La jueza de Garantías  Barbageleta resolvió hoy la suspensión de juicio a prueba y convalidó la ejecución de trabajos comunitarios para cuatro imputados en la causa “Angarola, Alfredo Eduardo-Ríos, Luis Aníbal-Vesco, Eduardo Héctor su denuncia s/Administración fraudulenta”. Lo hizo al aprobar un acuerdo suscripto por las defensas técnicas, la querella y el Ministerio Público Fiscal, que también incluyó la renuncia a demandas civiles y un resarcimiento de $4.200.000 , dinero que servirá para cancelar una hipoteca que pesa sobre el inmueble del Círculo Médico de Paraná.

 

Los imputados a los que se concedió la probation deberán efectuar tareas comunitarias durante los próximos dos años. Luego de ese lapso y verificado su cumplimiento a través de la Oficina de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (OMA), se cerraría el expediente y quedarían eximidos de los cargos.

Para otorgar ese beneficio se tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales de los imputados, que se les adjudicaba la presunta comisión de un delito para el que se prevé una condena de prisión condicional y que se trata de la primera suspensión de juicio a prueba a la que acceden.

El médico Raúl Rodríguez propuso dar charlas de concientización sobre la donación de órganos; su colega Justo Uranga se comprometió a realizar 96 hora anuales de trabajo comunitario en lugar a definir; y otro tanto Raúl Otaño. En el caso del contador Lucio Figueroa, que presentó un certificado médico dando cuenta de un profundo cuadro depresivo, se acordó que entregará mensualmente 4.000 pesos o el equivalente a 10 tarros de leche en polvo materno-infantil a la Cooperadora del Hospital San Roque o a un Centro de Salud.

Además Barbagelata hizo lugar al pedido de sus defensores y dictó el sobreseimiento de los médicos Alejandro Karavokiris e Ignacio Uranga, medida que también fue compartida por el Ministerio Público Fiscal y la querella.

La jueza fundamentó su decisión al entender que en el marco de la instrucción penal preparatoria no se comprobó la intervención de esos profesionales en los hechos investigados y que no se acreditó la comisión del delito imputado, conforme lo establecido en el artículo 397, inciso c) del Código Procesal Penal.

Por eso declaró que el proceso no afecta el buen nombre y honor de Karavokiris e Ignacio Uranga.

A los profesionales médicos se les imputaba el presunto delito de defraudación a raíz de hechos sucedidos en el período comprendido entre el 12 de marzo de 2011 y el 29 de abril de 2016, objeto de una denuncia por parte de la actual conducción del Círculo Médico de Paraná, encabezada por Alfredo Angarola.

Se investigó la conformación de un fideicomiso para la construcción de un barrio de viviendas para cuya edificación se contrató a la empresa Constructora del Norte SRL, que quebró y originó una serie de reclamos y deudas, tras lo cual se contrató a una firma vinculada, Smart SRL- que fueron cubiertas supuestamente en forma fraudulenta con el patrimonio de la institución.

 

La estafa

La denuncia había sido presentada  por Alfredo Angarola, Luis Aníbal Ríos y Eduardo Vesco, presidente, secretario general y tesorero de la entidad, respectivamente, con el patrocinio de la hoy ministra de Gobierno, Rosario Romero. En la presentación, denunciaron que el Círculo Médico constituyó un fideicomiso para construir un barrio médico –algo que está fuera del objeto social de la institución– y las deudas originadas por los incumplimientos en la administración y ejecución del contrato de la empresa constructora fueron afrontadas por la entidad. También se denunciaron irregularidades en la compra del terreno donde se construirían las viviendas a familiares de integrantes de la ex comisión directiva. Además, se habrían falsificado documentos de la entidad para solicitar un crédito bancario que le permita afrontar las deudas provocadas por la construcción de viviendas y hasta habrían solicitado préstamos con prestamistas y con intereses de usura.

La historia, según reconstruyó el sitio Página Judicial, se remonta al 7 de marzo de 2012, cuando el Círculo Médico de Paraná firmó un contrato de fideicomiso para la construcción de viviendas en lo que sería un barrio médico, algo que estaba fuera de los estatutos de la entidad.

De acuerdo con el contrato, el Círculo Médico, a través de la comisión directiva, sería administrador del fideicomiso en forma gratuita, en carácter de fiduciario, y asumía la obligación de adquirir el predio donde se construiría el denominado Barrio Médico II. Para ese momento el terreno ya había sido adquirido a la familia Uranga –parientes de Justo e Ignacio Uranga, que integraban la comisión directiva de la institución–, pero la escritura recién se confeccionó el 12 de septiembre de 2012, es decir, con posterioridad a la constitución del fideicomiso. Por el terreno se pagaron 433.848,96 dólares y luego otros $600.000  por un juicio de usucapión que tenían pendiente los dueños originales.

La gestión fue un fracaso y terminó siendo perjudicial para el Círculo Médico, por los “graves incumplimientos en la administración y ejecución del contrato de obra firmado con la empresa Constructora del Norte SRL”. Ello fue así porque no hubo cuentas ni contabilidad separada entre la institución y el emprendimiento inmobiliario. También se determinó que “en el marco de esa operación y contratación, las autoridades del Círculo Médico, lejos de diferenciar los fondos correspondientes a la institución que conducían del nuevo emprendimiento, procedieron, sin ninguna justificación atendible, a utilizar recursos del Círculo Médico para pagar deudas que eran del fideicomiso”, según consta en la denuncia y que fue constatado por los fiscales.

El Círculo Médico se hizo cargo de las deudas contraídas por el fideicomiso, que al año 2015 eran de 5.476.551,14 pesos, como parte de los “acuerdos de reparación de daños”, “sin que existiera autorización de los asociados y sin que ese endeudamiento obedeciera a la marcha de la institución”.

Concretamente, el Círculo Médico asumió las deudas del fideicomiso con comercios proveedores de materiales, profesionales y contratistas. Para ello, echaron mano a distintas cajas, por ejemplo, se tomaron fondos correspondientes a los honorarios médicos por una suma de 3.379.331,22 pesos; se pidieron préstamos a la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), mutuales e incluso también a parientes de empleados de la institución; y se llegó al punto de tomar créditos con prestamistas, en términos absolutamente informales, con intereses usurarios y, otra vez, sin autorización de los asociados.

Como si esto fuera poco, la empresa que ejecutaba la obra, Constructora del Norte SRL, quebró en 2014, por lo que el Círculo Médico quedó “como responsable frente a terceros que habían generado expectativas e invertido dinero para tener su casa propia”. No menos llamativo es que la institución rescindió el contrato con la Constructora del Norte pero no hizo un reclamo por los incumplimientos y, tras la quiebra, se contrató a una firma denominada Smart Construcciones SRL, vinculada a la otra.

El caos era tal que el día que asumió la actual comisión directiva, el 2 de mayo de 2016, se encontró con cheques librados –algunos de ellos sin documentar– para cubrir préstamos de privados en los siguientes dos meses por un total de 4.220.142 pesos.

Una acción que intentó la anterior comisión directiva, según consta en la denuncia presentada por las nuevas autoridades, fue la venta de la sede de la institución, en calle Urquiza 1135 de Paraná, lo que fue impedido por los socios en una asamblea extraordinaria, el 22 de diciembre de 2014.

“Al ver frustrada esa posibilidad de disponer del edificio histórico, las autoridades de entonces decidieron hacer uso del ingenio y fraguar el acta de una asamblea general extraordinaria llevada a cabo el día 21 de mayo de 2014”, expusieron los denunciantes.

Uno de los puntos a discutir en esa asamblea era la toma de “créditos necesarios para financiamiento a cargo del Círculo Médico de Paraná, incluyendo constitución de garantía necesaria”. Pero no se resolvieron especificaciones que cualquier banco requiere para conceder un crédito, como los alcances del endeudamiento y las tasas de interés a pagar, por lo que las autoridades de entonces terminaron fraguando el acta original de esa asamblea y generando una copia certificada por escribano público, para ser presentada en el Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa) con el objetivo de solicitar un crédito con garantía hipotecaria de 4 millones de pesos, que efectivamente se tomó en marzo de 2015.

De acuerdo a lo denunciado por Angarola, “tal endeudamiento no obedeció a razones del giro normal del Círculo Médico de Paraná, sino a pésimas decisiones de administración que provocaron el desquicio económico” de la institución.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora