En la primera jornada del juicio oral que se inició este lunes 14, el extitular de Vialidad Provincial, Jorge Rodríguez, defendió la creación de la Escuela Pública de Gestión Privada, Nº 235 Heraclia Ruiz Díaz, de Paraná, con fondos del organismo. “Estoy orgulloso de haber creado esa escuela”, dijo ante el tribunal que los juzga, integrado por los camaristas Gervasio Pablo Labriola, Gustavo Román Pimentel y Daniel Julián Antonio Malatesta.

En el juicio también están siendo juzgados por el supuesto delito de peculado, Néstor Kemerer y Mario Heyde, actual director subadministrador del DPV, y ex director de esa área, respectivamente. La acusación de la Fiscalía, a cargo de Alejandro Cánepa y Patricia Yedro, es que los tres imputados sustrajeron fondos públicos del Estado para destinarlo a un proyecto que no es de la incumbencia del organismo encargado de las rutas y caminos.

Tras los alegatos de apertura de la Fiscalía y los abogados defensores, Rodríguez hizo uso de su derecho a comparecer ante el Tribunal y responder preguntas de las partes. En primer lugar, explicó cómo se llegó al proyecto de creación de la escuela pública de gestión privada y remarcó que en todo momento recibieron el apoyo y aval del Consejo General de Educación (CGE).

Mencionó que se dieron dos factores: en primer lugar, que la ley nacional de tránsito N° 24.449, en el artículo 9°, “habla expresamente de incluir la educación vial en las escuelas y en los distintos organismo”; y en segundo término que fue una idea que fue surgiendo en el diálogo con los trabajadores viales.

Recordó que en el año 2009, en acuerdo con los trabajadores, inauguran un jardín maternal para los niños desde los 40 días de vida; y que más tarde, 15 padres le entregaron una nota solicitando que amplíe la escuela para chicos más grandes.

En ese marco, Rodríguez contó que acudió al Consejo General de Educación en julio de 2013, a fin de que se lo asesore para crear una escuela de nivel primario y secundario. “Nos pidieron que hiciéramos una nota pidiendo un permiso para la escuela y que presentemos un proyecto educativo. El proyecto fue presentado el 17 de octubre de 2013”, precisó.

En ese sentido, afirmó que las autoridades del CGE vieron con beneplácito el proyecto ya que “tenían serios problemas de bancos en las escuelas adyacentes a Vialidad”. “Esto le permitió al Consejo y, por lo tanto al Gobierno provincial, solucionar el problema”, acotó.

Luego, detalló que el 28 de noviembre de 2013 el CGE le informó del visto bueno para crear la escuela y que la misma debía abrir sus puertas en 2014. “Teníamos menos de tres meses para acondicionar todo. No teníamos maestras, no teníamos alumnos, ni lugar físico. Tampoco el mobiliario. Era un verdadero desafío. Igualmente nos pusimos en campaña entre los padres, entre algunos funcionarios y posteriormente con las maestras”, comentó.

El extitular de Vialidad remarcó que el CGE guió cada paso de Vialidad en la puesta en marcha de la escuela. “Todo era consensuado con el Consejo. Ellos nos comunicaban los pasos a seguir y nosotros seguíamos a rajatabla”, asentó.

Uno de los reproches de la Fiscalía es que el pago de salarios de los maestros se realizó de un modo “oculto”, haciendo figurar a los docentes como empleados viales. Sobre ese punto, Rodríguez justificó que el CGE “había asignado la escuela pero sin la partida para los maestros” y por ello decidieron “pagar a través de Vialidad”.

“Formamos pare del mismo Gobierno. El CGE le paga a los maestros sus sueldos; Vialidad tenía la posibilidad de designar 347 cargos públicos, de los cuales autorizamos 6 para que den clases”, argumentó.

Asimismo, también precisó que ante la falta de lugar físico para dictar clases se refuncionalizaron galpones en desuso y que para ello se llamó a licitación pública, con el correspondiente cotejo de precios.

En otro momento de su alocución, el exfuncionario detalló que el CGE solicitó que el organismo cree una asociación que administre la escuela. Y que de ese modo nació la Asociación Civil los Viales, a la cual se le dio en comodato por 20 años el predio donde funciona la escuela, consistente en una porción de terreno de 150 metros cuadrados cubiertos, ubicado sobre calle Saraví, entre Brasil y JM Esquiú de Paraná, dentro del predio de la Dirección de Mantenimiento y Suministro, de Vialidad.

Acerca de los informes Tribunal de Cuentas

El rol del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos también fue parte del descargo del exfuncionario. Rodríguez dijo que todos los informes fueron contestados, y que “en ningún momento tuvimos un castigo”.

No obstante, cuestionó que la auditora del organismo, Nancy Vinagre, quien elaboró un crítico informe en marzo de 2015, haya consignado que la escuela sea privada, cuando es pública de gestión privada.

También defendió la firma del comodato a favor de la asociación civil Los Viales. Según comentó, este contrato era común durante su gestión. “Son prestamos gratuitos donde Vialidad no pierde la posesión, que se hacen siempre y cuando tengan un bien público. Nosotros entregamos algunos predios a algunas instituciones como clubes y comisiones vecinales”, explicó.

En ese marco, cuestionó que el organismo de control no haya observado que la misma acción que fue cuestionada hace algunos años, ahora no lo sea. “El sector que refuncionalizamos se lo entregamos en comodato a la escuela. Hoy no tiene sentido porque la escuela pasó a otro sector también de Vialidad y también se hizo un comodato con las nuevas autoridades. El Tribunal de Cuentas no dijo ‘A’ del mismo comodato. Vialidad sigue utilizando dineros públicos para pintarla, para refuncionalizarla y el Tribunal de Cuenta no dice nada”, dijo y se preguntó: “¿Entonces, dónde está la igualdad en estas cuestiones?

“Hoy tenemos a la mejor escuela de Paraná. Como no voy a estar orgulloso. Creo que fue una muy buena decisión”, finalizó.

Luego, ante las preguntas de sus defensores, comentó que cuando crearon la escuela recibió el respaldo de la extitular del CGE, Claudia Vallori; y los entonces ministros de Educación y Planificación, José Eduardo Lauritto y Javier García, respectivamente. “Fue totalmente apoyado por el gobierno provincial”, afirmó.

La Fiscalía pide 7 años de prisión para Rodríguez

El alegato de apertura del juicio estuvo a cargo de la fiscal Patricia Yedro, que es acompañada por Alejandro Cánepa. La representante del Ministerio Público Fiscal explicó que en el juicio demostrarán que Rodríguez, Kemerer y Heyde sustrajeron fondos públicos y lo destinaron a la construcción de la escuela violando la ley de Vialidad, Nº 2.936. Además, precisó que el organismo gastó 3 millones de pesos en personal docente, que figuraban como empleados viales; y cerca de un millón de pesos en obras de refacción y construcción del edificio escolar.

También sostuvo que demostrarán que Kemerer, representando a la Asociación Civil Los Viales y actuando en connivencia con Rodríguez y con Heyde, “sin observar el procedimiento previsto la Ley de Contabilidad Pública, celebraron un contrato de comodato por el cual DPV le cedió a la Asociación Civil el predio donde funciona la escuela”.

La fiscal aclaró que desde el Ministerio Público Fiscal “no se cuestiona la existencia de la escuela ni el derecho de los trabajadores viales de contar con un establecimiento para los niños; lo reprochable es la afectación de 3 millones de pesos de Vialidad”.

En ese marco, recordó que solicitan una pena de 7 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, para Rodríguez y Kemerer; y 4 años de prisión, más la inhabilitación absoluta perpetua, para Heyde.

A su tiempo, el abogado de Rodríguez, Miguel Ángel Cullen, cuestionó la acusación de Fiscalía. “No existió absolutamente ninguna actividad que siquiera roce el derecho penal, no existió una sola sustracción de fondos públicos, no salió jamás el dinero de la esfera del ámbito público. Ese dinero era para la realización de una escuela pública”, dijo.

Luego agregó que “se va a probar que la asociación de civil era un requisito exigido por el Consejo General de Educación y que guste a quien le guste es el órgano que determina la política educativa de la provincia”. En el mismo sentido se expresaron la abogada Fernanda Vázquez Pinasco, también defensora de Rodríguez; y Javier Martínez, defensor de Kemerer y Heyde.

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.