide de mandos de la «organización criminal» que se dedicó, en la última década, a sustraer unos $2.000 millones de recursos de la Legislatura entrerriana mediante la confección de contratos laburales truchos, cuya administración estaba en poder de estudios contables externos al Estado, pero que reportan a hombres clave de la política. Se habló, no sin cierta malicia, a la existencia de «El Número 1», a quien no se identificó.
En esa trama de responsables en la cúspide de la pirámide de mandos, también tienen un lugar de privilegio el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, y el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, empleado de Cardoso y cuñado de Aguilera. Estos dos últimos están involucrados, además, en la causa que lleva la Justicia Federal ante la presunta existencia de una mesa de dinero en el Senado entrerriano en la anterior gestión de gobierno. Almada, además, suma una segunda causa en el fuero federal luego de ser detenido, a comienzos de 2018, en un operativo sorpresa en el Acceso Norte a Paraná con casi $370 mil en efectivo cuya procedencia no pudo justificar.
Aguilera, a su vez, irá a juicio en julio próximo por el supuesto desvío de fondos públicos en la contratación de publicidad callejera que hizo el urribarrismo con empresas que se sindican como pertenecientes al cuñado del exgobernador: Tep SRL y Next SRL. Se trata de contrataciones por un volumen de $24 millones.
La trama
En el marco de la investigación de los contratos truchos, la Justicia pidió un detalle de 452 contrataciones de personal efectuadas por la Cámara de Diputados entre el 11 de diciembre de 2011 y hasta septiembre de 2019, y 551 contratos de la Cámara de Senadores, firmados a lo largo de la última década, entre 2008 y 2018, en el maco de la investigación abierta para determinar de qué modo se sustrajeron de los fondos de la Legislatura una suma estimada en $1.235 millones mediante una operación de triangulación a través de “contratos truchos”.
Hasta ahora se hablaba de un mapa hipotético de 350 contratos de personal bajo la lupa de la Justicia. Ahora, se sabe, el número es casi tres veces mayor: 1.003 contratos. Esa información que se solicitó a Diputados y a Senadores, y que ambas cámaras dijeron que van a evacuar, de momento no ha llegado a la Fiscalía.
La causa está caratulada “Beckman Flavia Marcela y otros s/Asociación ilícita y otros”, y en un primer momento llevó a prisión llevó a prisión a cuatro personas: Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo, Hugo Mena y Alfredo Bilbao. Los cuatro con prisión preventiva por cuatro meses. Luego, se sumaron los contadores Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado, y Roberto Ariel Faure.
Según un primer diagnóstico descripto en la apertura de la causa por los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, aquellos cuatros, más Hugo Luna (ya fallecido), María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviana Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra, Roberto Faure, Sergio Cardoso, Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.
El mecanismo descripto incluye “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras (Diputados y Senadores), con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”. Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos 100 contratos aproximadamente, por un promedio de $4.500 cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre pasado, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000” por contrato.
“Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 personas. Los contratos eran firmados, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”, dice el escrito de la Procuración.
Esta detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, Pérez, por el Senado, y Cardoso, por Diputados. Al respecto, mencionaron a Juan Domingo Orabona, director Administrativo Contable del Senado entre 2007 y 2011; Gustavo Pérez, director Administrativo Contable del Senado desde 2011; y Sergio Cardoso, director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados.
Ellos “tenían el manejo de esos caudales públicos ya que, junto con personal autorizado de ambas Cámaras, contaban con la facultad funcional de emitir los cartulares correspondientes al pago mensual de aquellos vínculos y en el último período, de generar la apertura de las cuentas sueldo de los contratistas y las transferencias para el pago de los honorarios”, se expuso.
También se indicó que, luego de los libramientos por parte de los servicios contables, los cheques eran entregados a Mena y Beckman, “quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza”.
En este grupo, se señala a Esteban Angel Alberto Scialocoomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Andrea Noemí Beatriz Demartín, Alejandro Rubén Ferreyra, Viviana Giselle Mena Gioveni, Veronica Caíno, Roberto Ariel Faure, Renato Jesús Mansilla y Hugo Luna.
“A las personas del círculo de confianza que operaban como cobradores de cheques, se los hacía llegar hasta un local comercial ubicado en calle Alem, o posteriormente a la playa de estacionamiento de calle Alem 64 de Paraná o hasta la tómbola ubicada en esa misma arteria al numeral 87”, se puntualizó.
En esos sitios, los sindicados repartían los valores para su cobro, el que se efectivizaba en distintas sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos, preponderanemente en la de la esquina de Urquiza y San Martín, la casa central de Monte Caseros y 25 de Mayo y la sucursal de calle Malvinas.
“Luego de percibidas las respectivas sumas de dinero en el banco, éstas eran entregadas” a las personas sindicadas, quienes “aguardaban en los referidos puntos de entrega y les pagaban a los cobradores alrededor de 200 pesos a cambio de la percepción de cada cheque”.
En la resolución se menciono que en 2017 se bancarizaron algunos de los contratos referidos, especialmente los del Senado, a través de la apertura de cuentas sueldo a los contratados, quienes recibieron las correspondientes tarjetas de débito.
Los plásticos, “pese a ser un instrumento personal, eran retenidos por Beckman, Mena y otras personas de la asociación, previa entrega por parte de sus titulares, para efectuar directamente el cobro de los honorarios en sucursales de diversos puntos del país”.
Posteriormente, el dinero resultante era entregado a Pérez, Cardoso, Bilbao y Alejandro Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera. “Bilbao era quien recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducción de gastos de pagos de impuestos de los contratados y de comisiones. Finalmente, Bilbao se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de éste, hasta diciembre de 2011, a Juan Domingo Orabona, y con posterioridad a Juan Pablo Aguilera, y a otras personas hasta el momento desconocidas”, marcaron los fiscales.
A su vez, la gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos contratistas, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación”.
Los fiscales pudieron determinar que los pagos se efectuaban a través de la terminal Nº 3.472, correspondiente a la sucursal Nº 3.469 de Entre Ríos Servicios, emplazada en el propio Estudio Integral Asesoría de los tres primeros contadores mencionados.
“Dichas tareas, en lugar de ser remuneradas por cada uno de los monotributistas, lo eran a través de la cobranza de contratos de obra suscriptos con la Cámara de Diputados, sin la existencia de vínculo real alguno, extendidos a favor de Krapp, el corredor inmobiliaro Renato Mansilla, los analistas de sistemas Nicolás Beber y María Cecilia Cersofios, estos tres últimos también miembros de Integral Asesoría”.
También se pagaban esas labores con “contratos con la Cámara de Senadores de la Nación en favor de Falco y Mansilla, suscriptos por el senador nacional Pedro Guillermo Guastavino”, indicaron los fiscales.
Según la resolución, Bilbao también se encargaba de “participar del neto de las ganancias ilícitas a Gustavo Pérez y a y Jorge Enrique De Breuil, empleado de planta permanente del Senado de la provincia y contratado como personal transitorio del Senado de la Nación por Guastavino, de una parte del dinero resultante”.
“Los tres -sostuvieron los fiscales- aplicaron el dinero sustraído para disimular su origen ilícito en diferentes invesiones inmobiliarias y agricolo-ganaderas”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.