Los padres y docentes de la Escuela Privada Nº 235 Heraclia Ruiz Díaz, de Paraná, están preocupados por el futuro de la institución. Y es que la creación de la escuela está siendo cuestionada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) que imputó por el supuesto delito de peculado al exdirector de Vialidad Provincial, Jorge Rodríguez; a Néstor Kemerer, actual director subadministrador del DPV; y a Mario Heyde, ex director de Suministros de Vialidad. Sobre los tres recae una dura acusación con pedidos de condena que van de 7 a 4 años de prisión. El delito que se les endilga es el de haber utilizado fondos de Vialidad para la construcción de la escuela con contenidos de formación vial y la cesión por 20 años de un terreno para su funcionamiento.
El caso fue elevado a juicio oral y público por el juez de Garantías N°2 Eduardo Ruhl en una audiencia el pasado 17 de febrero. En aquella oportunidad, los abogados de los funcionarios pidieron que sus defendidos sean sobreseídos, pero el magistrado se declaró incompetente e hizo lugar a la solicitud de la fiscalía para elevar la causa a juicio. Esa decisión no conformó a los letrados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli (abogados de Rodríguez) y a Javier Martínez (representante legal de Kemerer y Heyde). Primero presentaron un recurso de apelación pero les fue rechazado por el propio Ruhl, ahora formularon un recurso de queja ante la Cámara Penal, para que se revise lo resuelto por el juez de Garantías. De no obtener resultados favorables, agotarían todas las herramientas procesales para que la causa no llegue a juicio.
El abogado Javier Martínez explicó a Entre Ríos Ahora que luego de que Ruhl se declarase incompetente para dictar el sobreseimiento, “presentamos la apelación porque consideramos que va en contra del procedimiento y luego el mismo juez nos rechaza la apelación porque dice que es inapelable”.
Para el letrado, Ruhl cometió un error grave y su decisión debe ser revisada por un juez superior. “Ahora nos fuimos en queja, que es un recurso que se presenta a un superior del juez de Garantías que es un vocal de Cámara Penal para que trate el tema y ahí resuelva si la apelación corresponde”, señaló.
El abogado de Kemerer y Heyde aseguró que el magistrado no aplicó correctamente el Código Procesal Penal que “establece que el juez tiene que resolver si lo sobreseen o no, no puede declararse incompetente. “El nuestro no es un delito, entonces el juez de Garantías no puede decir ‘no me voy a meter’”, agregó. Ante una eventual resolución en contra, avisó, “iremos hasta la Cámara de Casación”.
Al igual que lo hizo durante la audiencia del 17 de febrero, cuando el caso se elevó a juicio, Martínez volvió a cuestionar la acusación de las fiscales Patricia Yedro y Carolina Castagno, que piden 7 años de prisión para Rodríguez y Kemerer y cuatro para Heyde por el presunto delito de peculado.
Sobre la acusación, Martínez dijo que “los hechos que la fiscalía describe como ilegales no son ilegales, son legales. No son delitos. La fiscalía debe poner en las acusaciones los hechos que signifiquen delitos”.
“El planteo que le hacemos al juez de Garantías es que analice los hechos que la fiscalía dice que son delitos bajo las normas administrativas, laborales y del Consejo General de Educación. Lo que hicieron ellos no es delito”, insistió Martínez, uno de los tres abogados que defiende a los funcionarios de Vialidad.
En relación a la construcción de la escuela, dijo que “todo el proceso estuvo promovido y acompañado por el Consejo General de Educación, no fue un acto propio que ellos hicieron por su cuenta”.
En esa línea, criticó el planteo de la fiscalía, que asegura que se violó la Ley de creación de Vialidad, la Nº 2.936, que establece que el organismo debe ocuparse de la construcción y mantenimiento de los caminos y rutas de la provincia. “Vialidad no sólo se maneja con la Ley de Vialidad; también tiene obligaciones como empleador, esas obligaciones están en el Convenio Colectivo de Trabajo, donde ahí tienen facultades para llevar adelante el jardín maternal y jardín de cuatro y cinco años. También, están las normas propias del derecho administrativo en cuanto al bien común respecto a una educación con contenido vial”, afirmó el abogado de Kemerer y Heyde.
Informe del Tribunal de Cuentas
El 5 de marzo de 2015, un informe del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, realizado por la asesora jurídica del organismo, Nanci Vinagre, destacó varias irregularidades en la creación de la escuela vial. “La DPV no posee conforme su ley orgánica ninguna función que justifique o legitime la disposición de fondos y de bienes (comodato de inmueble) a favor de una institución privada como lo es la escuela Heraclia Ruiz Díaz”, dijo en esa oportunidad la abogada del organismo de control.
Consultado al respecto, Martínez dijo que “Vinagre hace todo el desarrollo a partir de decir que Vialidad puso una escuela privada como para hacer un negocio, y eso fue un error de escritura de los funcionarios porque en ningún momento es una escuela privada. Ese dictamen está enfocado a una escuela exclusivamente privada, con un agregado final que ella dice que distinto será el caso si la escuela fuera pública”.
El letrado aseguró que la escuela no es privada, sino que es pública de gestión privada y reiteró que ello fue aprobado por el Consejo General de Educación (CGE). Además, indicó que sus defendidos, Kemerer y Heyde, explicaron esa diferencia durante la etapa de indagatoria, pero que aun así la fiscalía insistió con la acusación.
Terreno del DPV en comodato
La fiscalía también acusa a Kemerer, en representación de la Asociación Civil Los Viales, y a Heyde, de haber celebrado un contrato de comodato por el cual el DPV cedió –por 20 años- a la asociación civil el predio donde funciona la escuela, consistente en una porción de terreno de 150 metros cuadrados cubiertos, ubicado sobre calle Saraví, entre Brasil y J M Esquiú de Paraná, dentro del predio de la Dirección de Mantenimiento y Suministro, Departamento Almacenes de la DPV, sin observar el procedimiento previsto en la Ley de Contabilidad Pública.
En cuanto a esa acusación, el abogado explicó: “Mi cliente Heyde firmó un comodato, que es un prestamos del espacio a la escuela, por pedido del Consejo General de Educación”.
“El comodato es un acto de administración de préstamo gratuito. Es tradicional que el Estado dé en comodato a asociaciones civiles, entre ellos los clubes, espacios para que los usen. Ese contrato no exige ninguna ley, y la fiscal acusa a mi cliente que hizo ese acto sin tener la autorización del artículo N° 55 de la Ley de Contabilidad, y esa ley habla de actos de disposición, que es la venta”, fundamentó.
Sobre ese punto, Martínez se preguntó: “Cómo la fiscalía va a aplicarle una obligación para la venta cuando está firmando un comodato. Esto es una posición que ni siquiera supera un examen universitario”, sentenció.
Claves
La escuela Nº 235 “Heraclia Ruiz Díaz”, creada en 2014, se encuentra ubicada en un predio perteneciente a la Dirección Provincial de Vialidad, en calle Brasil Nº 1050, a una cuadra de la terminal de ómnibus de Paraná, justo detrás de la Escuela República de Chile.
La titularidad de la institución educativa corresponde a la Asociación Civil y Cultural Los Viales, cuya comisión directiva integraba Rodríguez (era secretario) y presidía el entonces Director de Mantenimiento y Suministro, Néstor Kemerer.
La causa penal se inició tras la demanda presentada a fines de septiembre de 2015 por los diputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná, mandato cumplido) y Jorge Monge (UCR-Diamante, integrante ahora del bloque Cambiemos), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira. La acción se llevó a cabo tras la publicación de la investigación periodística de Jorge Riani, de la revista “Análisis”.
En el juicio se espera que desfilen una gran cantidad de testigos ofrecidos por las dos partes, entre los que resaltan la comisión de padres de la escuelita, el ex ministro de Educación, José Lauritto; el ex titular de Vialidad, Juan Carlos Lallana; y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
Especial para Entre Ríos Ahora.