La Cámara de Casación Penal rechazó el planteo de la defensa de Jorge Nicolás Martínez, sindicado como autor del femicidio de Fátima Acevedo, y confirmó de ese modo la resolución del 28 de septiembre último, emitida por el juez de juicio Gustavo Pimentel, que dispuso que siga con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná por 90 días, medida que vence el próximo 17 de diciembre..

En su resolución, Pimentel entendió que Martínez actuó «deliberadamente con miras a entorpecer el accionar de la Justicia», y destacó el modo cómo el acusado logró que Fátima abandonara el lugar donde residió, la Casa de la Mujer de la Municipalidad, y llevarla hasta su casa, en la zona de calle Hernandarias, donde finalmente la habría ultimado. Así, «demostró una elaborada forma de obrar sobre seguro y sin testigos que eventualmente lo vinculen» con el crimen.

El caso tuvo una novedad el 11 de este mes: el juez de Garantías Mauricio Mayer resolvió enviar a juicio oral , ante un jurado popular, el caso. . La Fiscalía adelantó que en el juicio oral pedirá la pena de prisión perpetua Fátima Acevedo desapareció el domingo 1° de marzo último y su cuerpo fue hallado el domingo 8, Día Internacional de la Mujer, en el fondo de un pozo, cerca de la casa de su expareja.

Fátima Acevedo Casación.RTF by Entre Ríos Ahora

Sebastián Lescano y Jorge Sueldo, defensores de Martínez, señalaron que la resolución del juez Pimentel «no hizo lugar a lo solicitado por la defensa e hizo suyos los argumentos vertidos por la Fiscalía para dictar la medida de prórroga por 90 días; basándose en la subsistencia de los riesgos procesales invocados por la Fiscalía ya en las anteriores peticiones, esto es entorpecimiento de la investigación y riesgo o peligro de fuga». Dijeron que la alegada intimidación a testigos resulta «sólo conjetural». Y reprocharon el peligro de fuga planteado como argumento para dictar la prisión preventiva.

Dijeron también que en relación al riesgo o peligro de fuga, se afirma que el mismo subsiste y que no puede ser neutralizado de otra manera menos gravosa, sin siquiera analizar  por qué no sería viable la medida ofrecida en sustitución por la defensa; teniéndose en cuenta que los únicos vínculos familiares que el imputado posee se ubican en la ciudad de Paraná (el padre y la hermana) y San Benito (madre), que no posee una gran fortuna ni él ni siquiera su grupo familiar, así como tampoco posee pasaporte. Ello sumado al hecho de la gran profusión de su imagen a nivel nacional desde la misma ocurrencia del hecho y donde desde el inicio se lo sindicó como responsable. A eso, sumaron el hecho de toda la normativa de salud por la pandemia de Covid 19 que impiden a cualquier ciudadano el poder desplazarse dentro de un mismo poblado, así como la existencia de controles vehiculares y de identidad por parte de las fuerzas provinciales y nacionales de seguridad.

Por eso insistieron en la prisión domiciliaria. El defensor Sueldo alegó que la resolución afecta no sólo el estado de inocencia y el derecho de defensa, sumado a que no satisface las características de las medidas de coerción tales como la necesariedad y resultar indispensable. Más aún cuando nos encontramos atravesando un fenómeno que la Organización Mundial de la Salud ha categorizado como pandemia debido a su propagación mundial, lo cual puede llegar a colapsar el sistema de salud. Por otra parte consideraron que la gravedad del hecho no puede ser base suficiente para determinar la prisión preventiva debiendo verificarse en el caso concreto los riesgos procesales exigidos pacíficamente por la doctrina y jurisprudencia, lo que no se ha hecho.

 Los fiscales Leandro Dato e Ileana Viviani pidieron el rechazo del planteo en Casación.  Dijeron que se acreditó que existe probabilidad de participación punible en el hecho por parte de Martínez, como así también la posibilidad de intimidar a testigos , y un claro peligro de fuga, basada en la escasa colaboración del grupo familiar, la expectativa de pena, y la conducta posterior al hecho de Martínez.

En su voto, el juez Hugo Perotti entendió que tanto el juez de Garantías Mauricio Mayer como el juez de juicio Gustavo Pimentel «dieron las razones por las cuales correspondía mantener la prisión preventiva, haciéndola efectiva en la Unidad Penal, por el plazo de noventa días más, que se vencen el próximo día 17 de  Diciembre». Y agregó: «Comparto ambas decisiones, aunque no coincida en la alternativa de poner, como fecha límite de la medida cautelar, la fecha de la audiencia de remisión a juicio, porque ésta es aleatoria y podría extenderse en el tiempo. Los 90 días, en cambio, constituyen una fecha (y límite) determinado. Ello sin perjuicio de instar a que se finalice cuanto antes la investigación penal preparatoria y se pueda llevar a cabo la Audiencia».

Al voto de Perotti adhirieron las juezas Marcela Davite y Marcela Badano.

El caso

La Fiscalía le hace tres imputaciones a Martínez: 1) el 31 de enero, en la casa que habitaba junto a Fátima Acevedo, en una relación caracterizada por la violencia, le arrojó ácido muriático en la cara, sin lograr su cometido; en otro episodio, afiló una cuchilla frente a la mujer, con gesto amenazante; también este año, y estando vigente las restricciones impuestas por la Justicia, el 1° de febrero retuvo contra su voluntad a Fátima, con tuvo una relación desde el año 2014 y fruto de la cual nació un hijo; 2) el 2 de marzo, un día después de la presumible muerte violenta de Fátima, Martínez intentó operar con su tarjeta de débito en la sucursal del Bersa de Gualeguaychú y Alsina, sin éxito por cuanto ya estaba bloqueada; y 3) el femicidio ocurrido el 1° de marzo.

Fátima Acevedo tenía botón antipánico mientras permaneció alojada en la Casa de las Mujeres, que depende de la Municipalidad de Paraná. Hasta ese lugar fue derivada luego de la intervención de Fiscalía a raíz de una denuncia por violencia de género de principios de febrero.

El domingo 1° por la mañana salió de la Casa de las Mujeres a encontrarse con su expareja, Jorge Martínez. Habían hablado antes de la posibilidad de comprar un teléfono celular por Mercado Libre, y por eso es que ella salió a encontrarse con su ex, a quien había denunciado por violencia de género. Después de ese encuentro a Fátima no se la volvió a ver sino hasta la mañana del domingo 8 de marzo, cuando su cuerpo fue hallado en un pozo, de 18 metros.

Según publicó el diario Uno, esde 2017 hay antecedentes de violencia de género y familiar, con causas tramitadas en el Juzgado de Familia Nº 1 de Paraná. De manera prolongada en el tiempo Fátima daba cuenta de una convivencia marcada por la violencia física, psicológica y sexual de Martínez. La golpeaba cuando se negaba a tener relaciones sexuales, la perseguía. Le decía “si no sos mía, no sos de nadie”. Este año comenzaron las denuncias en la Fiscalía.

El 31 de enero, en la casa de Martínez, el hombre intentó arrojarle ácido muriático en la cara. Luego, en sentido amenazante, afiló una cuchilla. La Justicia le dictó a Martínez medidas de restricción de acercamiento, que le fueron notificadas el 6 de febrero.

Fátima decidió irse y encontró refugio en la Casa de la Mujer de la Municipalidad.

La mujer acudió nuevamente a la Justicia porque necesitaba sus pertenencias y las de su hijo, que habían quedado en la casa de Martínez, como la tarjeta de cobro de Sidecreer, que la expareja no quería devolverle. Las pudo recuperar con una orden de allanamiento.

La última denuncia la realizó el 11 de febrero, cuando manifestó que Martínez andaba por la zona de la Casa de la Mujer, y que aún quedaban en la vivienda elementos de su hijo por recuperar.

El 20 de febrero Martínez le envió un mensaje a Fátima de San La Muerte.

El 28 de febrero Martínez redactó un mensaje que no envió, en la aplicación de Notas de su celular, como si lo hubiera escrito Fátima: “Nicolás este es un trabajo que si me va bien me van a dar una casa para vivir con mi hijo y me lo descuentan, pero no se qué hago dándote explicaciones”.

El 29 de febrero Fátima fue a la casa de Martínez. Esa noche vecinos escucharon gritos de discusión, que solían ser habituales.

El domingo 1° de marzo Fátima se fue de la Casa de la Mujer y no regresó. Su excuñada fue a llevarle a su hijo (lo tenía por el régimen de visitas establecido por la Justicia) y no la encontró. Según la Fiscalía, en un horario cercano al mediodía, Martínez retuvo en contra de la voluntad a Fátima Florencia Acevedo, la mantuvo oculta en un lugar no determinado con el fin de que continúe en pareja con él. Según Martínez, la despidió esa mañana cuando volvía al refugio.

El lunes 2 de marzo, una amiga de Fátima radicó la denuncia. Ese mismo día, a las 16.33, Martínez utilizó la tarjeta de cobro de Fátima e intentó realizar una extracción de dinero de un cajero de la sucursal del banco Bersa de calle Gualeguaychú y Alsina. La misma estaba bloqueada.

El martes 3 de marzo, a la noche, la Policía allanó la casa de Martínez, secuestró diversos elementos y se ordenó su detención.

El miércoles 4 se recibió el informe de las pericias al celular de Martínez. Encontraron un mensaje de texto escrito en la aplicación Notas el 2 de marzo, modificado y enviado el 3, a la compañera de Fátima que está en la Casa de la Mujer. En el mismo, Martínez se hace pasar por Fátima y le dice que está cautiva e incomunicada a manos de gitanos, que está bien, en un trabajo que va a ganar mucho dinero, y que extrañaba a su hijo. Ese mensaje fue enviado desde el teléfono de Martínez, con otro chip. También se encontró que la última búsqueda en Google fue de fotos de salas de velatorio.

El jueves 5 de marzo, cuando Fátima Acevedo permanecía aún desaparecida,y la Justicia tramitaba una denuncia por violenia de género contra Martínez, el fiscal Leandro Dato pidió la prisión preventiva por 60 días, pero el juez de Garantías Mauricio Mayer sólo accedió a aplicarle 15 días de arresto en la cárcel. Cumplido ese plazo, el 20 de marzo el juez de Garantías José Eduardo Ruhl homologó el acuerdo al que llegaron el fiscal de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual, Leandro Dato, y el defensor oficial Jorge Balbuena, y los querellantes Milton Urrutia y María Alejandra Pérez, para que Jorge Nicolás Martínez, único sospechado por el femicidio de Fátima Acevedo, permanezca con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná por otros 90 días.

El 18 de junio, el juez de Garantías Mauricio Mayer dispuso prorrogar por 30 días la prisión preventiva de Martínez. Entonces, el magistrado consideró que en ese plazo la Fiscalía deberá concluir la etapa probatoria de la investigación y pedir la celebración de la audiencia de remisión de la causa a juicio oral. «Justicia lenta no es justicia», razonó el juez Mayer al rechazar el pedido del Ministerio Público Fiscal de aplazar la prisión preventiva por otros 90 días en la Unidad Penal de Paraná. El fiscal Leandro Dato había argumentado que entre «30 a 40» días sería el plazo que insumiría colectar la prueba, y otros «10 a 15» días para presentar el escrito de remisión de la causa a juicio. El magistrado tuvo otra mirada, y consideró que todo eso podría concluirse en un plazo de 30 días.

El 22 de julio, la jueza de Garantías Elisa Zilli dispuso mantener en la Unidad Penal de Paraná por otros 60 días con prisión preventiva a Martínez. La magistrada coincidió con la Fiscalía en que subsisten los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga por parte de Martínez.

De ese modo, Zilli hizo lugar al planteo del fiscal Leandro Dato y de la querella particular, representada por María Alejandra Pérez. “Entiendo razonable el pedido de prórroga”, apuntó. Y rechazó la petición de arresto domiciliario propuesto por el defensor Jorge Sueldo por cuanto, dijo, el Estado carece de un dispositivo de control de la medida mediante tobillera electrónica.

Foto: Gentileza Lucha en la Calle

De la Redacción de Entre Ríos Ahora