La audiencia de apelación de la causa coimas en la que fue sobreseído el exgobernador y exembajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, terminó en escándalo cuando un grupo de militantes de «Justicia Independiente» escrachó a abogados defensores.
El caso en cuestión es en el que se investigó el presunto pago de coimas por parte de firmas contratistas con el Estado propiedad del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.
La audiencia comenzó pasadas las 9 de la mañana y, desde el principio, se observó una peculiar concurrencia pública, que no es habitual a pesar de que cualquier ciudadano puede asistir a presenciarlas -a menos aquellas en las que se tratan cuestiones sensibles como abusos-. Unas 12 personas mostraron interés por escuchar las posturas de la Fiscalía y los defensores ante el juez de Juicios y Apelaciones Elbio Garzón.
En la audiencia estuvieron la fiscal Coordinadora Matilde Federik, el fiscal Gonzalo Badano; y los defensores Raúl Barrandeguy (por Urribarri), José Candelario Pérez (por Ulrich), Juan Méndez (por Ulrich y Haidar), Miguel Ángel Cullen (codefensor de Urribarri), Ignacio Díaz (por Cardona Herreros), José Velázquez (defensor de Cardona Herreros) y Cristian Panceri (por Guillermo Smaldone).
Una vez dentro, el magistrado advirtió a los presentes que durante la audiencia debían guardar silencio y apagar los celulares, para no entorpecer el normal desarrollo del trámite. La regla no se siguió a pie y juntillas, ya que en varias ocasiones se oyeron comentarios de desaprobación cuando exponía un abogado defensor, o aprobación cuando uno de los fiscales daba cuenta de las evidencias de coimas halladas durante la investigación.
En un momento, cuando exponía el abogado Miguel Ángel Cullen, los manifestantes abuchearon una expresión en defensa de Urribarri. Esa conducta motivó la intervención del juez Garzón, quien hizo la advertencia de rigor: si continuaban con esa actitud iba a ordenar el desalojo de la sala. Los militantes guardaron silencio y la audiencia continuó.
Sin embargo, cuando el juez dio por terminada la audiencia los manifestantes sacaron carteles con el rostro de la destituida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, al grito de «¡Urribarri preso ya!», «¡Urribarri corrupto!» y exigieron se la restituya en el cargo a la exfuncionaria removida tras un jury.
Rápidamente agentes de policías de Tribunales desalojaron de la sala a los manifestantes, pero el escándalo continuó en el pasillo. Exhibiendo cartelería, los militantes de «Justicia Independiente» escracharon a los abogados defensores que se retiraban del edificio. Los letrados no salían de su sorpresa por la situación. «Esto es una barbaridad», le dijo Miguel Ángel Cullen a Entre Ríos Ahora.
La persecusión continuó por calle Laprida, donde los abogados José Candelario Pérez, Raúl Barrandeguy y Juan Méndez debieron soportar a los manifestantes por más de una cuadra.
El caso en discusión
En la audiencia de este viernes, los fiscales Federik y Badano solicitaron al juez Garzón que revoque una resolución del 3 de mayo, firmada por el juez de Garantías Mauricio Mayer, mediante la cual se dictó el sobreseimiento de Urribarri, el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; y Carlos Haidar, director de Informativa de la Provincia.
El magistrado basó su decisión en que la Fiscalía violó el artículo 223 del Código Procesal Penal de la provincia, al no pedir prórroga para seguir investigando. También basó esa interpretación en el fallo «Cozzi» de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del 6 de diciembre de 2021 en el que se consideró que los plazos son perentorios, es decir que vencen, y se benefició con el sobreseimiento en una causa por retención de salarios a empleados legislativos a Juan Alfonso Blasón Lorenzatto, excolaborador del exdiputado radical Ricardo Troncoso. Bajo ese mismo fallo fue sobreseído recientemente el exlegislador.
Hoy, la fiscal Federik remarcó que el fallo viola la Constitución nacional y fallos de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo. Y remarcó que los plazos no son perentorios, sino ordenatorios. «La sentencia de Mayer realiza una interpretación inadmisible», señaló y agregó que es «contraria al diseño constitucional y a fallos del máximo tribunal nacional».
«Los plazos de la investigación penal preparatoria son ordenatorios, porque tiene por fin organizar el proceso», sostuvo al cuestionar que se entienda que los plazos para investigar son perentorios. Más adelante, remarcó que el «fallo Cozzi se opone a doctrina de la Corte» y que «no tiene respaldo legal».
«Estamos convencidos de que la Corte va a revocar el fallo Cozzi. Mientras tanto, vamos a seguir buscando jueces probos que respeten la Constitución», esgrimió.
Por su parte, el fiscal Badano explicó que la causa no estuvo paralizada durante 23 meses, como señaló el juez Mayer, y dio cuenta de una minuta en la que enumeró los diferentes movimientos de la causa, con pedidos de informes, oficios y allanamientos desde que el caso se abrió.
A su tiempo, uno a uno los defensores pidieron que se confirme el fallo de Mayer, destacándolo como acertado al entender que los plazos para investigar se habían vencido; y que fue «ineficaz» el trabajo de la Fiscalía durante la investigación penal preparatoria.
«La Fiscalía hace un análisis parcial. Mayer sostuvo en febrero de 2021 que tenían 3 meses para que la causa sea elevada a juicio y los fiscales de entonces, Gonzalo Badano y Patricia Yedro, no manifestaron oposición», señaló Juan Méndez.
El abogado Candelario Pérez, en tanto, dijo que los fiscales «nunca respetaron el artículo 223 del Código Procesal Penal. Nunca pidieron prórroga». Y añadió que se limitaron a recabar información en grandes proporciones, pero cuyo contenido no era «relevante». «La labor de los fiscales no la desconozco, lo que digo es que son ineficaces», lanzó.
Más adelante, Cullen planteó que el fallo de Mayer fue valiente, puesto que «cumple con la función de un juez de Garantías». «La Fiscalía no sólo no cumple con el artículo 223, sino que tampoco con el plazo de 3 meses para concluir la investigación que fijó Mayer y que fue consentido por las partes», recordó, en referencia al plazo dado en una audiencia celebrada el 23 de febrero de 2021.
Asimismo, el letrado destacó otros fallos dictados recientementes por la violación del plazo razonable, como el del juez José Eduardo Ruhl, que sobreseyó a Luis Erbes, funcionarios de Economía, de una causa por presunto erniquecimiento ilícito; o la decisión de la jueza Paola Firpo, que sobreseyó al exlegislador Troncoso en una causa por supuesto peculado. «Hay muchos jueces que se animan», valoró Cullen.
Por su parte, Barrandeguy manifestó que la Fiscalía recabó información durante 2 años «que no servía para nada». «No creo que la Corte se expida en contra», dijo luego en respuesta a la fiscal Federik, que pone esperanzas en el máximo tribunal nacional para revertir el fallo ‘Cozzi’.
También se dirigió al público presente y les dijo que los medios los influencian «con veneno» para descalificar a los imputados. «Para vivir en un mundo sin corrupción, necesitamos un mundo de garantías», esgrimió enseguida, al destacar el fallo de Mayer y solicitar que sea confirmado.
Los abogados Ignacio Díaz y José Velázquez, defensores del empresario Cardona Herreros; y Hernán Panceri, defensor del exministro de Trabajo Guillermo Smaldone, no pudieron tomar la palabra ya que el fallo de Mayer no alcanzó a sus clientes. Los letrados pretendían que el mismo sea haga extensivo a sus pupilos, para así intervenir en la instancia de apelación. El juez Gazón consideró que no podían participar de esta instancia.
Tras oír a las partes, el juez abrió un cuarto intermedio para analizar la voluminosa documental aportada por fiscales y defensores.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.