La denuncia penal presentada en la Justicia por el incendio que destruyó el viernes 30 de septiembre el salón de música de la Escuela Bernardino Rivadavia no ha registrado, de momento, ningún avance.
Hay una fiscal, Evangelina Santana, que ni siquiera pudo recibir a los padres y a dirigentes del sindicato de los maestros cuando fueron a Tribunales a averiguar qué pasaba con la investigación. En realidad, llegar a esa fiscal, cuenta Claudio Puntel, secretario general de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) fue una odisea: nadie sabía a ciencia cierta en qué oficina había ido a parar la presentación que motorizó el abogado Rubén Pagliotto.
Resuelto el entuerto, entonces, fueron donde la fiscal, pero la fiscal no los atendió a Puntel ni a Maximiliano Vitale, presidente de la cooperadora de la Escuela Rivadavia, que amplió la denuncia. Los recibió un secretario de la fiscal Santana, que redactó un acta.

Las declaraciones públicas del jefe de los Bomberos Zapadores, Roberto Borré, sobre las causas del incendio, generaron dudas y desconfianza en la comunidad educativa de la escuela Bernardino Rivadavia. Es por eso que la querella presentará un perito de parte “que intervendrá sobre las muestras que se tomaron” porque el lugar ya fue modificado, según cuenta un cable de la Agencia de Informaciones Mercosur (AIM).

Puntel se presentó junto a un padre de alumnos de la institución ante el ministerio Público Fiscal para realizar una ampliación de la denuncia tramitada la semana pasada, “porque se está diciendo desde el gobierno que está todo bien y no es así”.

En la nueva presentación, se detalló que en los días posteriores al incendio hubo reuniones de padres con el secretario de Planeamiento, Marcelo Richard; un representante de la empresa Cemyc, llamado Norberto Narcotti y diversas autoridades del Consejo General de Educación (CGE), que garantizaron a los progenitores que las clases se reiniciarían con las condiciones de seguridad adecuadas tanto para los alumnos como para el personal de la escuela, a los fines de garantizar su integridad.
La primera presentación ocurrió luego del incendio del salón de música de la Escuela N° 3 Bernardino Rivadavia, que obligó a evacuar el edificio y mandar a 250 chicos con sus padres.
La presentación judicial se hizo con el patrocinio del abogado Rubén Pagliotto apunta a “formular denuncia criminal contra los funcionarios públicos que resulten responsables, por acción u omisión de los hechos que concluyeron con el incendio producido en las instalaciones de la Escuela Pública Nº 3 Bernardino Rivadavia”.
En la denuncia, se recuerda los innumerables reclamos que habían surgido desde la escuela por el mal estado del edificio. Así, detalla que el 16 de diciembre de 2011 se da inicio ante Dirección Departamental de Escuelas del Consejo General de Educación (CGE) al expediente Nº 1.285.862, solicitando, “con carácter de urgente, las reparaciones necesarias y suficientes para que esa escuela funcione normalmente y los niños y docentes que allí concurren a diario, no corrieran ningún peligro en su salud y bienes”.
Pero el trámite ingresó en el agujero negro de la burocracia. Desde el 12 de julio de 2012, el trámite “no registró un solo avance en casi dos años”. Recién el 1° de septiembre de 2015, y en el marco de las movilizaciones de padres, docentes y alumnos, el trámite se reactivó. Aunque la administración del exgobernador Sergio Urribarri no hizo nada. Recién en abril de 2016, bajo el gobierno de Gustavo Bordet, recuerda la presentación, se llamó a licitación pública.
Pero la licitación no se adjudicaba a pesar de que los meses pasaban. “Nos vimos constreñidos, sin más, ante la pasividad inentendible e inexcusable de las autoridades provinciales, a tener que recurrir a la prensa para comunicar el deterioro cada vez mayor de las instalaciones, como las indignas y antipedagógicas condiciones en que los niños y los docentes debían desarrollar sus actividades cotidianas. Y donde en lugar de poner toda la energía en aprender y enseñar, parte de las mismas estaban volcadas a prevenir que algo malo sucediera, como finalmente sucedió a pesar de las tantísimas y permanentes advertencias que hicimos”, se lee en la presentación judicial.
“Se trató de una tragedia anunciada”, relata el texto, que señala que un corto circuito fue lo que originó el incendio el viernes en el salón de música, hecho que encontró a la escuela sin ningún matafuego.
El mayor peso, según Agmer Paraná, recaería sobre los siguientes funcionarios: el presidente del Consejo de Educación, José Luis Panozzo; el ministro de Planeameinto, Luis Benedetto; la exsecretaria dePlaneamiento y actual titular de Vialidad, Alicia Feltes; el subsecretario de Arquitectura y Construcciones, Julio Arduino; el director zonal de Arquitectura de Paraná, Néstor Scherano; y la coordinadora de Infraestructura Escolar, Ana Abreu.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.