La Procuración General de Entre Ríos, a cargo de Jorge Amílcar García, dio a conocer dos resoluciones mediante las cuales se establece que dos fiscales que ahora tienen nuevo destino, sigan tramitando las causas a su cargo en su anterior jurisdicción. La medida alcanza a los fiscales Facundo Barbosa y Gonzalo Badano.

El fiscal Facundo Barbosa, quien venía desempeñándose en la Unidad Fiscal de La Paz, fue designado por el Poder Ejecutivo para cumplir su tarea como agente fiscal Nº 12 de Gualeguay. Esa reasignación quedó plasmada por el decreto Nº 1845 firmado por el gobernador Gustavo Bordet.

Lo cierto es que Barbosa consiguió el Acuerdo Constitucional solicitado a la Cámara de Senadores para el cargo en Gualeguay y por ello el mandatario refrendó el nombramiento.

Ahora, el Jefe de Fiscales, García, firmó la resolución Nº 109, fechada el 19 de agosto, por la cual dispuso que Barbosa “continúe con funciones de fiscal suplente de La Paz, en todas las causas en las que tuvo intervención y sde enceuntren en trámite en la UFI de La Paz, por el término de 6 meses o hasta el retorno de su titular el Dr. Oscar Sobko o lo que suceda primero”.

Fiscal Facundo Barbosa by Entre Ríos Ahora

Cabe recordar que dese mayo, Sobko se desempeña en la Unidad Fiscal de Género, tras la designación del fiscal Ignacio Aramberry como fiscal Coordinador de Paraná.

Barbosa viene de dejar atrás un fuerte conflicto con el exvocal del Superior Tribunal de Justicia, el paceño Emilio Castrillón, quien impugnó el pliego del fiscal por la actuación que tuvo en los primeros pasos de la causa por la pelea del juez en un kiosco el 28 de marzo.

El jueves 10 de junio, en la audiencia ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Barbosa calificó a la presentación del exjuez oriundo de La Paz de «oscura» e «hilarante».

Se refirió a la causa judicial por la batahola del 28 de marzo, que se dio en un kiosco de la ciudad, y que tuvo entre los protagonistas al exmagistrado.

En la Fiscalía se presentaron dos denuncias: una por parte de los dueños del local, llamado el Kisocaso; y otra por parte de Castrillón, quien denunció haber sufrido una golpiza. Sin embargo, a poco de comenzar la causa, el exjuez fue denunciado por Carlos Miguel Barbosa, exdirector de Juntas de Gobierno y padre del fiscal del caso. Ese hecho sirvió para que Castrillón pidiera el apartamiento de Barbosa de la causa. Luego embistió contra el funcionario ante el Senado, pero su presentación no prosperó. Recientemente, se supo que el dueño del kiosco de La Paz que denunció a Castrillón busca que el pleito se dirima a través de una conciliación o mediación penal.

Badano, seguirá con las causas de corrupción

Por otra parte, el fiscal Gonzalo Badano, quien fue designado por el Poder Ejecutivo para desempeñarse en la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, también tendrá que seguir atendiendo las causas de su anterior jurisdicción, Paraná.

El 20 de agosto, a través de la resolución 113, el Jefe de Fiscales dispuso que Badano “continuará cumpliendo funciones como Fiscal de la Unidad  Anticoprrupción de la ciudad de Paraná”. “Ello se hace necesario ya que su desempeño en las causas que se investigan  y las que se han elevado a juicio por los delitos aludidos requieren en lo inmediato su imprescindible continuidad, dada la complejidad documental y pericial de las mismas, al menos por el término prudencial de 6 meses”, se explicó.

Fiscal Gonzalo Badano by Entre Ríos Ahora

De las causas por presuntos delitos contra la Administración Pública, Badano interviene en la que tiene como imputado al exintendente de Seguí y actual titular de la Unidad Jecutora Provincial, Cristian Treppo. El funcionario está acusado de peculado por el supuesto sobreprecio de 16 cuadras durante su gestión en Seguí,  que se ejecutaron con fondos del plan nacional “Más Cerca”, del Ministerio de Planificación Federal, durante el kirchnerismo. Otros acusados son Carina Zapata, que fue contratada por el municipio para proyectar la obra; el contador municipal Darío Alexis Monzón; Aníbal Herenú, titular de la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), a quien se adjudicó la obra; y el vicepresidente segundo de la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, Néstor Iván Szczech.

El 14 de septiembre se iba a realizar la audiencia de elevación a juicio, pero se suspendió ya que las partes negocian una salida alternativa, como un juicio abreviado o una probation.

Badano también forma parte de la investigación que llevó a juicio al exintendente de Crespo, Ariel Robles, quien fue absuelto del delito de peculado el 22 de marzo de este año. También fueron absueltos la exsecretaria de Hacienda y Economía, la contadora Leonor Evangelina Winderholler; y el exsecretario Gobierno, Jorge Jesús Waigel.

Badano y el fiscal Franco Bongiovani había llevado a juicio a Robles y compañía bajo la acusación de haber realizado acciones de ayuda social como forma de captar votos en el marco de una campaña electoral.

El Tribunal integrado por Pablo Vírgala, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo entendió que «de los testimonios recibidos en debate pudimos entrever que la documental aportada por la denunciante no resultaba confiable». El denunciante fue el actual intendente de la ciudad de Crespo, Darío Schneider (Juntos por el Cambio).

Sin embargo, no conformes con la resolución, los fiscales apelaron ante la Cámara de Casación penal de Paraná, que aún no ha resuelto si confirma o revoca el fallo de primera instancia.

No obstante, una de las causas de mayor envergadura en al que interviene Badano es la que tiene como acusado al exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri. Es la que se caratula “Urribarri, Sergio Daniel-Carmona Herreros, Diego Armando-Fessia, Miriam Estela-Linares, Guillermo Andrés s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

En la investigación penal -que llevan adelante los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano- también están implicados, además de Urribarri y el dueño de Relevamientos Catastrales, el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, el actual titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el ex secretario de Hacienda, José Humberto Flores; el ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone; el ex director General de Informática, Carlos Haidar; Jorge Zanabone y Alfonso Campitelli, directivos de Relevamientos Catastrales.

La investigación inició con datos oficiales de enero de 2007. En ese entonces, Urribarri era ministro de Gobierno de la administración del exgobernador Jorge Busti, quien a partir de una relación de amistad que había hecho con el empresario paraguayo Diego Cardona Herreros, propuso la contratación de su empresa Relevamientos Catastrales, con sede en Capital Federal.

Badano también forma parte de los fiscales que buscan que se concrete el megajuicio a Urribarri. El plantel lo encabeza la fiscal Cecilia Goyeneche e Ignacio Aramberry.

El megajuicio incluye  tres causas de corrupción acumulados: el N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y el N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.