Por Agustina Cano (*)

 

La fiscal federal de Concepción del Uruguay Josefina Minatta está, desde 2007, a cargo de la investigación de los denominados «vuelos de la muerte» en la zona del Delta, en el sur de Entre Ríos. La causa se inició en 2004 a partir de la denuncia de un policía, pero al poco tiempo se archivó. Se retomó en 2012 tras la investigación del periodista Fabián Magnotta, que recogió en su libro «El lugar perfecto». En esta entrevista, Minatta dice: «Está probado que (´los vuelos de la murte´) acontecieron y no tengo ninguna duda porque la cantidad de testimonios que tenemos es muy contundente y todos coinciden».

 

-¿Cómo se inició la causa que investiga los “vuelos de la muerte en el Delta entrerriano»? ¿Usted es la fiscal desde el comienzo?

-La causa se inició en el año 2004 a través de la denuncia de un policía de Gualeguaychú, quien fue el primero que dio cuenta judicialmente de la existencia de vuelos que arrojaban bultos. Su novia, una isleña, le había contado que pasaban aviones arrojando cuerpos al rio. Él, puntualmente, denunció frente al exjuez Eduardo García Jurado que habían arrojado un tambor en la playa relleno de cemento, que de ese cemento sobresalía un cuerpo humano y que sus hermanos lo habían enterrado. Eso fue lo que inició la primera investigación. Se buscaron testimonios y la causa se archivó porque no había interés en impulsarla. Pero el periodista Fabián Magnota empezó a recoger información y testimonios sobre cómo eran los aviones, los cuerpos en frazadas o en bolsas. La orden de Prefectura era que los cuerpos tenían que seguir corriente abajo. Eso tiene su correlato con la cantidad de cuerpos aparecidos en la costa de Colonia (República Oriental del Uruguay), los cuales se identificaron porque el Ejército ya no tenía jurisdicción para impedir la identificación. Al terminar su libro, Fabián Magnota hace otra denuncia y se vuelve a reactivar la causa en 2012. Yo llegué a fines de 2017 y comenzamos a trabajar en la investigación. Nosotros no intentamos encontrar los cuerpos arrojados al agua, porque es imposible, pero sí ver los cementerios y los cuerpos NN, revisar los huesos que conservan ADN para avanzar en la posibilidad de si es posible identificar de quién se trata a partir del trabajo que viene realizando el Equipo Argentino de Antropología Forense, el cual se dedica justamente a identificar a personas desaparecidas tanto en dictadura como en democracia. También podríamos encontrar pruebas a través de huellas dactilares de la Provincia. En general, el protocolo frente a una persona que se muere en la calle o en el rio establece que se toman las huellas dactilares y se ponen en una ficha. En un momento, la Policía había contestado que esa ficha no se hacía y después nos dimos cuenta que sí la hacían y tuvimos que dejar el escritorio y revolver archivos. Pero nos encontramos con varios problemas. Uno es que la provincia de Entre Ríos tiene un mal sistema de archivos: casi todo lo quema o lo destruye pasado determinado tiempo, aunque sea NN. Hay provincias que, en ciertos casos, no destruye pensado que algún día alguien quiera buscar a esa persona. Igualmente, nosotros seguimos insistiendo en revisar archivos y vamos a revisar archivos a Paraná a ver si encontramos algo que no se haya destruido y después  exhumar los cementerios de Ibicuy y el de Paranacito, que también tienen dificultades registrales, porque los cementerios en aquel momento estaban administrados por una comisión de vecinos que eran personas del barrio que organizaban el cementerio sin un libro con sistema de doble control como el de Gualeguaychú o el de Concepción de Uruguay.

-En función de la característica del isleño, ¿cómo logró recolectar los primeros testimonios? ¿Cuántos son hasta el momento y qué elementos comparten entre sí?

-Tuvimos que cambiar mucho la dinámica de cómo preguntar al isleño en la testimonial judicial porque hay miedo en la gente. Subimos a una lancha con la abogada de la querella, el titular de Derechos Humanos y Prefectura, ya que desde la fuerza se conoce mucho la zona y la gente le tiene confianza. Empezamos a golpear casa por casa, con mucho tiempo de navegación porque ya no queda tanta gente viviendo en las islas. Les garantizábamos que íbamos a mantener su confidencialidad, tratando de explicarles que hoy por hoy ya no corren peligro por contar lo que pasó y que la información que ellos tienen puede ayudar a que alguien encuentre algún familiar. Fue una acción más informal a lo que estamos acostumbrados en la Justicia

-¿Por qué cree que a tantos años del terrorismo de Estado hay gente que todavía no se anima a hablar?

–Puntualmente, en Mazaruca seguramente para los vecinos fue muy fuerte encontrar cadáveres cerca de sus casas y que la Policía te diga que te puede pasar algo si hablás. Todos los testimonios están atravesados por esa impresión que vivieron, sumado a la amenaza policial. En Mazaruca, Ibicuy y Villa Paranacito había una fuerte presencia policial y militar porque era un polígono de tiro muy importante y además estaba el operativo de San Sebastián. Este operativo, con una excusa sanitaria, en verdad buscaba acallar a la gente y asustarla. A muchas personas se les retiraron sus armas porque era un lugar donde era habitual cazar y tener un arma en esas características del lugar. La gente tenía permiso para portarlas y se las retiraron. Les preguntaron qué ideología política tenían. De este modo, les inculcaron el miedo y hay un rechazo por lo sucedido.

-¿Es optimista en obtener suficientes pruebas para demostrar que estos hechos acontecieron y encontrar a sus culpables?

–Está probado que acontecieron y no tengo ninguna duda porque la cantidad de testimonios que tenemos es muy contundente y todos coinciden. Pero faltan precisiones, como por ejemplo quiénes fueron las víctimas, de qué centro clandestino de detención vinieron y a cargo de quiénes estaban esos centros.

-¿También investiga en base a la hipótesis de encontrar restos óseos de presuntas víctimas de terrorismo de Estado en la zona del Aeródromo y del Cementerio Gualeguaychú?

–No, por ahora. Sé que es una impresión periodística, pero no la hemos recogido como prueba judicial

¿De alguno de los testimonios se desprende el relato sobre una propiedad cerca del Aeródromo Gualeguaychú donde habrían alojado a personas privadas de su libertad de manera ilegítima durante la última dictadura?

-En esta causa no, pero sí la he visto en otra causa

-Desde las organizaciones de Derechos Humanos se instaló el número de los 30 mil desaparecidos como una consigna fundamental con el advenimiento de la democracia, otros sectores hablan de 15 mil desaparecidos: ¿Cuál es su mirada al respecto?

–Puntualmente, sostengo que son 30 mil.  Pero si nosotros estudiamos la historia de Alemania, se decidió que son seis millones y nadie duda de cuántos hayan sido las víctimas porque el número no importa, porque el tratamiento que tuvieron las victimas hayan sido uno o 20 mil es completamente repudiable. Si me preguntas, sostengo que son 30 mil.

-Si se lograra avanzar en el marco de estas causas que investigan a los desaparecidos de nuestra zona, ¿cree que se lograría reparar el daño y dolor de sus familias?

–Las políticas reparatorias nunca son absolutas, lo que se trata de hacer es algo simbólico, que en alguna pequeña medida puede mitigar el dolor. Que te saquen a un familiar no hay nada que lo pueda compensar, pero sí creo que los juicios de Argentina han sido un ejemplo en el mundo por las características que tuvieron, la importancia y porque solamente se han hecho dentro del Mercosur o de América Latina.

-Después de tantos años, ¿la Justicia repara o llega demasiado tarde?

-Me encantaría que los tiempos hubieran sido otros, siempre se espera que la Justicia actúe de un modo más rápido y personalmente me hubiese gustado que ya haya resultados. Pero considero peor no hacer nada por más que sea tarde

-¿El mecanismo para juzgar este tipo de delitos ha sido el correcto?

–Por supuesto.

-Por lo que publica en sus redes sociales, se nota un compromiso de su parte con este tipo de causas. ¿Tiene pertenencia político-partidaria o vínculo con las organizaciones de Derechos Humanos?

 

–Los fiscales no podemos pertenecer a un partido político, así que no tengo ningún vínculo. Con los organismos de Derechos Humanos tengo vínculo porque la secretaria de Derechos Humanos de la Nación, por ejemplo, es querellante en la causa y obviamente que por el trabajo necesariamente tenemos que tener un vínculo.

-¿Cree que comunidades como la de Gualeguaychú acompañan al pedido de Memoria, Verdad y Justicia? ¿Por qué?

–Sí, no tengo ninguna duda. Los propios testimonios de la gente que lo vivió nos dicen eso. Por ejemplo, la esposa de un policía me abrazó y me dijo: ´Deseo que los encuentres, de todo corazón porque lo que vivimos fue horrible e injusto´. Yo creo que hay algo esencial en el ser humano que sobrepasa cualquier ideología, que es el trato digno que merece cualquier persona. Lo que ocurrió  dejó a la luz que tuvieron un trato tan violento, tan denigrante, tan despersonalizador y deshumanizador. Eso hace que la gente, aunque no la veas con una pancarta en la calle,  si le preguntas qué piensa te va a decir que eso estuvo mal.

 

 

 

 

(*) Agustina Cano es estudiante de Relaciones Públicas e Institucionales en Gualeguaychú.