La jueza de Garantías Carola Bacaluzo, a cargo de la causa que investiga la denuncia por estafa de Dolores Etchevehere contra su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, y sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, resolvió pedir a la Justicia Federal el expediente que tramitó el fiscal federal Federico Delgado en los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que, tras la inhibitoria del juez Daniel Rafecas, fue derivado a la Justicia Federal de Paraná.
En una disposición que adoptó el 6 de este mes, la sexta magistrada que asume en la causa que Dolores Etchevehere inició en 2013 contra su familia dispuso. tras una petición del abogado de la familia Etchevehere,  Rubén Pagliotto, y presentaciones de la defensa de Dolores, y a fin de «evaluar la pertinencia y utilidad de las declaraciones testimoniales ofrecidas para dilucidar los hechos que son objeto de esta investigación penal y surgiendo de la prueba documental obrante (…) aportada por los representantes de la querella particular y de la propia información brindada por el Dr. Pagliotto en el escrito que antecede que en el Fuero Federal se estaría tramitando una causa iniciada por denuncia de Dolores Etchevehere – en contra de Leonor María Magdalena Barbero Marcial, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere por el supuesto delito de extorsión para firmar un acuerdo privado de adjudicación y partición de la herencia  (…) en la que intervino el Fiscal Federico Delgado, es que corresponde solicitar informe acerca del estado procesal de la misma y, de ser posible, la remisión ad effectum videndi (una expresión en latín que alude a la petición de un expediente)».
La jueza Bacaluzo resolvió entonces «librar oficio a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal nº 6 a cargo del Fiscal Federico Delgado a fin de que informe acerca del estado procesal de las actuaciones caratuladas ´Etchevehere, Luis Miguel y ots. S/Extorsión´ causa Nº 8173/20 (coirón Nº 77056/20), y, de ser posible, remita las actuaciones ad effectum videndi».
Esa causa, claro, ya no está en la Fiscalía Federal N° 6 de los Tribunales de Comodoro Py.
En marzo último, el fiscal Delgado, que tomó en sus manos la causa por extorsión y violencia económica ejercida contra Dolores Etchevehere, emitió un dictamen en el que pidió la declaración indagatoria de Luis Miguel, Arturo Sebastián, Juan Diego Etchevehere y la madre de todos ellos, Leonor María Magdalena Barbero Marcial.Los Etchevehere, los tres hijos varones, ya fueron indagados en la Justicia entrerriana en una causa por estafa iniciada en 2013 también por Dolores Etchevehere. El 30 de octubre de 2020, siete años después de la apertura de la causa, el juez de Transición Carlos Hugo Ríos -el cuarto magistrado que tuvo en sus manos la causa, ya fallecido, y a quien siguieron Juan Hipólito Carlín, y, ahora, Carola Bacaluzo- citó a declaración indagatoria a todo el clan Etchevehere. Fue un día después de que la jueza María Carolina Castagno dispusiera, el 29 de octubre del año último, el desalojo de Dolores Etchevehere del campo Casa Nueva, en el Paraje El Quebracho, en el acceso a Santa Elena, que había sido tomado junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Juan Grabois.

Denuncia Etchevehere: la causa que casi naufraga por decisión fiscal

 

“Desde la perspectiva del Ministerio Público Fiscal, existe el grado de sospecha (…) para requerir explicaciones a Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián Arturo Etchevehere y Leonor Barbero Marcial porque la situación de asfixia económica a la que es sometida Dolores infringe las previsiones contenidas en el artículo 168 del Código Penal, en función de la ley 26485 de protección integral de la mujer”, escribe Delgado en su dictamen y agrega: “En pocas palabras, es sometida a un mecanismo de intimación derivado del uso particular del sistema institucional, para torcer su voluntad y que, en consecuencia, producto de la asfixia económica suscribió un acuerdo privado de división de bienes independientemente de las previsiones del Código Civil y Comercial en materia sucesoria”.

El acuerdo privado de división de bienes al que hace referencia Delgado fue uno de los argumentos utilizados públicamente por la familia Etchevehere contra su hermana Dolores, y también los argumentos utilizados por la jueza María Carolina Castagno para ordenar el desalojo de Dolores Etchevehere y los integrantes del Proyecto Artigas de la estancia Casa Nueva, el 29 de octubre de 2020.

Un fiscal federal pide la indagatoria de los Etchevehere

 

Sobre el acuerdo privado de división de bienes, sostiene que “no surtió efectos jurídicos” y agrega que “es decisivo tener en cuenta que el objetivo de todas las maniobras es conseguir una actuación de Dolores Etchevehere en ese expediente “a medida” de sus hermanos y su mamá. En ese sentido, el dictamen incluye pruebas que demuestran los elementos de violencia. Asimismo, a partir del análisis del expediente sucesorio asegura que “la sucesión de Luis Félix Etchevehere aún se encuentra indivisa” y que fue el propio magistrado a cargo el que informó que ”no se han librado fondos en favor de ninguno de los herederos declarados” y por lo tanto Dolores Etchevehere no recibió dinero y no integra el grupo de personas que administra los bienes sucesorios que aún no se distribuyeron”.

Pero el pedido de indagatoria de Delgado no prosperó porque el juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente en la causa, y derivó las actuaciones a la Justicia Federal de Paraná.
La denuncia de la menor de los Etchevehere, que había tomado el fiscal federal Federico Delgado, apuntó a los miembros directos de su familia quienes, según su testimonio. «urdieron diversas maniobras defraudatorias y extorsivas con el objetivo de despojarla de sus derechos hereditarios, mediante la utilización de actos intimidatorios, abuso de poder, tráfico de influencias y violencia psicológica y económica. En
particular señaló a Luis Miguel Etchevehere porque, según ella, tales hechos los cometió abusando del cargo que por entonces desempeñó como Ministro de Agroindustria de la Nación, aprovechando los beneficios, ventajas y capacidad de influenciar sobre personas, organismos y medios de comunicación que ese lugar privilegiado de poder y dinero le otorgaba y aún le otorgan”. Agregó que desde que falleció su padre -Luis Félix Etchevehere, en 2009- no recibió dinero ni bienes y describió la maniobra como un ahogo financiero en su contra.
La razón por la que el caso desembocó primeramente en los tribunales federales de Comodoro Py radica en que uno de los denunciados, su hermano mayor, Luis Miguel Etchevehere, ejerció, entre 2017 y 2019, como ministro del gabinete del expresidente Mauricio Macri, y que según Dolores utilizó esa posición para perjudicarla. En su presentación judicial, Dolores habló de “la existencia de una maquinaria mafiosa, que opera extorsionando y ejerciendo toda clase de violencia, en mi caso, económica, psicológica principalmente, que está encabezada por mi hermano Luis Miguel Etchevehere quien se valió del poder político y económico e influencias durante su estadía permanente en Buenos Aires desde el año 2017, periodo en que yo también residía en la misma ciudad, y utilizando para ello las facultades jurídicas del cargo de Presidente de la Sociedad Rural y de Ministro de Agroindustria de la Nación, y con la intención en mi caso, de desapodérame de todos mis bienes producto del acervo hereditario de mi padre por medio de la extorsión aprovechándose de mi condición de mujer sola».

Tras afirmar su incompetencia para seguir tramitando la causa, Rafecas señala: «En efecto, de la prueba producida, surgen importantes indicios que sugieren el accionar conjunto de Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián Arturo Etchevehere y Leonor Barbero Marcial, en perjuicio de la denunciante, y que han motivado el pedido de indagatoria formulado por el Sr. Agente Fiscal Dr. Delgado». Luego, agrega: «Sin perjuicio de lo expuesto, resulta importante destacar que una de las personas sindicadas por el Dr. Delgado como responsable de los hechos denunciados, Luis Miguel Etchevehere, ejerció la cartera de Agroindustria de la Nación, desde el mes de 21 de noviembre de 2017 hasta el final del mandato del ex Presidente Mauricio Macri, en diciembre de Esta circunstancia desplaza de por sí la competencia de los tribunales ordinarios a la justicia federal».

Así, definió el magistrado que «aparece visiblemente claro que el Magistrado con competencia para continuar interviniendo en las presentes actuaciones es aquel con jurisdicción territorial en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, ya que la prosecución del trámite por parte de este Tribunal podría significar una afectación al derecho del Juez natural, consagrado por el artículo 18 de la Constitución».

Por fuera de esa decisión, para el 20 de este mes -si no hay un nuevo aplazamiento- está prevista la indagatoria a Leonor Barbero Marcial en la causa que tramita la jueza Bacaluzo.

Barbero Marcial declarará en torno a la denuncia por estafa. Esa indagatoria había sido programada para los días 5 y 9 de agosto, pero el abogado de la familia Etchevehere, Rubén Pagliotto justificó el pedido de aplazamiento en dos motivos: sus propios problemas de salud, y los de Barbero Marcial, de 84 años, a quien su cardiólogo recomendó 10 días de reposo.

El 1° de julio, el anterior juez de la causa, Juan Hipólito Carlín, había fijado la audiencia para la tercera indagatoria de Barbero Marcial para esta semana y la próxima.  La disposición del magistrado fue a los fines de «dar continuidad a la declaración indagatoria» de Barbero Marcial. La mujer ya había declarado en dos oportunidades: el12 de marzo y el 20 de abril. Se esperaba una tercera para el 30 de abril. Pero en medio ocurrió que el juez de la causa, Carlos Hugo Ríos, contrajo Covid-19, y no pudo recuperarse: falleció a principios de junio último.

 

La continuidad de las indagatorias, que empezaron con los hijos de Etchevehere en octubre de 2020, se había suspendido. En mayo pasado, y por segunda vez, la Justicia frenó el trámite que debía cumplir Barbero Marcial en la causa penal que enfrenta a raíz de la denuncia por estafa. Antes, ya estuvo en Tribunales  en dos oportunidades: declaró el 12 de marzo y el 20 de abril. Pero pidió una tercera vez para ampliar todo cuanto tenía para decir.

Esa tercera indagatoria se fijó para el 30 de abril, pero no pudo ser. En medio, ocurrió el Covid positivo del juez Ríos. El 4 de mayo, el juez subrogante Juan Hipólito Carlin emitió una resolución en la que dispuso que ese trámite se cumpliría el 9 de junio. Pero tampoco pudo darse en esa fecha. El lunes 17 de junio el magistrado firmó un nuevo escrito en el que comunicó que la indagatoria no tendría lugar hasta que «las condiciones sanitarias» lo permitieran.

Barbero Marcial declaró el 12 de marzo último, y entonces ciñó su relato a la compleja relación con su hija denunciante. Luego, en la indagatoria del 20 de abril ocupó su tiempo en contar su versión de los hechos en el marco de la denuncia por estafa, y la utilización de un crédito con fines productivos al Banco Itaú que al final se utilizó en provecho propio, y que se repartieron ella y sus tres hijos varones. Para la tercera indagatoria, proyecta abordar la cuestión del vaciamiento de SAER, la firma editora de El Diario, y responder las preguntas del fiscal Álvaro Piérola, y de los querellantes que representan a su hija Dolores, Lisandro Mobilia y Patricio Cozzi.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora