Romina Roda, la chica de 23 años asesinada el domingo por la mañana por su expareja, Jonatan Rivero, de 20 años, había formulado denuncias previas en la Justicia por violencia de género.
Rivero confesó el femicidio ante un agente de la Policía, y quedó detenido. Mientras, comenzaron a trascender los antecedentes del caso, y sobre todo la existencia de intervención judicial previa al femicidio del domingo.
Son denuncias que datan de 2018. Sus amigos también aportaron sus estados de Whatsapp que muestran el hostigamiento que estaba sufriendo por parte de su expareja.
«Sos un abusador de niños miserable hdmp», dice en un estado.
Romina había hecho dos denuncias contra Jonatan. Una, el 13 mayo de 2018, en la que el Juzgado de Familia de La Paz, a cargo del juez Raúl Damir Flores, fijó un régimen de contacto entre el joven y su pequeña hija y una cuota alimentaria.
En octubre, Romina denunció a Rivero por abuso sexual infantil. En dicho expediente, intervino el fiscal Facundo Barbosa y el Juzgado de Garantías, a cargo de Walter Carballo. De este expediente, transcendió que al acusado se le impuso una restricción por noventa días y, tras las pericias, el caso se archivó por falta de pruebas.
En su perfil de Facebook, el Juzgado de Familia de La Paz salió a dar explicaciones sobre la denuncia que recibieron de Romina en 2018.
«Ayer (por este domingo) no fue un día más para nuestra comunidad, arrancamos la mañana con la noticia del femicidio de Romina Ayelen Roda, una joven madre con todo por delante y que fue brutalmente asesinada por su ex pareja, lo que nos duele (y mucho) sabiendo que no tuvo posibilidades ante su agresor», arranca el mensaje.
En otro párrafo, señalaron que «la mayoría de las personas no sabe cómo está organizada la Justicia de la Provincia, la gente quiere que se le protejan sus derechos, y créanme que nadie más que nosotros sentimos la obligación y el deber de garantizar los mismos».
«Los jueces de familia no pueden meter preso a una persona, no investigan delitos, tienen otras funciones entre ellas intervenir en situaciones de violencia lo cuál se hace inmediatamente que se toma conocimiento de un hecho de éstas características, muchas veces incluso con la negativa de denunciar por parte de la víctima.», agregaron.
En ese sentido, explicaron que «en nuestra ciudad ni bien se nos anoticia de una denuncia analizamos en conjunto con el Equipo Técnico (Psicóloga, Psiquiatra y Trabajadoras Sociales), definimos cuales son las decisiones más urgentes por tomar (en base a un análisis de riesgos) y en menos de una hora sacamos las medidas de protección, y luego se continúa el abordaje, todo ello 24 horas al día, todo los días del año, no hay feriados, no hay fines de semana, porque es una problemática que está tristemente arraigada en nuestra comunidad».
«Estas primeras medidas -prosiguieron- se adelantan por correo electrónico a las Comisarías, especialmente a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar (de la que solo tenemos palabras de agradecimiento por su compromiso y disponibilidad), automáticamente una vez que la Policía recibe las medidas notifica a las partes, tanto a las víctimas como a los agresores, para que tomen conocimiento inmediato de la existencia de medidas, y se los hace saber a éstos que en caso de no cumplirlas cometen un delito (art. 239 del Código Penal)».
En ese sentido, puntualizaron que si el denunciado efectivamente no cumple las medidas «son los Fiscales que deben intervenir, justamente para investigar –y en su caso- llevar a juicio al mismo por cometer el delito que les mencionamos anteriormente, además de cualquier otro que se hubiera cometido (lesiones, amenazas, etc.), los fiscales son quienes pueden ordenar la detención de una persona de la que se sospecha que cometió un delito, y pueden pedir al Juez de Garantías una serie de medidas que incluyen el dictado de prisión preventiva durante la etapa de investigación».
En ese marco, hicieron mención a las publicaciones periodísticas que dan cuenta de la denuncia de Romina en mayo de 2018. «Ante las innumerables notas y comentarios creemos necesario hacerlos saber que en en el Juzgado de Familia de La Paz existía solamente un antecedente de hace casi dos años de la situación de Romina, quién hizo su denuncia en la Comisaría Primera el 13/05/2018, a las 13:27 hs., se comunicó la misma al Juzgado, y a las 14:04 despachamos las medidas de prohibición de acercamiento, de realizar actos molestos, se dio intervención al COPNAF para restituir la niña a su mamá, y se dispuso la instalación del botón antipánico en el celular de Romina, y se encomendó la realización de rondas policiales por el domicilio de la joven».
«El 16/05/2018 se fijó una cuota de alimentos provisorias y un Sistema de Comunicación con la niña en común mediante terceras personas, para evitar todo contacto del agresor con la víctima. Nunca más tuvimos otro episodio denunciado o comunicado, reiteramos en el Juzgado de Familia», añadieron.
Finalmente, expresaron: «Tomamos muy en serio la problemática de violencia, esta todo nuestro plantel preparado y capacitado, y nos duele profundamente lo sucedido. Sabemos que hay que trabajar en todos lados para que éste flagelo se detenga. Como Sociedad tenemos que dejar de crear varones “machitos” y niñas “princesas”, necesitamos que desde niños se enseñe que las personas no son cosas, y no son propiedad de nadie, y es una tarea en la que TODA la Población y TODAS las instituciones deben intervenir. Mientras se produce éste cambio, que probablemente tarde años, debemos proteger y garantizar los derechos a las mujeres quienes lamentablemente siguen padeciendo que un hombre crea ser su dueño y que pueda hacer lo que quiera con ella».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora