Tres exministros de la administración del radical Sergio Alberto Montiel, fallecido el 1° de noviembre de 2011, se sentarán este lunes en el banquillo de los acusados, en un juicio por defraudación a la Administración Pública.

Será a las 9, en el Tribunal de Juicios y Apelaciones, conformado por los jueces Alejandro Grippo, Pablo Vírgala y Elbio Garzón. Como fiscal, actuará Carolina Castagno.

Se trata de los ex ministros de Gobierno, Enrique Carbó; de Economía, Oscar Berón; y de Salud y Acción Social, Rubén Villaverde. Todos están acusados del delito de Defraudación a la Administración Pública y Falsedad Ideológica, ya que según entiende la Justicia emitieron decretos antedatados que permitieron el pase a planta permanente de empleados públicos.

La investigación, que se inició en 2004, ha transitado varios despachos en la Justicia entrerriana. Primero fue el ya retirado juez Héctor Toloy, apartado de la causa por parcialidad; le siguió Ricardo González, que luego fue promovido a camarista. Más tarde, Patricia Yedro, que ahora es fiscal.

El expediente judicial indica que durante el gobierno de Montiel, durante el mes de mayo de 2003, se suscribió un acuerdo general de ministros, refrendado por el decreto Nº 2136/02, “el cual había sido reservado con anterioridad”, por el que se designó en la planta de personal permanente del Ministerio de Acción Social a 16 personas, “antedatando su fecha de emisión, insertando así falsamente en éste -como fecha de su dictado- el día 31 de mayo de 2002, con el evidente propósito de procurar con ello que los mencionados agentes perciban sus haberes a partir de la fecha aludida precedentemente, es decir, con un año de retroactividad a la fecha real de emisión del decreto en cuestión”.

Con esa maniobra, dice la acusación de la Fiscalía, “sufrió el erario público provincial un perjuicio económico toda vez que, no obstante que los agentes aludidos registraron el alta efectiva en las categorías en que fueron designados en el mes de junio de 2003, se les liquidaron los haberes y se les reconoció antigüedad en  forma retroactiva”.

A raíz del dictado de ese decreto que se reprocha en la Justicia, el 25 de agosto de 2003 “se libró la orden de pago Nº 7887, de $86.059,00, correspondiente a liquidación complementaria de haberes del mes de julio de 2003, suscripta por el entonces secretario de Haciendas CPN, Fabián Boleas, en la cual se incluye la liquidación retroactiva de haberes correspondientes a los agentes designados por el decreto  2136/02, por el período comprendido entre el 31/05/02 y  el mes de Julio de 2003, disponiéndose seguidamente, en cumplimiento de dicha orden, por Nota Nº 5282/03 de Tesorería General de la Provincia, acreditar en la cuenta Nº 90269/4 de M.A.S. el aludido importe de $86.059,00 y abonándoseles las sumas correspondientes a cada uno de los agentes incluidos, por ventanilla o mediante acreditación en cuenta”.

“Que ello así, en virtud del ilegítimo proceder de los imputados, desplegado en ocasión de insertar falsamente y a sabiendas en el decreto Nº 2136/02, al momento de suscribirlo, una fecha de emisión antedatada, ocasionaron que se les abonen sus haberes a los agentes comprendidos en aquél  a partir del día 31/05/02, superponiéndose tales pagos con las remuneraciones y ayudas económicas que también se les abonó durante igual período, lo cual, al ser  advertido posteriormente en el ámbito de la Dirección de Administración del Ministerio de Salud y Acción Social  fue subsanado y descontados los importes abonados demás”.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.