La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados analizó este martes el texto del proyecto del Poder Ejecutivo que crea la Fiscalía Anticorrupción, y escuchó los aportes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y del Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, en un encuentro al que asistió también la ministra de Gobierno, Rosario Romero.
El proyecto, que consta de 13 artículos, crea la Fiscalía Anticorrupción, prevista en el artículo 208° de la Constitución de Entre Ríos, «que funcionará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, con dependencia orgánica y funcional directa del Procurador General de la Provincia», cargo que hoy ocupa Jorge Amílcar Luciano García.
Ese punto, en particular, fue observado por el Colegio de la Abogacía, qu pretende que la Fiscalía Anticorrupción sea un órgano autónomo de la Procuración, según explicó la ministra Romero al detallar lo que se habló en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La ministra se mostró a favor de los debates previos al dictamen de la comisión. «Es parte de la democracia: que cada uno plantee las dudas sobre un texto legal y que los legisladores tengan todos los elementos a la mano como para poder resolver frente a un dictamen de comisión», contó en declaraciones que formuló a la Radio de la Cámara de Diputados.
Romero explicó que «como ministra del área llevé algunas correcciones al texto legal enviado, que sin dudas la Comisión analizará en su momento». Enseguida, la ministra de Gobierno aclaró qu se trata de «correciones terminológicas. Se va a corregir la parte en la que el Procurador Fiscal es el que designa el equipo pericial luego de un concurso. Se van a hacer algunas correcciones también para que quede suficientemente aclaro el rol del fiscal Anticorrupción».
La ministra explicó que «uno de los debates qu trajo el Colegio de la Abogacía, y que atravesó la discusión, es si tenía que ser un fiscal autónomo o no el fiscal Anticorrupción. El Colegio plantea que no tiene que tener dependencia del Ministerio Público Fiscal. Es un punto que los legisladores seguramente tendrán que resolver». Sobre ese aspecto, Romero dijo que en su intervención, el Procuador General dijo en la Comisiónde Asuntos Constitucionales de Diputados que defiende el texto enviado por el Ejecutivo, que pone a la Fiscalía Anticorrupción bajo la órbita de la Procuación.
Respecto de las observaciones que hace la oposicíon al proyecto, señaló que «se niega a que una vez qu esté creada la Fiscalía Anticorrupción absorba todas las causas que están en trámite, en proceso de investigación, con argumentos que tienen que ver con lo nuevo que será esta estructura y la necesidad de dejar en manos de los fiscales que ya llevan adelante las causas, que las terminen de desarrollar. A priori, yo creo que si hay un órgano especializado, creado con asesores, hay que confiar en que las investigaciones van a seguir tan bien o mejor que con los actuales fiscales. No hay por qué desconfiar de una organización estatal, por más que esta sea nueva».
La ministra entiende que la futura Fiscalía Anticorrupción que se creará tendrá que ir absorbiendo «la competencia que hoy está diseminada en muchas localidades de la provincia; que quede en manos de esta Fiscalía especializada».
Qué dijo Vitor
«El proyecto presentado por el oficialismo pretende ser tratado de manera express por el Ejecutivo, sin posibilidades de introducir modificaciones. Desde la oposición vamos a dar el debate, pero no vamos a permitir que se cree la Fiscalía con influencia del Ejecutivo en su manejo, como ocurrió en el Tribunal de Cuentas”, dijo el diptuado provincial Esteban Vitor (PRO).
El legislador recordó que los diputados Jorge Monge y Gustavo Zavallo presentaron proyectos pero que no fueron tratados. “En su momento no hubo decisión política y desde el oficialismo miraron para otro lado. Ahora están muy apurados por aprobar el proyecto, parece que huelen que el contexto político y social está cambiando y quieren cubrir el terreno para el futuro”, dijo.
“Hay tres puntos del proyecto que deben revisarse. En primer lugar, no corresponde que el nuevo Fiscal Anticorrupción tome todas las causas que actualmente están en trámite. En segundo término, nos parece injusto que los abogados del Estado tengan prevalencia por sobre el resto de los abogados de la matrícula o miembros del Poder Judicial para ocupar cargos en la nueva Fiscalía; y tercero, es inaceptable que los peritos sean designados por el Poder Ejecutivo”, enumeró.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora