Ni vencedores ni vencidos, de momento. Luego de una extensísima audiencia, el juez de Garantías de La Paz, Raúl Flores, decidió abrir un cuarto intermedio para después resolver sobre el conflicto suscitado en torno a la propiedad del campo Casa Nueva, ubicado en el acceso a Santa Elena -a 150 kilómetros de Paraná-, ocupado desde el jueves 15 por Dolores Etchevehere y un grupo de militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) del dirigente social Juan Grabois.
El magistrado dio plazo hasta este jueves, a las 12, para que las partes incorporen la prueba que ofrecieron hoy en forma verbal. Del trámite participaron, por video conferencia, la titular del Inadi, Victoria Donda, quien hizo notar de las actitudes violentas que manifestaron los ruralistas que se congregaron a las puertas del campo usurpado. También fueron parte de la audiencia los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, de la Unidad Fiscal de La Paz; por la defensa técnica de los imputados, el abogado Lisandro Mobilia, patrocinante de Dolores Etchevehere, y Ernesto F. Taboada, en la causa de usurpación; y Daniela Verón, patrocinante de Dolores Etchevehere; como Auxiliar Técnica la Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, Gabriela Carpineti; el representante legal del querellante particular Las Margaritas S.A, Rubén Pagliotto ; y el sospechado, Ernesto Facundo Taboada «no encontrándose presentes los sospechados» Dolores Etchevehere y Lautaro Dante Leverattro Lazzarini, «estando debidamente notificados», según el acta que se labró al término de la audiencia, pasadas las 21.
Oídas todas las partes, no hubo resolución. El juez Flores dispuso dar un plazo hasta este jueves 22, a las 12, «para que las partes incorporen la prueba que han ofrecido en la presente audiencia, ante la Oficina de Gestión de Audiencias de esta ciudad de La Paz, a efectos de pasar a resolver. Respecto de la que no se ha mencionado en la audiencia, la podrán incorporar en el mismo plazo, previo conocimiento de la Defensa».
Pero antes de que se allegara a ese final abierto, hubo una jornada larga y tensa en las puertas del campo. Durante toda la tarde -la manifestación empezó a mediodía y la audiencia judicial, pasadas las 17- hubo versiones y amagues de ingreso por parte de los ruralistas que se manifestaron. Pasadas las 20, ingresó a la estancia una comitiva de 5 personas en procura de encontrar una salida negociada, mientras en los Tribunales de La Paz continuaba la audiencia. «Están en nosotros terminar bien lo que empezamos bien», los arengó el exministro Etchevehere cuando comenzaron a circular versiones de refriega. «Estén orgullosos de lo que han hecho cada uno de ustedes hoy en este lugar. Y haber protagonizado un hecho histórico», agregó. «La verdad nos asiste y a partir de hoy nunca más van a usurpar un campo en Entre Ríos», sostuvo.
Escenario
Las Margaritas SA, que integran Leonor María Magdalena Barbero Marcial y de la que son socios sus tres hijos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego, presentó una denuncia penal por usurpación y pidió que se ordene su desalojo. La petición se reforzó con una impresionante concentración que se realizó durante toda la tarde de este miércoles, a las puertas del campo de más de 300 hectáreas.
Del otro lado, Dolores Etchevehere reprochó la actitud de «patota» de su hermano, expresidente de la Sociedad Rural Argentina, exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, y defendió sus derechos sobre esa propiedad, de la que fue excluida, ha dicho, a partir de maniobras fraudulentas de su familia.
La inquina familiar viene de antaño. En 2011, Dolores Etchevehere presentó en la Justicia una denuncia por estafa. Los denunciados, su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, y sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, a quienes acusó de haberla despojado de la herencia familiar, y después acorraló con cargos mucho más gravosos, como lavado de dinero, vaciamiento de empresas, evasión fiscal y trabajo esclavo.
Pero el enfrentamiento familiar de los Etchevehere, que supieron manejar, durante más de un siglo, el matutino El Diario, cobró consideración pública el jueves 15 cuando Dolores Etchevehere anunció a través de redes sociales la fundación del Proyecto Urquiza, su alianza con el dirigente social Juan Grabois y la donación de un 40% de la estancia Casa Nueva, ubicada en el Paraje El Quebracho, en el acceso a Santa Elena, para un proyecto agroecológico que torciera el rumbo del agronegocio que siempre había practicado su familia.
«Mi familia ha cometido actos aberrantes contra la integridad física no solo de las mujeres que, por ejemplo trabajaban en mi casa, sino también contra la de sus vínculos personales», disparó aquel día a través de un video prolijamente grabado. «En nombre de nuestra herencia, hicieron todo tipo de actos de corrupción, todos denunciados por mí ante la Justicia», añade. Y habla del «vaciamiento de El Diario, la evasión sistemática de impuestos. Todo bajo la mirada de fiscales, jueces y políticos y la participación necesaria de abogados, contadores y escribanos».
En alianza con Grabois y como parte de la presentación de la Fundación Artigas, Dolores Etchevehere decidió ceder el 40% de las tierras que posee en Entre Ríos a grupos de campesinos que responden a la organización que lidera Grabois, el Movimiento de Trabajadores Excluidos. La primera acción fue ceder el 40% del campo Casa Nueva, de 370 hectáreas, ubicada en el acceso a Santa Elena, que desde ese día, el jueves 15, fue ocupada. «He decidido ceder el 40% de mi herencia para construir un proyecto agroecológico sobre las tierras que me corresponden. Un cuarto de la sucesión de los Etchevehere. Esa porción es para reparar el daño que se hizo. El proyecto comienza hoy, 15 de octubre. Hoy plantamos la primera semilla en la tierra que soy propietaria por derecho natural, derecho que me permite utilizarlas desde ahora mismo», anunció la única hija mujer de Luis Félix Etchevehere.
Ese mismo día de la ocupación, Las Margaritas SA, de la familia Etchevehere, presentó una denuncia por usurpación en los Tribunales de La Paz. El caso recayó en manos de los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, de la Unidad Fiscal de La Paz.
La denuncia contó que a las 11,08 del jueves 15 del actual «el Encargado del Establecimiento Casa Nueva, Sr. Ángel Martínez se comunica telefónicamente a la administración informando que estaban intrusando el campo», y habla de la llegada de 15 vehículos al casco de la estancia «sin autorización, con gente a bordo y carpas en sus manos».
«También hicieron lo propio ingresando a la casa del casero, a lo que se debe adunar, hecho no menor por cierto, que a uno de los intrusos. Que vestía remera color amarilla, se le vio nítidamente la portación de un arma de fuego en la cintura, incluso dos de ellos hacían mención a armas que portarían, seguramente para acentuar el sentido intimidante sobre los empleados del establecimiento», dice la presentación judicial.
«Que, va de suyo, que de la simple exposición de los hechos acaecidos, surge prístina la comisión del delito de usurpación, conforme el indicado en el inciso 1º del Art. 181º del catálogo represivo. Ello así, no empece, que se acumulen, en concurso ideal o real, otros injustos en función de otros hechos que puedan configurarse por estas horas críticas, en las que el predio sigue ocupado por un grupo de personas que oscilaría la cantidad de unas 35 a 40 personas», según la presentación de Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, en su calidad de presidenta de Las Margaritas SA, propietaria del campo.
Lo que siguió fue un cruce de dardos entre la familia del exministro de Agroindustria del macrismo, Luis Miguel Etchevehere, Dolores Etchevehere y el dirigente Juan Grabois. La tensión se coronó con la gran movilización que tuvo lugar este miércoles, desde el mediodía y hasta la noche, en las puertas del campo ubicado en el Paraje El Quebracho, a 150 kilómetros de Paraná, ante la presencia de un fuerte operativo policial.
de la Redacción de Entre Ríos Ahora