«Es falso que me hayan llamado a indagatoria. El gobierno y sus aliados vuelven a hostigar a los que no pensamos como ellos. Como en Formosa, persiguen a los que no nos dejamos subyugar».
El tuit publicado por el exministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, fue en respuesta a la noticia que circuló este miércoles en torno a una presentación del fiscal federal Federico Delgado para que el juez federal Daniel Rafecas, que tramita una denuncia por extorsión y violencia doméstica, presentada por la hermana del exfuncionario, Dolores Etchevehere, salga de los Tribunales porteños y sea derivada a la Justicia Federal de Paraná.
Es falso que me hayan llamado a indagatoria. El gobierno y sus aliados vuelven a hostigar a los que no pensamos como ellos. Como en Formosa, persiguen a los que no nos dejamos subyugar. #NoSomosLoMismo
— Luis Etchevehere (@lmetchevehere) March 11, 2021
Etchevehere dice que la Justicia Federal no tiene competencia para investigar, y prueba de ello es que el propio Delgado pidió que la causa sea derivada Entre Ríos. «Esta causa lo excede a Delgado, y de igual forma opinó -dijo Etchevehere a Entre Ríos Ahora-. El fiscal opina que se nos debe llamar a indagatoria en Entre Ríos, cuando él no es competente».
En su dictamen, Delgado asegura que «gran parte de los conflictos familiares que envuelven a aquel grupo (se refiere a los Etchevehere) escapan a la competencia de la Justicia Federal de esta ciudad. Se trata de problemas de personas privadas que, por el capital simbólico y político más el prestigio social que poseen, trascienden las fronteras familiares y se desplazan de la justicia común a la federal solamente por el momento en que uno de los imputados ejerció funciones federales (Luis Miguel Etchevehere, ministro del gabinete de Macri, entre 2015 y 2019, NdelR). Aunque ello no modifica los rasgos del hecho a la hora de determinar su competencia territorial».
Luego, en el escrito sostiene que el artículo 37° de la Ley de Procedimiento Criminal que gobierna estas actuaciones, reglamenta una parte del artículo 18° de la Constitución. La norma establece una fórmula para distribuir el trabajo judicial y básicamente dice que es competente para juzgar los hechos el juez con jurisdicción en el lugar en que el suceso se cometió. Casi el 90% de la materialidad de los acontecimientos denunciados ocurrieron en la provincia de Entre Ríos. Allí viven los actores, allí está su patrimonio, allí tramita la sucesión cuya resolución es la clave de los problemas y en los tribunales de la provincia yacen los expedientes más importantes en los que se condensó el hecho».
Más adelante, el fiscal señala: «Sin embargo, y como luego se verá, el legajo no debería excitar el conocimiento de la justicia común de Entre Ríos. Ello es así, porque parte de los acontecimientos se edificaron sobre la base de los capitales políticos y simbólicos de Luis Miguel Etchevehere como ministro del Poder Ejecutivo Nacional. El impacto de esos capitales afectó, como luego se verá, el desenvolvimiento de las instituciones provinciales. Precisamente por ello quien debe conocer en estos autos es el juez federal en turno de la provincia de Entre Ríos».
«Con esas limitaciones -dice Delgado-, la Fiscalía va a proponer que VS asigne conocimiento a su par de Entre Ríos, aunque con una petición concreta. Desde la perspectiva del Ministerio Público Fiscal, existe el grado desospecha que exige el artículo 294 del CPPN para requerir explicaciones a Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián Arturo Etchevehere y Leonor Barbero Marcial porque la situación de asfixia económica a la que es sometida Dolores infringe las previsiones contenidas en el artículo 168 del Código Penal, en función de la ley 26485 de protección integral de la mujer. En pocas palabras, es sometida a un mecanismo de intimación derivado del uso particular del sistema institucional, para torcer su voluntad y que, en consecuencia, producto de la asfixia económica suscribió un acuerdo privado de división de bienes independientemente de las previsiones del Código Civil y Comercial en materia sucesoria».
Hay una denuncia que se presentó en 2013, por estafa, y que tramita el juez de Transición Carlos Hugo Ríos. La promovió Dolores Etchevehere contra sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial.
El 6 de diciembre de 2013, el fiscal Ignacio Aramberry elevó al entonces juez de Instrucción Alejandro Grippo la “denuncia presentada por la ciudadana Dolores Etchevehere ante esta Fiscalía a mi cargo”: 20 carillas de mucha información que ponía contra las cuerdas a sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y a su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial.
El 20 de diciembre de ese año, Dolores Etchevehere ratificó ante el juez Grippo los términos de la denuncia formulada por escrito.
Contó de qué modo, con qué maniobras, bajo qué paraguas su familia pretendió cometer una serie de hechos ilícitos en las empresas familiares que tendrían alto impacto social: en 2018, una de las firmas del holding familiar, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario, dejó en la calle a 80 trabajadores sin pagarles indemnización, e ingresó en concurso preventivo.
La causa se prolongó en el tiempo y los Etchevehere nunca fueron llamados a indagatoria sino hasta finales de octubre de 2020, cuando se conoció la decisión del juez Ríos. Durante el año último declararon los tres hermanos. Este viernes lo hará Leonor María Magdalena Barbero Marcial, la madre.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora