En la sesión que tendrá este viernes el Concejo Deliberante en el Parque Gazzano tomará estado parlamentario el proyecto de ordenanza que instrumentar un sistema de estacionamiento medido en Paraná.
La iniciativa abrió un conflicto con los trabajadores de los espacios públicos agrupados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos que reclaman reformas al texto enviado al Conejo. “En la ordenanza no se nombra a los trabajadores ni mucho menos deja a las claras cuál va a ser el rol que van a cumplir. Sí habla de los horarios, sí habla de un posible precio de la hora del estacionamiento medido. Cuestiones más técnicas, pero puntualmente a lo que a nosotros nos preocupa y es algo que venimos insistiendo hace muchos meses con esto, es que los trabajadores no están contemplados y no sabemos qué va a pasar”, planteó Tamara Berales, del MTE
La dirigente sostuvo que hubo reunión con la intendenta Rosario Romero y una promesa de que iban a estar incluidos. “Por eso hasta nos resulta, si quiere, extraño esta situación en la que estamos hoy. Hubo un compromiso asumido, pero los trabajadores no aparecen en el proyecto de la ordenanza que se presentó la semana pasada”, agregó.
El dato que da a conocer es que se trata de 180 trabajadores que hoy se desempeñan en espacios públicos.
Carina Martínez, trabajadora y vocera del sector, asegura que la situación genera incertidumbre respecto del futuro laboral y por eso van a insistir en que el Ejecutivo considere los pedidos hechos para reformar el proyecto de ordenanza.
Desde el sector de los tarjeteros denunciaron, además, “la criminalización y la exclusión de nuestros derechos laborales” por la redacción de la iniciativa legislativa.
“El sector de trabajadores y trabajadoras tarjeteras de la ciudad de Paraná expresa públicamente su profunda preocupación, rechazo y estado de alerta ante el ingreso al Concejo Deliberante del proyecto de ordenanza de Estacionamiento Medido que, en su Artículo 10, criminaliza nuestra actividad laboral, desconociendo décadas de trabajo en el espacio público y violando derechos consagrados por la Constitución Nacional”, señalaron.
Y agregan: “Mientras el propio Municipio nos reconoce formalmente como trabajadores a través del Decreto N° 520/24 que asigna zonas, turnos y responsabilidades concretas al sector tarjetero, este nuevo proyecto propone exactamente lo contrario: prohibir nuestra presencia en la vía pública, habilitar la intervención policial y tratarnos como personas que cometen conductas prohibidas pese a que cumplimos funciones organizativas del tránsito, aportando al orden, acompañando a los vecinos y generando/asegurando puestos de trabajo desde hace más de veinte años”.
Plantearon que “este intento de borrarnos de la vida laboral de la ciudad desconoce el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, que garantizan el derecho a trabajar, a la organización y a condiciones dignas. Desconoce también el compromiso asumido por la Intendenta Rosario Romero y las autoridades municipales en la reunión del 18 de noviembre, donde afirmaron que ninguna medida sería tomada sin diálogo previo con el sector -cuestión que hoy queda completamente desmentida-“.
Y subraya que el artículo 10 de la ordenanza “nos transforma en un problema a erradicar, cuando somos parte del ordenamiento urbano y de la seguridad vial cotidiana. Hoy el Municipio pretende resolver un tema complejo con la salida más injusta: eliminar al trabajador en vez de integrarlo a la política pública. Reafirmamos que no somos intrusos ni informales: somos 180 familias organizadas, con turnos, zonas asignadas y presencia regulada por el propio Estado municipal”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora