La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmeer) pidió al defensor general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Maximiliano Benítez, y le pidió que impulse el dictado de una «medida precautoria» para evitar que sigan aplicándose fumigaciones que afectan a distintas comunidades escolares.

El planteo fue hecho por el titular de Agmer, Marcelo Pagani, quien estuvo acompañado por el dirigente uruguayense Federico Tálamo, miembro de la comisión directiva central, y las abogadas Verónica Fischbach y Aldana Sasia.

 

 

Durante la reunión, se expusieron los alcances y la gravedad del reciente hecho de fumigación en proximidades de la Escuela Primaria N° 54 Carlos Souriges, de la localidad de San José, hecho que se sumó a una serie de episodios similares que se vienen sucediendo en este último tiempo y tienen como principales víctimas a las comunidades educativas que comprenden tanto a los trabajadores docentes como a los niños que asisten a las escuelas rurales.

 

A raíz de esta situación y con miras a avanzar sobre una acción concreta para evitar de forma urgente que se reiteren hechos de esta naturaleza, los representantes gremiales y las abogadas solicitaron al funcionario judicial que dicte una medida precautoria tendiente a impedir nuevas fumigaciones en campos lindantes a establecimientos educativos de toda la provincia. Al pedido se adjuntó la documentación que demuestra las consecuencias sobre la salud de los afectados, no obstante lo cual se insistió en que el problema no se circunscribe a este caso aislado, sino que responde a un modelo en el que la integridad de las personas, principalmente los niños, se opone a los intereses corporativos y el poder económico de los productores rurales. En este sentido, se hizo referencia también a diversos antecedentes judiciales en la materia, especialmente el fallo que en octubre del año pasado condenó a los responsables de la fumigación sobre la Escuela Primaria N° 44 República Argentina de la localidad de Santa Anita en 2014.

 

En diálogo con Entre Ríos Ahora, el dirigente Federico Tálamo explicó que el defensor general, «en líneas generales, entiende que el derecho a la salud de la población y a un ambiente saludable es fundamental. Pero aclaró que necesita algunos elementos probatorios para acompañar el pedido de la cautelar, los cuales vamos a aportar como sindicato».

«Nosotros, básicamente, planteamos que el problema de las fumigaciones no se reduce a casos concretos, sino que tiene que ver con el modelo productivo. Por eso, el pedido de una medida que impida las fumigaciones en proximidades de escuelas rurales en toda la provincia, ya que está en riesgo la salud y la vida de muchos niños y también de los trabajadores», subrayó.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.