El juicio por el supuesto desvío de fondos públicos que se le sigue al extitular de la Dirección Provincial de Vialidad, Jorge Rodríguez; al ex subdirector de Mantenimiento y Suministros, Néstor Kemerer y el exdirector de esa área, Mario Heyde, entró en la fase final. Este miércoles, el Tribunal integrado por Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel, y Daniel Malatesta, escuchó a los últimos cuatro testigos del caso y a uno de los acusados, que realizó una ampliación de su declaración de imputado.

En el debate, que inició el 14 de mayo, la Fiscalía acusó a los tres imputados de haber desviado fondos de Vialidad para la creación de la Escuela Pública de Gestión Privada Nº 235 Heraclia Ruiz Díaz, de Paraná, violando la Ley de Vialidad Nº 2.936. Reprochan que para tal fin se hayan usado $3 millones para el pago de sueldos docentes y $1 millón para obras de refacción. En tanto, los abogados defensores sostienen que no existe delito, ya que el proyecto contó con el aval del Consejo General de Educación (CGE).

La jornada de este miércoles arrancó con la declaración de cuatro padres convocados por el abogado Javier Martínez, que defiende a Kemerer y Heyde. Los testigos contaron cómo funciona la Unión de Padres, cómo se llegó a la creación de la escuela y relataron de sus trabajos para reacondicionar el lugar donde funciona el establecimiento educativo.

Tras esos testimonios, que no aportaron demasiado al debate, Kemerer hizo uso de su derecho a ampliar su declaración ante el Tribunal que los juzga, respondiendo preguntas de la Fiscalía y los defensores. En primer lugar, el dirigente del Sindicato Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) refirió que la idea de crear la Escuela Heraclia Ruiz Díaz –denominada así en homenaje a su madre- fue de los padres del jardín maternal Los Vialcitos.

En tanto, ante las preguntas de los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa, el dirigente sostuvo en todo momento que la asociación civil Los Viales surgió como una respuesta a un requisito del Consejo General de Educación (CGE) para administrar la escuela y que todos sus actos fueron realizados tras consultar a asesores legales.

Sin embargo, el acusado no pudo dar explicaciones cuando se le preguntó por qué existen contratos de docentes antedatados. Se trata de los contratos fechados en febrero de 2014 celebrados por la asociación civil, que presidía y que fue creada el 4 de agosto de ese año, es decir, seis meses después.

La defensa de Kemerer

Kemerer comenzó su ampliación de declaración comentando que en el proyecto inicial se fijó que la escuela iba a funcionar en donde se encontraba la Escuela de Educación Técnica (EET) N° 21 Libertador General San Martín, que en 2014 estaba en los talleres de Vialidad (ubicados sobre calle Brasil), pero que luego se cambió de sitio y se eligió un depósito abandonado de la Dirección a su cargo.

Luego, sostuvo que para administrar la escuela, el CGE requirió la creación de una asociación civil y que así llegaron a conformar la Asociación Civil Los Viales, en la que quedó como presidente. En ese marco, manifestó que la organización surgió con el fin de encuadrar en la normativa 240 del organismo educativo, que establece qué personas jurídicas pueden estar a cargo de una institución educativa.

En ese sentido, precisó que la asociación fue creada formalmente en agosto de 2014 y que el trámite se llevó a cabo en la oficina del entonces titular de Vialidad, Jorge Rodríguez.

A su vez, manifestó que el CGE también les requirió que realicen un comodato del lugar donde estaba funcionando la escuela y que por ello firmó el contrato por el cual la asociación civil pasó a controlar el predio de la escuela por 20 años.

Más adelante, Kemerer recordó que en abril de 2014 la directora de la Escuela Heraclia Ruiz Díaz, Graciela Bergna, le informó que el CGE había resuelto incorporar a la institución a la enseñanza oficial y que la resolución le fue entregada por una autoridad del CGE el 5 de octubre de ese año, en un festejo por el día del trabajador vial.

Enseguida, refirió que cerca de fin de año el Tribunal de Cuentas solicitó datos de la creación de la escuela y que respondieron a través del Departamento Legal de Vialidad. Además, afirmó que la personería jurídica de la asociación civil le fue otorgada en abril de 2015, pero que hasta entonces la escuela seguía sin tener el reconocimiento económico del CGE, motivo por lo cual Vialidad siguió pagando los salarios de los docentes.

“A partir del 1° de enero de 2016 la escuela ya era manejada por la asociación civil y los sueldos dejan de ser percibidos por los docentes a través de Vialidad”, detalló.

Más adelante, la fiscal Yedro le preguntó quién dispuso que la escuela funcione dentro del ámbito de la Dirección de Mantenimiento y Suministro, a lo que el acusado respondió que lo determinó la directora de la escuela, Graciela Bergna.

Luego respondió de manera insólita ante la pregunta sobre quién resolvió que los docentes fueran pagados con contratos celebrados en el ámbito de la dirección a su cargo. “Eso no sé, porque no es mi área”, le respondió Kemerer a la fiscal.

—¿No es su área? —preguntó sorprendida la acusadora pública.

—Sí…son 208 o 250 empleados, yo no determino quién lo toma o no.

Yedro también preguntó si había celebrado algún contrato con los docentes en su carácter de presidente de la asociación civil, a lo que Kemerer respondió: “La parte legal nos dijo que teníamos que hacer ese contrato”.

—¿Y por qué motivo se le puso fecha antedatada?

—Yo no hice ese contrato. Sólo firmé —se atajó Kemerer.

Los fiscales también le preguntaron si el comodato a 20 años firmado con la asociación civil fue una exigencia del CGE y, si lo fue, en qué documento quedó plasmado. Al respecto, Kemerer no varió el tenor de su respuesta: “A mí me dijo la parte legal que teníamos que tener un comodato”.

Luego el fiscal Cánepa quiso saber si la directora Graciela Bergna tenía algún tipo de poder de decisión especial ya que, según sus palabras, fue quien determinó que la escuela funcione en un sector de la Dirección de Mantenimiento y Suministros.

Kemerer respondió que la idea de la escuela nació de los papás viales, y que la directora Bergna se involucró en el proyecto a través de su hermana, que dirigía el jardín maternal Los Vialcitos.

“La directora del jardincito es hermana de Bergna. Ahí viene la relación. Se ve que ha tenido conversaciones con la hermana. Vino a verme un día y me dijo que ella estaba haciendo un proyecto, basado siempre en que la Escuela 21 era el único lugar disponible para hacer la escuela”, afirmó.

Su declaración finalizó con las preguntas del abogado Miguel Ángel Cullen, que defiende a Rodríguez. Como lo hizo en el primer día del juicio, Kemerer recordó que la apertura del ciclo lectivo 2014 se realizó en la escuela Heraclia Ruiz Díaz y que al acto asistieron diferentes funcionarios, entre ellos Claudia Vallori, entonces titular del CGE; el entonces ministro de Educación, José Eduardo Lauritt; el secretario general del sindicato de los viales, Juan Carlos Lallana, entre otros.

—¿Usted sabe por qué fue traído a juicio? — dijo Cullen para finalizar.

—La verdad, no —cerró Kemerer.

Tras la declaración de Kemerer, Cullen solicitó al Tribunal que se realice una inspección ocular en el establecimiento; mientras que la Fiscalía se opuso bajo el argumento de que en el expediente se anexaron fotografías que dan cuenta de dónde y cómo está la escuela de Vialidad. Tras unos minutos de deliberación, el Tribunal rechazó la solicitud del abogado defensor.

El juicio continuará este jueves, con la ampliación de la declaración el extitular de Vialidad, Jorge Rodríguez. También se espera que se incorpore como prueba la respuesta escrita del intendente de Concepción del Uruguay y exministro de Educación, José Lauritto. De este modo, el lunes que viene se llevarán a cabo los alegatos de clausura del juicio.

 

 

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.