La Congregación para la Doctrina de la Fe -la antigua Inquisición, más tarde Santo Oficio- , que preside el cardenal español Luis Francisco Ladaria Ferrer, jesuita como el papa Francisco, tiene en sus manos la suerte dentro del clero del cura Justo José Ilarraz, condenado por la Justicia entrerriana a 25 años de prisión por abuso y corrupción de menores en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, hoy a la espera de un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Tribunal Eclesiástico de Buenos, que preside el cardenal Mario Aurelio Poli, ya se pronunció sobre la situación de Ilarraz. pero la medida fue apelada por el sacerdote -que cumple arresto domiciliario en un departamento de calle Corrientes al 300 desde que fue condenado, en 2018,-, y el caso fue derivado a Roma. De acuerdo a un informe firmado por el sacerdote Alejandro Russo, juez del Tribunal Eclesiástico de Buenos Aires, el cardenal Poli “emitió sentencia de la causa en cuestión, no obstante fue apelada en el mismo momento de la notificación, por tal motivo y al no estar firme no se publicó. Se envió en el plazo prescrito al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, único competente para juzgar estas apelaciones”.
El 21 de mayo de 2018, la Justicia condenó a 25 años de prisión, de cumplimiento efectivo, al cura Justo José Ilarraz, al hallarlo responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación -en cinco hechos- y del delito de abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación -en dos hechos-, y le impuso la accesoria de prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.
Aunque no fue enviado a la Unidad Penal de Paraná cumplir la prisión preventivo sino que mutó a arresto domiciliario: dese entonces el cura está alojado en un piso sexto del edificio ubicado en Corrientes 328, de Paraná, «vivienda de la que no podrá salir sin orden judicial, bajo apercibimiento de revocarse este beneficio en caso de incumplimiento», según los términos del fallo que leyó este mediodía la presidenta del tribunal, Alicia Vivian.
El fallo condenatorio fue firmado por unanimidad por los tres magistrados, Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel, y supone la segunda condena altísima para un miembro del clero paranaense por una causa penal por abusos y corrupción de menores. El 6 de septiembre de 2017 recibió la condena de 25 años de prisión el sacerdote Juan Diego Escobar Gaviria, quien desde el 21 de abril de se año cumple prisión preventiva al aguardo de que la sentencia quede firme en la Unidad Penal de Victoria.
El 8 de abril de 2019, con el voto del juez Alejandro Cánepa, la Cámara de Casación Penal confirmó la condena a 25 años de cárcel para Ilarraz y rechazó el planteo de prescripción.
Casación asestó un duro golpe a la Iglesia Católica al afirmar que la cúpula supo de los abusos y los encubrió. El juez Cánepa sostuvo en su voto que las víctimas vivieron una verdadera defraudación de su confianza y de sus expectativas, por parte de las autoridades del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, adonde habían ido a formarse para el sacerdocio, y también de la Iglesia, al verse desprotegidos de los abusos de Ilarraz, “ya que no es cierto que las víctimas de autos no denunciaron a Ilarraz en tiempo oportuno, o que no hayan dado cuenta a otras personas de lo que Ilarraz les estaba haciendo, sino que aquellas ante quienes lo hicieron o quienes pudieron tomar conocimiento de tales situaciones, se preocuparon por mantenerlas en secreto, reserva y sigilo, lo que llevó a que tales hechos nunca salieran a la luz, nunca traspasen la órbita burocrática de la Iglesia Católica local, y no llegaran a oídos de la Justicia, o de cualquier autoridad administrativa estatal y/o educacional, o incluso de los propios padres de las víctimas”.
Finalmente, el 2 de marzo de este año la Sala Penal del STJ confirmó la condena, en un fallo que firmaron Salduna, Medina y Smaldone.
Los mismos magistrados son los que ahora intervinieron para habilitar el camino a la Corte, que ya se había expedido en junio de 2018: entonces dijo que no podría haber fallo federal por cuanto no se había agotado la instancia provincial. Ahora, ese paso se dio finalmente.
La carta que Francisco no respondió
El 16 de agosto de 2013, cuatro víctimas de los abusos del cura Ilarraz enviaron una carta al papa Francisco a través del arzobispado. El texto lo recibió el entonces vicecanciller de la curia, el sacerdote Héctor José Rodríguez -ya fallecido-, y una copia de esa carta fue incorporada al juicio a Ilarraz, que se desarrolló entre el 16 de abril y el 21 de mayo de 2018.
Las cuatro víctimas -entre ellos Fabián Schunk, Hernán Rausch, José Riquelme e I A (nunca quiso revelar su nombre en público)- le pidieron al Pontífice «su intervención, dándonos respuesta a los reclamos que hemos venido realizando ante las autoridades eclesiásticas de la Arquidiócesis de Paraná por el término de casi 20 años. Así hemos acudido a monseñor Estanislao Esteban Karlic, Monseñor Mario Bautista Maulión y Monseñor Juan Alberto Puiggari. Ellos, en todo tiempo han estado en conocimiento de los hechos acontecidos en nuestra menor infancia dentro del Seminario Menor, al cual entramos con profundo deseo de servir a la obra de Dios Padre Creador, siendo puros cuerpo y espíritu».
Y recordaron que «durante muchos años hemos llevado en soledad y en el más absoluto sigilo nuestros padecimientos psíquicos y espirituales producto de los abusos sexuales y psicológicos cometidos por quien fuera nuestro prefecto de disciplina en el Seminario Menor». Y que a pesar de haber respetado lo indicado por Karlic y por Puiggari, sólo recibieron de ambos «falsas promesas y mentiras». Y agregaron: «A nuestro entender es una absoluta abominación y herejía que un criminal como lo es el Pbro. Ilarraz siga consagrando el pan en cuerpo y el vino en su sangre de Cristo».
«Que le queremos dejar en claro que nunca recibimos apoyo ni ayuda espiritual por parte de los monseñores Karlic, Maulión y Puiggari; ellos sabían todo puesto que teníamos sendas reuniones con los mismos, nos dejaron librados a nuestra propia suerte y fortuna; que hay una investigación diocesana (irregular y no ajustada al derecho canónico vigente en aquel tiempo), que avalan nuestros dichos», dice el texto. Y agrega la carta remitida en 2013 a Francisco que Puiggari «estaba en pleno conocimiento de los hechos desde el año 1989».
La carta, dijeron las cuatro víctimas, es a los fines de hacer formal denuncia ante el Papa «de los delitos de pedofilia cometidos por el Pbro. Ilarraz en nuestras personas; Monseñor Puiggari nos ha cerrado las puertas de su Arquidiócesis y nos ha manifestado que él no tiene ya nada que entender en el tema, que acudamos a Usted directamente».
La carta finaliza así: «Que, a fin de evitar futuras violaciones a los derechos humanos de niños y adolescentes por parte del Pbro. Ilarraz es que solicitamos a Usted su intervención, tomando medidas concretas sobre este caso».
Francisco nunca respondió a las cuatro víctimas. «Francisco no contestó nada de nada -recuerda Fabián Schunk-. Y sabemos que la carta le llegó: fue por vía diplomática».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.