El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos llamó a concurso de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de Fiscal Anticorrupción de la Provincia, creado por ley, función que quedó vacante luego de la destituición, en mayo de 2022, a través de un jury, de la Fiscal Anticorrupción y Procuradora Adjunta Cecilia Andrea Goyeneche.
El concurso será para cubrir un cargo de Fiscal Anticorrupción; dos Fiscales Adjunto -uno con asiento en Paraná; otro en Concordia-; y un Fiscal Auxiliar. Según la resolución N° 292, dictada el 13 del actual por el Consejo de la Magistratura, la inscripción comenzará el 6 de marzo y se extenderá hasta el 27 de ese mes inclusive.
La convocatoria se conoce luego de que el último 29 de diciembre se fustrara una reunión para designar a los jurados técnicos de ese concurso, precisamente. El argumento fue la imposibilidad de muchos consejeros de asistir a la reunión que había sido convocada con poco tiempo de antelación. Ahora, otra vez, muchos consejeros se vieron sorprendidos por la conformación de los jurados técnicos para los concursos cuyas inscripciones comenzarán el 6 de marzo, según fuentes consultadas.
La resolución dice que «en acto público de fecha 13.02.2023, se realizó el sorteo de jurados técnicos que integrarán el tribunal evaluador de las pruebas de oposición de los concursos mencionados». Anque hay consejeros que nunca se enteraron, según dijeron a Entre Ríos Ahora.
Consejo de la Magistratura: la renuncia de Giorgio que no fue y un fracaso
El Consejo de la Magistratura está conformado por los consejeros titulares María del Luján Giorgio y Álvaro Gastón Piérola, por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos; doctora María Elena Luchesi, por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER); Juan Pablo Filipuzzi, por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); Alejandro César Caudis, que representa a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Yamil Amad Bechir, por la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU); Edgardo Oneto, por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas; y Verónica Samek, por la ONG Asociación Olímpica Especial; por el Colegio de la Abogacía, Alberto Sampayo, Andrea Saxer
Los suplentes son María Victoria Federik y Hugo Rubén González Elías, por la Asociación de la Magistratura; Héctor Darío López Benítez, por AJER; Silvia Estela Marrama por Uader; Elena Beatriz Albornoz, por la UNER; María Angélica Pivas, por la UCU; Analía Matas, por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (Agdu) y Lía Silvina Vismara por la ONG Liga Entrerriana de Ayuda al Diabético (Leadi), y por el Colegio de la Abogacía, Enzo Ramiro Cabrera y María Fabiana Danne.
De acuerdo a la disposición del Consejo de la Magistratura, se llamó a concurso de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Fiscal Anticorrupción con asiento en Paraná, cuyo jurado técnico estará integrado por el juez Javier Cadenas, en representación de los magistrados; Miguel Federk, por los abogados; y Miguel Carlín, por los académicos; los suplentes serán Gustavo Román Pimentel, juez de juicio de Paraná; el asesor legal del Ministerio de Salud, Germán Coronel, por los abogados; y Daniel Erbetta, por los académicos.
En el concurso para cubrir los cargos de Fiscal Anticorrupción Adjunto, uno en Paraná, otro en Concordia, el jurado técnico está conformado por Federico José Lacava, integrante de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay, por los magistrados; Luis Francisco Stello, por los abogados; y Ricardo Álvarez, por los académicos; como suplentes, la jueza de juicio de Paraná María Carolina Castagno, por magistrados; Ladislao Uzín Olleros, por los abogados; y Gabriel Pérez Barberá, por académicos.
En tanto, en el concurso para cubrir el cargo de Fiscal Auxiliar con asiento en Paraná el jurado quedó compuesto por Mariano Martínez, juez de juicio de Concepción del Uruguay, por los magistrados; Jorge Romero, por los abogados; y Mariela Rojas, por académicos; mientras que como suplentes actuarán María Fernanda Erramuspe, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay, por magistrados; Pablo Franco, por abogados; y Leandro Corti, por académicos.
La creación de la Fiscalía Anticorrupción por ley de la Legislatura -un instituto creado en la Constitución reformada en 2008 y nunca implementado- ocurrió tras la sanción de la ley respectiva en agosto de 2022.
El proyectgo, enviado por el Poder Ejecutivo en marzo último a la Legislatura, consta de 13 artículos, crea la Fiscalía Anticorrupción, prevista en el artículo 208° de la Constitución de Entre Ríos, «que funcionará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, con dependencia orgánica y funcional directa del Procurador General de la Provincia», cargo que hoy ocupa Jorge Amílcar Luciano García.
La iniciativa que el Gobernador envió a la Legislatura plantea que esa Fiscalía Anticorrupción estará conformada por un cargo de Fiscal Anticorrupción, «con asiento en la ciudad de Paraná, con jerarquía de Procurador Adjunto»; dos cargos «de Fiscales Anticorrupción Adjuntos, uno con asiento en la ciudad de Paraná y otro con asiento en la ciudad de Concordia, los que tendrán jerarquía de Agentes Fiscales, a todos sus efectos, con dependencia directa del Fiscal Anticorrupción».
También incluirá en su planta un profesional de la abogacía, «con trayectoria acreditada en procesos administrativos, con jerarquía de Fiscal Auxiliar Ministerio Público, con asiento en la ciudad de Paraná»; dos cagos de contadores o licenciados en Ciencias Económicas, «que formarán parte del equipo pericial, con jerarquía y remuneración de Secretario de Juzgado de Primera Instancia (…), con asiento en la ciudad de Paraná». Además, un experto en Informática.
«La Fiscalía Anticorrupción tendrá a su cargo la investigación y acusación de los delitos contra la administración pública provincial cometidos en la Provincia o fuera de ella, en función de la competencia que determinen las leyes aplicables (…) , debiendo ajustar su proceder a las instrucciones que imparta el Procurador General de la Provincia», dice respecto de los funciones. Y agrega: «A tales fines, promoverá la investigación de la conducta de los funcionarios y empleados de los tres órganos de gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial) del Estado provincial, municipal y comunal, incluyendo a las empresas, sociedades y todo otro ente en que los Estados en cualquiera de sus esferas de gobierno tengan participación, ante la presunta comisión de delitos que afecten a la administración pública, en sentido amplio considerada, siendo comprensiva su actuación respecto de las personas que, no formando parte del Estado, hayan obrado como partícipes o encubridores, en cualquier grado, de los delitos objeto de investigación».
La Fiscalía Anticorrupción tendrá los siguientes deberes y facultades, según el proyecto:
a) Promover la actuación de la justicia frente a delitos contra la administración pública.
b) Actuar por denuncia o de oficio ante la noticia de la comisión de delitos vinculados a
su competencia, desarrollando las investigaciones pertinentes.
c) Proseguir todas aquellas causas iniciadas en distintos puntos de la Provincia, que
fueran de la competencia de la Fiscalía Anticorrupción, lo cual se implementará una
vez conformado el organismo, con los Fiscales que resulten designados.
d) Solicitar la realización de pericias e informes técnicos, para lo cual se valdrá de su
equipo profesional y podrá requerir de las reparticiones públicas la colaboración
necesaria. Asimismo, desarrollará toda su labor investigativa con todos los derechos
y obligaciones que poseen los miembros del Ministerio Público Fiscal y que autoriza
el Código de Procedimientos en materia penal.
e) Podrá constituirse en cualquier localidad de la provincia, tomando intervención en
los lugares de posible comisión de los delitos investigados o donde fuera necesario
para obtener prueba.
f) Podrá delegar trámites o diligencias en el Fiscal del lugar donde sucedió el hecho,
sin resignar su competencia. El Fiscal Anticorrupción podrá disponer que el ejercicio
de la acción pública en casos relativos a su competencia quede a cargo de los
fiscales ordinarios competentes de la jurisdicción donde quede radicada la denuncia,
a través de la delegación funcional dispuesta al efecto, con noticia al Procurador
General.
g) Solicitar al Procurador General de la Provincia la ampliación presupuestaria, a los
fines de asegurar el cumplimiento de sus funciones.
h) Asignar a los Fiscales Adjuntos las investigaciones que resolviera no llevar adelante
personalmente, sin perjuicio de su actuación en la etapa de juicio, por sí o a través
del Fiscal Adjunto que designe.
i) Impartir instrucciones y directivas a empleados judiciales a su cargo, que sean
necesarias y convenientes para el desarrollo de sus funciones.
j) Controlar el desempeño de quienes lo asisten y dictar el reglamento de
funcionamiento interno de la Fiscalía Anticorrupción, el que será elevado para su
aprobación al Procurador General de la Provincia.
k) Elevar al Procurador General la propuesta de creación, supresión o modificación de
cargos de funcionarios y empleados administrativos que se desempeñen en la
Fiscalía.
l) Elevar al Procurador General un informe anual sobre la gestión de la Fiscalía a su
cargo.
«Todas las investigaciones que se encuentren en trámite y sean vinculadas a la competencia de la Fiscalía Anticorrupción, serán remitidas para su sustanciación ante la misma, dentro de los quince días corridos de puesta en funciones de la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalías Adjuntas y Fiscalía Auxiliar, una vez concursados los cargos y efectuada la designación correspondiente, con acuerdo del Senado. No habrá designaciones transitorias de los cargos de fiscales establecidos por la presente ley, debiendo procederse a su concurso inmediatamente después de la promulgación de la presente, por el procedimiento vigente, dándose conocimiento al Consejo de la Magistratura de Entre Ríos», añade.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora