Empezó a desarrollarse la audiencia de apelación en la causa por la ocupación del predio Casa Nueva, en Santa Elena, por parte de Dolores Etchevehere y el Proyecto Artigas en medio de una durísima disputa familiar por la herencia. El trámite se realiza ante la camarista María Carolina Castagno.
En la audiencia, los fiscales Oscar Sobko y Mónica Carmona reprocharon la resolución del juez subrogante de La Paz, Raúl Damir Flores, de quien dijeron que incurrió en varios errores en su resolución al rechazar la medida cautelar de desalojo.
Sobko recordó que la Fiscalía pidió al juez Flores una “medida cautelar innovativa, para volver las cosas al estado anterior a los hechos, hechos que sucedieron el 15 de octubre, y en horas del mediodía, aproximadamente”. Y fue claro en un punto: “Entendemos que hay una usurpación”.
El fiscal aseguró que el juez, al rechazar la cautelar, confundió el eje del conflicto. “Nosotros entendemos que Dolores Etchevehere sí es heredera de Luis Félix Etchevehere (su padre, fallecido en 2009). Eso no lo vamos a discutir. Pero el dueño titular y registral de ese campo es una sociedad anónima. Allí está el engaño. Y el abuso de confianza”, aseveró.
“Entendemos que existe la posibilidad de un delito y un acto ilícito realizado por Dolores Etchevehere. Allí vemos el dolor: en el engaño, sabiéndose titular de un porcentaje de las acciones de Las Margaritas”, y no de la totalidad de las acciones que tiene la titularidad de Casa Nueva, apuntó.
Calificó a la incursión de Dolores y Proyecto Artigas como una toma “ilegítima e ilegal”.
Luego de cuestionar la resolución que adoptó el juez Flores, y dijo: “Venimos a pedir el respeto del estado de Derecho, reafirmar la vigencia de la Constitución, y por ende la legalidad. Y ello para continuar u obtener la paz social, perdida en este caso en particular”, afirmó Sobko. Y al respecto relató que en el campo Casa Nueva hay hoy 150 policías en procura de evitar actos de violencia entre las partes en pugna.
Dijo que la incursión de Dolores Etchevehere y Proyecto Artigas vino “a turbar la posesión pacífica que tenía Las Margaritas sobre Casa Nueva”.
“No discutimos que ella sea heredera. No vamos a discutir desde esta Fiscalía si ella tiene o no tiene el 12,5 % de las acciones de Las Margaritas SA. No discutimos eso. Si ella es accionista, tiene que manejarse dentro de lo que es el estatuto societario de Las Margaritas. Si ella pretende cambiar la forma de producción o radicalmente darle un vuelco de 180 grados a lo que se va a producir, tiene que tener la autorización del máximo órgano de gobierno de una sociedad, que es la asamblea de socios”, planteó.
Habló del acuerdo privado que los Etchevehere dicen que firmó Dolores el 31 de agostos de 2018, y que la habría puesto al margen de la sociedad familiar. Recordó al respecto que la distribución de las tierras que habría recibido no fueron luego escrituradas. “Aquí también vemos el dolo de Dolores en cuanto ella se manifiesta que es heredera de una parte indivisa, cuando el propio Juzgado Civil N° 7 –que tramita la sucesión de los Etchevehere- nos dice que no hay partición de herencia. Hay varios inventarios parciales, y no se ha concluido el inventario del sucesorio. Pero además, .nunca el campo Casa Nueva, y la sociedad Las Margaritas estuvieron en el acervo hereditario. Este acuerdo fue entre socios de la SA”, subrayó.
“Con ello surgen claros para la Fiscalía, y por eso estamos en instancia de apelación, que el juez subrogante de La Paz se ha extralimitado en su decisorio, diciendo que no existe el delito usurpación. Que Dolores se ha presentado como heredera y como tal condómina de los bienes de la herencia. Se ha extralimitado de tal forma que deja a esta Fiscalía sin otra posibilidad que realizar un archivo obligado de la causa”, planteó
Dijo el fiscal que las “cuestiones satelitales” que rodean al conflicto de los Etchevehere lo llevó al juez Flores a la “confusión” para resolver lo que resolvió.
Por eso, concluyó, pidió a la camarista María Carolina Castagno en la audiencia de apelación que “revoque” lo resuelto por Flores, “en tanto y en cuanto se ha expresado el exceso y se nos ha dejado sin otra vía que el archivo obligado de la causa”.
Por su parte, la fiscal Mónica Carmona aseguró que “tenemos acreditado que Las Margaritas tiene la posesión del inmueble, y la explotación”. Y agregó: “El señor juez (en relación a Raúl Flores) confunde situación que se están debatiendo en sede civil, con un proceso complejísimo que son ajenas a la sede penal”, apuntó.
“Si ella (por Dolores) en la mejor situación en la que está, suponiendo que el convenio que firmó en 2018, en el que no vamos a meternos,digo en ese convenio, en el que cede el 12,5 de sus acciones a la firma Mirus, suponiendo que eso no existe, no tiene ningún derecho a actuar por la fuerza, con la violencia, la intimidación y el abuso de confianza con lo que actuó para perjudicar a quienes tenían la posesión”, dijo. “Por eso decimos que el juez yerra diciendo que por ser heredera tiene derecho a hacer eso”, agregó.
Y añadió: “No vamos a discutir el carácter de heredera, no vamos a discutir si el convenio es nulo, o si fue firmado bajo presión, eso se discute en sedes ajenas. Lo que sí importa tal como lo marcó el doctor Sobko es que al firmar ese convenio da cuenta del conocimiento limitado que tiene sobre el derecho, que posee el 12,5% de las acciones, con tres inmuebles, que no son los que está ocupando. Los lotes están sobre la parte oeste de Casa Nueva. Si ella quiere esos lotes, debió pedir la partición, tenía un convenio que le daba este derecho. No tenía ningún tipo de obstáculo”.
“Tenemos claro que Las Margaritas estaba explotando pacíficamente el predio hasta la irrupción de la denunciada con aproximadamente 40 personas de modo ilegítimo”, apuntó.
.
La ocupación, la denuncia, las disputas
«Luego de 11 años de investigación, denuncia e impunidad creo que es necesario contar mi historia. Una historia que está atravesada por los crímenes de mis hermanos».
Dolores Carmen Etchevehere filmó un video y se mostró a cámara contundente, segura. Fustigó de manera indolente a toda su familia: su madre Leonor María Magdalena Barbero Marcial; pero principalmente a su hermano, el exministro de Agroindustria de Macri, Luis Miguel Etchevehere, en menor medida, a sus otros dos hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego.
«Mi familia ha cometido actos aberrantes contra la integridad física no solo de las mujeres que, por ejemplo trabajaban en mi casa, sino también contra la de sus vínculos personales», dispara. «En nombre de nuestra herencia, hicieron todo tipo de actos de corrupción, todos denunciados por mí ante la Justicia», añade. Y habla del «vaciamiento de El Diario, la evasión sistemática de impuestos. Todo bajo la mirada de fiscales, jueces y políticos y la participación necesaria de abogados, contadores y escribanos».
Todo eso lo dijo a través de un video que se viralizó el mismo día de la ocupación de la estancia Casa Nueva, 370 hectáreas compradas por la familia Etchevehere al Estado a precio de liquidación, cuando se desguazó el Frigorífico Regional Santa Elena. Dolores llegó junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y con el aval del dirigente social Juan Grabois.
Ese día, además, nació Proyecto Artigas, una iniciativa que buscó transformar un campo de los Etchevehere en un escenario para la experimentación de una iniciativa agroecológica.
En alianza con Grabois y como parte de la presentación de la Fundación Artigas, Dolores Etchevehere decidió ceder el 40% de las tierras que posee en Entre Ríos. «He decidido ceder el 40% de mi herencia para construir un proyecto agroecológico sobre las tierras que me corresponden. Un cuarto de la sucesión de los Etchevehere. Esa porción es para reparar el daño que se hizo. El proyecto comienza hoy, 15 de octubre. Hoy plantamos la primera semilla en la tierra que soy propietaria por derecho natural, derecho que me permite utilizarlas desde ahora mismo», anunció la única hija mujer de Luis Félix Etchevehere.
Pero ese mismo jueves su propia familia la denunció por usurpación: la denuncia, que se presentó en la Unidad Fiscal de La Paz -a 60 kilómetros de Santa Elena-, fue firmada por su madre y su hermano Juan Diego, como apoderados de Las Margaritas SA, la firma que se adjudica la titularidad de ese predio, Casa Nueva.
La ocupación de Casa Nueva y su mediatización agudizó una guerra en los Etchevehere que hasta entonces se libraba sólo en los Tribunales: en 2011, Dolores había denunciado a su madre y a sus hermanos por estafa.
Fue el tiempo de la guerra declarada: la familia de Dolores sacó un as de la manga.En la presentación que hicieron ante los fiscales Oscar Sobko y María Candela Bessa, en la Fiscalía de La Paz, detallaron que la donación del 40% de esa tierra constituyó un engaño. En la presentación judicial señalaron que «hasta el mismísimo grupo conducido por el Dr. Juan Grabois ha sido estafado en su buena fe, pues hace exactamente dos años atrás, un día 16/10/2018, por escritura pública, la Sra. Dolores Etchevehere, en los términos del artículo 215º de la Ley 19.550, cedió la totalidad de su tenencia accionaria de Las Margaritas S.A., conformada por la cantidad de 22.875 acciones de valor nominal, a favor del Grupo Mirus S.A, con domicilio en Barrio La Peregrina, Lote 153, sito en calles Rivadavia y San Mateo, localidad de Derqui, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, que se remitirá digitalmente para vuestro conocimiento”.
En el pleito intervino un juez subrogante, el juez de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de La Paz Raúl Damir Flores -el juez de Garantías, Walter Carballo estaba de licencia, y se reincorporó este lunes 27- que no hizo lugar a la cautelar que pidieron los fiscales y el abogado querellante Rubén Pagliotto: el desalojo. El argumento del magistrado fue que la sucesión del difundo Luis Félix Etchevehere no estaba resuelta y Dolores era tan heredera como sus tres hermanos varones.
«Que finalmente resta considerar en esta disputa meramente familiar, lo informado a la Fiscalía por el Sr. Juez Civil y Comercial Nº 7, Dr. Martín Furman el día 17-10-2020, remitiéndole copia de la declaratoria de herederos de la sucesión de Luis Felix Etchevehere del año 2010, en la cual Dolores Etchevehere es declarada heredera junto a sus hermanos y su madre. Además informa el juez civil, y esto es dirimente para este juzgado, que: 1) ‘en el marco del sucesorio NO HAY PARTICION, … nunca se aprobó ninguna cuenta particionaria, ni adjudicación, para ello es necesario que previamente se culmine con la tarea de inventario’», señaló en su resolución.
El juez Flores fue por la resolución a través de la vía pacífica. «Que lo que diré en este considerando no hace a la cuestión resuelta, por ello pido disculpas a laspartes su mención, pero mi formación judicial desde «el derecho de las familias» me lleva a la necesidad de ofrecer a los hermanos Etchevehere poder pensar una solución pacífica, armónica, desde el ganar-ganar, distinta a lo visto hasta entonces y con la ayuda de operadores bienintencionados, evidenciando con el ejemplo que todo esto es material y por lo tanto quedará en la tierra», dispuso.
Y por eso convocó a una audiencia de conciliación, el domingo 26, a la que no sólo no acudieron la madre y los tres hermanos varones ni su abogado sino que además resolvieron recusar al magistrado. Además, resolvieron mantenerse en la puerta de Casa Nueva hasta que la Justicia les dé la razón, aún desoyendo un mandato judicial en una causa por extorsión en contexto de violencia de género por la cual se les prohibió realizar actos molestos en perjuicio de Dolores.
El juez Flores rechazó su recusación, aunque habilitó la apelación que plantearon Fiscalía y querella, y el caso derivó para su tratamiento al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. En el ínterin, el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, reasumió su función y será quien ahora siga la causa.
Aunque todavía no se apagan los ecos de la furibunda diatriba del dirigente Juan Grabois, el lunes 27, en la Rural de Buenos Aires. “Pedimos verdad, Justicia y reparación no solamente para Dolores, sino para todas las víctimas directas e indirectas de este clan mafioso, que es la expresión más clara de las minorías que constituyen los poderes fácticos a los que nadie vota en elecciones, pero que manejan la Argentina como si fuera su estancia o su empresa”, sostuvo Grabois.
“Pedimos verdad, Justicia y reparación no solamente para Dolores, sino para todas las víctimas directas e indirectas de este clan mafioso, que es la expresión más clara de las minorías que constituyen los poderes fácticos a los que nadie vota en elecciones, pero que manejan la Argentina como si fuera su estancia o su empresa”, sostuvo Grabois.
La audiencia ante la jueza Castagno continúa ahora con la alegación del querellante Rubén Pagliotto y resta la exposición de los defensores de Dolores Etchevehere, Lisandro Mobilia y Daniela Verón, abogada del Ministerio de Justicia de la Nación.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora