La Comisión de Legislación General del Senado no dio tratamiento este martes al proyecto de ley con media sanción de Diputados que modifica la Ley Nº 7.046 de Aranceles de Abogados y
Procuradores con lo cual se volvió incierta la posibilidad de que la iniciativa pueda tener tratamiento y ser aprobada por la Legislatura antes del actual período.
La norma, que impulsó la diputada Carina Ramos (PJ), establece una nueva unidad arancelaria para calcular los honorarios de los abogados y que será equivalente al 1,5% de la remuneración
básica asignada al cargo del Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Provincia de
Entre Ríos, «debiendo guardar siempre la misma relación a los fines de la aplicación de la
presente Ley». Hoy, ese ingreso está en $1 millón.
María Marta Simón, presidenta electa del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos -la primera mujer que conducirá la entidad en más de medio siglo, que asumirá en octubre próximo- sostiene que el actual marco legal que regula los honorarios profesionales de los abogados es de la época de la dictadura. «Desde hace mucho tiempo venimos peleando por una ley diferente, actualizada, que no tiene que ver solo con la cuantía económica. El jurista que es base para calcular los honorarios está en $4.100. Es la unidad arancelaria más baja del país. Está atado a los aportes para nuestra jubilación. Pero en casi todas las legislaciones del país está atado a lo que es el salario básico de un juez de primera instancia. Entendíamos que esa mujer arancelaria sea el 1,5% de lo que cobra un juez de primera instancia como sueldo básico. Esto tenía media sanción de Diputados, pero cuando llegó al Senado empezaron una serie de presiones. Hoy (por este martes) ingresó una nota de Iosper que cuestionó que nosotros cobremos unos horarios dignos», planteó en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa 94.7.
Sin acuerdo en la Comisión de Legislación General del Senado sobre aranceles de abogados.
Luego, distinguió que «la gran mayoría de los juicios están atados al valor patrimonial que se reclama. No es que se van a encarecer todos los juicios. En un juicio laboral, el valor del honorario está atado a la cuantía económica de ese juicio. Pero hay otros juicios, como los amparos, donde nos manejamos con esta medida arancelaria. Iosper hizo una presentación ante el Senado cuestionando por la cantidad de amparos que tienen ellos. Pero sostenemos que el amparo debería ser excepción. Lo que sucede en la práctica es que hay muchas prestaciones que el Iosper niega a sus afiliados, lo que que amerita la presentación de un amparo, que es un juicio. No puede ser que por los incumplimientos en los que incurre Iosper, que motiva los amparos, se niegue al tratamiento de esta ley. No puede sostener que los honorarios de los abogados no sean dignos y acordes a su tarea porque se le encarecen las prestaciones. Entonces, están presupuestando estos incumplimientos. Nos toman como un proveedor más, lo cual es normalizar el incumplimiento como algo natural. Es como decir, como yo incumplo normalmente en muchas prestaciones, y los abogados presentan amparo, no me encarezcan estos honorarios, porque la obra social se va a desfinanciar».
Simón dijo que desde el Colegio de la Abogacía «venimos trabajando muy bien con los senadores en cuanto a que ellos consideran que es una ley necesaria. Habíamos consensuado y hablado con los senadores este tema. Es un proyecto que lleva años de tratamiento, que incluso ha perdido estado parlamentario. Tenemos el temor de que vuelva a suceder si el tratamiento de este proyecto pasa ahora para después de las elecciones».
«Es una ley totalmente postergada -apuntó-. No sé explicar cuál ha sido el motivo de la demeora en tratar este proyecto. Realmente esperamos que esto se trate. Estas demoras hacen peligrar el tratamiento de este reclamo que es tan justo». Y se mostró partidaria de alcanzar los consensos necesarios para poder aprobar el proyecto. «Estamos abiertos al diálogo con cualquier actor que quiera conversar con el Colegio de la Abogacía -aseveró. Sinceramente no entiendo cuál sería la afectación real de este proyecto».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora