En los Tribunales de La Paz se decidirá este miércoles 6,  a las 9, si Dolores Etchevehere va a juicio acusada de los delitos de usurpación y desobediencia a la autoridad tras lo incidentes ocurridos en el campo Casa Nueva, en Paraje El Quebracho, en el acceso a Santa Elena, a finales de octubre de 2020.

“Esta causa muestra no solamente la doble vara de la Justicia entrerriana sino su complicidad con la violencia de género que ejercen los hermanos contra Dolores Etchevehere”, manifestó Facundo Taboada, abogado de Dolores. «No se puede escindir esta causa de las más de diez que componen el caso Etchevehere porque la matriz es la misma, la constante violencia económica contra Dolores, lo cual fue reconocido por el fiscal federal Federico Delgado, el juez federal Rafecas y por el mismo juez de la sucesión Martin Furman, quien además sufrió la violencia de los Etchevehere en primera persona”, aseguró.

“La sucesión de Luis Félix Etchevehere está indivisa, los Etchevehere fueron condenados por maniobras fraudulentas, vaciaron una empresa, estafaron trabajadores y la rendición de cuentas está siendo analizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la justicia federal. El Ministerio Público Fiscal insiste con impulsar la causa de usurpación que no tiene sentido porque Dolores es tan propietaria de Casa Nueva como sus hermanos”, planteó el letrado.

Esa audiencia de remisión a juicio, solicitada por los fiscales Oscar Sobko y Constanza Bessa, viene siendo aplazada.

No fue el lunes 23 de agosto. Tampoco el 6 de septiembre. No fue el lunes 20 de septiembre, como fue programándose. Recién este miércoles 6  será la audiencia de remisión a juicio de la causa por usurpación y desobediencia judicial que tiene como imputada a Dolores Etchevehere a raíz de los incidentes que ocurrieron un año atrás en la estancia Casa Nueva, propiedad de Las Margaritas SA, en el Paraje El Quebracho, en el acceso a Santa Elena. El trámite viene siendo aplazado por distintos imponderables.

La toma de aquel campo se produjo el 15 de octubre de 2020 y suscitó la atención nacional, puesto que contó con el apoyo e impulso del dirigente del movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) y abogado Juan Grabois.

Al campo también ingresó el abogado porteño Facundo Taboada, también imputado en la causa que tramita la Fiscalía de La Paz, y un grupo 40 personas del MTE. Dos semanas después, el 29 de octubre, la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno, dispuso el desalojo de los ocupantes. Entonces, todos los integrantes fueron retirados, pero sólo Dolores Etchevehere se negó a acatar la orden de la magistrada y por ello se le imputó el delito de desobediencia judicial.

 

El 4 de junio de este año, a casi un año de los hechos, los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, de la Unidad Fiscal de La Paz, solicitaron la remisión de la causa a juicio, con un pedido de condenada de un año de prisión condicional –no irán presos- para Dolores y el abogado Taboada. Pero ese trámite se ha aplazado ya tres veces.

La dirigente de Proyecto Artigas está acusada de haber tomado ilegalmente la estancia Casa Nueva, propiedad de la firma Las Margaritas SA, que dirige su madre Leonor Barbero Marcial. Dolores defendió –y defiende- la toma asegurando tener derechos hereditarios sobre la propiedad, que perteneció a su padre, Felix Etchevehere, quien murió en 2009. La estancia se encuentra ubicada en Paraje El Quebracho, en el acceso a Santa Elena, en el departamento La Paz.

No obstante, la Fiscalía entiende que Dolores “carecía de todo derecho para esa toma de posesión, ya que no tenía derechos hereditarios sobre la propiedad, al haber cedido su parte en forma onerosa con anterioridad”.

La toma se produjo el 15 de octubre de 2020 y suscitó la atención nacional, puesto que contó con el apoyo e impulso del dirigente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) y abogado Juan Grabois.

Al campo también ingresó el abogado porteño Facundo Taboada y un grupo 40 personas del MTE. Dos semanas después, el 29 de octubre, la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno, dispuso el desalojo. Entonces, todos los integrantes fueron retirados de la estancia, pero sólo Dolores Etchevehere se negó a acatar la orden de la magistrada y por ello se le imputó el delito de desobediencia judicial.

El 4 de junio de este año, a casi un año de los hechos, los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, de la Unidad Fiscal de La Paz, solicitaron la remisión de la causa a juicio, con un pedido de condenada de un año de prisión condicional –no irán presos- para Dolores y el abogado Taboada.

En el escrito de remisión, al que tuvo acceso Entre Ríos Ahora, los fiscales describieron los hechos y señalaron que para el juicio oral y público solicitarán que sean citados como testigos 21 personas, entre funcionarios policiales, trabajadores de la estancia e integrantes del movimiento de Grabois que participaron de la toma, según la Fiscalía, “inducidos a error” por Dolores y Taboada.

Los defensores de los acusados son los abogados Lisandro Mobilia y Patricio Cozzi; mientras que el abogado querellante por parte de la familia Etchevehere es Rubén Pagliotto.

Remisión a juicio Dolores E… by Entre Ríos Ahora

En el escrito elevado por los fiscales al juez, se indica que el 15 de octubre de 2020, aproximadamente a las 11, Dolores y Taboada ingresaron a la estancia Casa Nueva, exigiéndoles a los empleados que entreguen las llaves de la puerta de ingreso a la casa principal. Precisaron que el pedido se lo formularon a la empleada Ramona Rodríguez, a quien además, según la Fiscalía, amenazaron con “que debería retirarse en minutos, en caso de no otorgar las mismas” y que ante su negativa “ingresaron a su vivienda -sita en el mismo establecimiento- y tomaron un grupo de llaves que había colgadas en el comedor del domicilio”.

Enseguida, los acusadores relataron que “habiendo abierto -sin violentar- una de las ventanas de la casa principal, ingresaron a la misma, habitando esas instalaciones hasta el día 29 de octubre de 2020; además de realizar trabajos en la tierra, modificando la explotación ejercida sobre el establecimiento; y comunicarles a los trabajadores Ángel Martínez, Ramona Rodríguez y Osmar Barreto, los lugares a los que no podían dirigirse o transitar, impidiendo así el normal desenvolvimiento de su trabajo, e intimidándolos”.

Luego resaltaron que “todo lo narrado fue efectuado en conocimiento de carecer de derechos sobre el Establecimiento Rural Casa Nueva, sobre el cual se ejercía la pacífica tenencia y explotación agrícola, tambera y ganadera, por parte de la entidad Las Margaritas S.A.».

El segundo hecho, se le imputa sólo a Dolores, y tiene que ver con haberse opuesto a abandonar la estancia tras la orden judicial del 29 de octubre emanada por la jueza Castagno. Por esa actitud, la dirigente fue detenida.

Casa Nueva, a nombre de Las Margaritas SA 

En el texto de remisión a juicio, los fiscales destacaron que Dolores Etchevehere no cuenta con derechos sobre la propiedad tomada y que ello quedó demostrado por su madre, Leonor Barbero Marcial, presidenta de la sociedad Las Margaritas SA, quien al denunciar la usurpación presentó documentación en la que se asentó que el 31 de agosto de 2018, su hija, mediante un acuerdo privado, “ha cedido el 100 por ciento de los derechos sucesorios a favor de los restantes herederos y socios, en el sucesorio del causante Luis Felix Etchevehere”.

“Se convino así, la separación mensura y deslinde de parte de aquel campo ‘Casa Nueva’, asignándose a Dolores Etchevehere un lote que no coincide con el casco del Establecimiento, lo que a la fecha del hecho no se había escriturado ni se había tomado posesión. De ello se deriva necesariamente el pleno conocimiento tanto de Dolores, como del abogado Taboada, de que la irrupción realizada carecía de cualquier viso de legalidad. Vale mencionar, de igual modo, que del informe remitido por el Registro de la Propiedad Inmueble de La Paz, dichos inmuebles pertenecen a la sociedad Anónima ‘Las Margaritas’”, subrayaron los fiscales Sobko y Bessa en el escrito de remisión a juicio.

En esa línea, sostuvieron que “para realizar la ocupación ilícita, los nombrados utilizaron a un grupo numeroso de personas, a quienes se los indujo a error al asegurárseles que la Sra. Dolores Etchevehere tenía derechos sucesorios sobre el inmueble y había sido ilegítimamente despojada del mismo”.

Más adelante, solicitaron que en caso de que el caso sea elevado a juicio se convoque como testigos a 21 personas, entre ellos los familiares de Dolores, trabajadores de la estancia, funcionarios policiales e integrantes del Proyecto Artigas que participaron de la toma.

Los testigos, son: Leonor María Magdalena Barbero Marcial (madre de Dolores y denunciante); los trabajadores de la estancia Ángel Roberto Martínez y Ramona Magdalena Rodríguez; el exministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Etchevehere; su hermano Juan Diego Etchevehere; Mariano Hernán Rubiolo; el escribano José Luis Zuffiaurre; Stella Maris Denis, Oficial Ayudante de la Policía de La Paz; Eitan Slomka, dirigente del MTE, oriundo de Neuquén; José Nicolás Capropresi, dirigente del MTE oriundo de la ciudad Autónoma de Buenos Aires; Annelise Dieterle, Oficial Sub Inspector de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales La Paz; Ángel Roberto Martínez, encargado rural domiciliado en el Departamento Diamante; Fabián Olivetto, dirigente del MTE; Mario Ceferino Silvetti, Jefe de División Publicidad Registral Firma Autorizada Registro Público de La Paz; Guillermo Fritz, Ingeniero del Laboratorio Regional de Investigación Forense del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos; Gimeana Velazquez, Oficial Inspector; Comisario General Gustavo Maslein, Jefe de la Policía de Entre Ríos; María Mercedes Bolognini, Oficial Principal de la Policía de Entre Ríos; los santaelenenses Diego Enrique y Jeremias Retamar;  Leonardo G. Gastón Sosa, Oficial Principal de la Policía de Entre Ríos,; y Javier Genre Bert, Oficial Principal, de la División Tóxicos de la Jefatura Departamental de Policía de La Paz.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.