“Otra vez el dolor, la bronca y la impotencia. No es sensación, es la certeza de lo injusto, lo aberrante”.
De ese modo se expresó el departamento de Género y Violencia de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) respecto del abuso que habría cometido un grupo de policías sobre dos nenas, de 13 y 14 años, alojadas en la residencia socioeducativa Mujercitas, que depende del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia.
“Dos niñas que estaban en una institución porque su estado es de fragilidad, vulnerabilidad, pobreza, abandono, maltrato, todo junto o alguna de esas cosas”, identifican desde ATE.
“La intervención del Estado, a través del Copnaf, fue ingresarlas a una residencia socio-educativa (lo que se conoce como hogares) para ´protegerlas´, para ver en el mientras tanto de la situación, qué hacer, cómo intervenir, cómo recuperar vínculos o crearlos. Estos lugares son abiertos y las niñas-adolescentes entran y salen y el personal las busca y reingresa. Porque además son niñas-adolescentes con todo lo igual que tienen con todas las adolescentes. Lo diferente es lo vulnerable que son y están. Y que la vuelta no es una vuelta a casa con papa-mama-familia que contenga, sino a una institución.”
Después, del diagnóstico desde ATE plantean las demandas. “Los trabajadores del Copnaf hace años denunciamos la política clientelar y de abandono que impusieron las últimas dos gestiones –en referencia a Raúl y Mercedes Solanas, padre e hija, NdelR–, tan íntimamente vinculadas por lo familiar, por lo político y por las matrices de pensamiento que sostuvieron”.
Esas gestiones, Raúl y Mercedes Solanas, los titulares del Copnaf durante la última gestión de Sergio Urribarri como gobernador, dicen en el sindicato de los estatales, causó “daño sobre toda la población” que “debía proteger y para quien tenía que implementar una política de niñez articulada, preventiva de capacitación y promoción. También fue notorio y distintivo de estas gestiones la falta de condiciones laborales dignas para los trabajadores y carencia de personal para abordar la complejidad social actual”.
“En este caso la ignominia se multiplica infinitamente; no es sólo la falla de un Estado o de una institución, sino que los victimarios son funcionarios de la fuerza pública garante del cumplimiento de la ley, miembros de la fuerza que debería haber auxiliado o protegido a estas niñas pero no, eligieron convertirse en facinerosos sin límite alguno. Es muy necesario que en esta hora expresemos sin titubeos que son merecedores de condena y repudio social”, señaló ATE.
Y agrega el documento del área Género y Violencia del gremio: “Una vez más somos las mujeres las víctimas. Mujeres niñas y niñas que ya son víctimas de un sistema. ¿Qué clase de sujetos son los que pueden hacer esto? Sólo los que sienten que con las mujeres pueden hacer lo que se les ocurra, los que creen que con la fuerza y el poder es posible someter, abusar y salir impunes, nos aflora como una respuesta que nos lacera y lastima”.
Y en ese marco, reclamaron “justicia y castigo en nombre de estas niñas y de todas las mujeres que somos víctimas de un sistema que nos somete y nos abusa y mata e instala sobre nosotras a veces la sospecha de si somos ´culpables´ de lo que nos pasó o pasa”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.