Una religiosa del Colegio Castro Barros San José, de Lucas González, ratificó ayer en la Justicia la denuncia que había hecho a finales de octubre ante el defensor oficial, Oscar Rossi, contra el cura Juan Diego Escobar Gaviria.

Se trata de una de las dos religiosas de la congregación Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros, que acudieron a la Justicia de Nogoyá no bien se enteraron de la situación vivida por un nene de 11 años, exmonaguillo de la Parroquia San Lucas Evangelista, de Lucas González.

Escobar Gaviria, miembro de la Asociación Clerical Cruzada del Espíritu Santo, está incardinado en la diócesis de Paraná desde 2005. Ese año, la Iglesia lo destinó como párroco a Lucas González, adonde estuvo cumpliendo esa misión hasta el 27 de octubre último, cuando fue suspendido por disposición del arzobispo Juan Alberto Puiggari.

Aunque el cura carga sobre sus espaldas con tres denuncias por abuso, las causas se tramitan en forma separada de momento en la Unidad Fiscal de Nogoyá. El caso del nene de 11 años lo lleva adelante el fiscal Rodrigo Molina, quien ayer escuchó la ratificación de la denuncia por parte de la monja.

Se trata de la representante legal del Colegio Castro Barros San José de Lucas González, Marta Carrizo. No asistió, en cambio, la superiora general de la orden, Marta Jacob, quien reside en Córdoba, y había acompañado la primera denuncia.

A la audiencia asistieron los defensores del sacerdote, Milton Urrutia y Juan Pablo Temón.

Cuando el caso tomó estado público, la religiosa contó a través de una carta que luego de recibir “los dichos de un alumno”, “asumieron la inmediata responsabilidad de notificar dicha circunstancia a las autoridades civiles, teniendo en cuenta las obligaciones derivadas del cuidado de los menores de edad a cargo”.

Y agregó que “en modo alguno, esas acciones tenían la intención de juzgar o anticipar el resultado de las razonables y necesarias investigaciones”. También dijo Carrizo que espera que “las autoridades eclesiásticas y civiles lleven a buen puerto la aclaración de los hechos, por el bien de las personas involucradas y nuestra iglesia local y Arquidiocesana”.

En realidad, la monja primero notificó del hecho Puiggari, y éste le encomendó ir a la Justicia.

“Apenas se conocieron dichas versiones (en relación a la denuncia de las monjas, notificó Puiggari el lunes 30), el pasado 27 de octubre, el Arzobispo dio indicaciones para que den inicio las investigaciones preliminares, según lo expresa el Código de Derecho Canónico en el canon nº 1717, reguladas por las normas de Gravioribus Delictis”.

“Como medida cautelar, el sacerdote involucrado, fue separado en esa fecha de la atención pastoral de la comunidad y se le ha impedido el ejercicio público del ministerio, según lo determina el Derecho Canónico, hasta que el proceso investigatorio culmine”, señaló la curia.

En este momento, Escobar Gaviria reside en Oro Verde, por disposición de la Justicia, y sin poder alejarse de esa ciudad. Tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, debe notificar su paradero en la Policía.

En tanto, la Justicia sigue tramitando las causas.
La Unidad Fiscal de Nogoyá tiene tres legajos con el nombre Escobar Gaviria. El primero, caratulado “Señor Defensor Oficial s/Presentación”, que tiene que ver con la primera víctima, un nene de 11 años; a ese se agregaron otros dos: “Juan Diego Escobar Gaviria s/Abuso Sexual” y “Juan Diego Escobar Gaviria s/Promoción a la corrupción agravada de menores”.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.