El Colegio de Abogados de Entre Ríos volvió a plantear un fuerte reclamo al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que normalice el trabajo en los Tribunales y ponga fin a la emergencia que se inició el 16 de marzo último y que, aunque con aperturas parciales, todavía se mantiene. Los profesionales consideran el servicio de justicia como “esencial para la vigencia de los derechos humanos en una sociedad democrática”, y consideran que “no hay razones para la continuidad de la suspensión de plazos, por lo que una vez más exigimos la apertura de los organismos judiciales”.
El STJ resolvió, el lunes 11 del actual, extender hasta el 24 de mayo la actual modalidad de prestación del servicio, «lo que permitirá ampliar el monitoreo del funcionamiento de los sistemas implementados y de los equipos de trabajo, respetando las pautas sanitarias que continúan vigentes. Se mantiene así la suspensión de plazos procesales, de caducidad y perención, y los especialmente habilitados», según indicó el Poder Judicial.
La medida se adoptó aún ante el planteo del Colegio de Abogados de Entre Ríos, que había solicitado al máximo órgano de gobierno de la Justicia que se vuelva a la normalidad y se deje atrás el estado de receso extraordinario dispuesto el 16 de marzo último, y que se ha ido revirtiendo de manera paulatina. «No encontramos razonables y fundadas razones para suspender otra vez más el funcionamiento del Poder Judicial Entrerriano”, dijeron los abogados.
Y provocó una nueva reacción de los letrados. El mismo lunes 11 el Colegio manifestó “expresamente que lamenta profundamente la prórroga de la suspensión para habilitar la totalidad de los procesos que en la fecha ha resuelto” el STJ. Y reiteró su petición para que el servicio de justicia sea considerado “una actividad esencial del Estado, garantizando el Poder Judicial su adecuado funcionamiento a fin de satisfacer la tutela judicial continua y efectiva”.
La reacción mereció la respuesta directa del presidente del cuerpo, Martín Carbonell, que no sólo justificó la medida sino que le enrostró a los abogados que, a pesar de la cuarentena, siguieron cobrando sus honorarios, una alusión que tensó aún más los ánimos.
Aunque el viernes 15 Carbonell citó a su despacho al presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Canavesio, la reunión no apaciguó los ánimos. Las delegaciones del interior de la entidad manifestaron públicamente el reclamo por la vuelta a la normalidad en los tribunales. La más ruidosa ocurrió en Concordia.
Tras la reunión Carbonell-Canavesio sucedió el nuevo pronunciamiento de los abogados.
Los abogados consideraron como un “sorpresivo retroceso” la decisión comunicada por el STJ el lunes 11 del actual de mantener el estado de emergencia hasta el 24, y observaron que “esta dilación sine die impide a los ciudadanos el acceso a la justicia para peticionar por sus derechos y el pleno ejercicio profesional, siendo insuficiente el fundamento sanitario”.
“Existió razonabilidad y oportunidad en las adecuadas medidas sanitarias adoptadas en procura de poner en resguardo el bien más preciado, cual es la vida de los entrerrianos, las que resultaron incuestionables frente a la gravedad de la crisis epidemiológica –planteó el Colegio de Abogados en una fuerte embestida hacia la decisión política adoptada por la Justicia-. Pero esas medidas ya se adoptaron y se han internalizado en todos los operadores judiciales hace 60 días. Ya se realizó el sacrificio individual y colectivo que la situación demandaba y la resignación temporaria de derechos en aras del bien común. Hoy todas las personas que concurren a los tribunales provinciales están resguardadas por óptimas medidas sanitarias que procuran el distanciamiento físico entre personas y con los papeles”.
Pero sostienen los abogados que “no hay fundamento alguno que justifique otra prórroga más de la suspensión de plazos procesales para determinados juicios como se decidió. El estancamiento de los procesos judiciales afecta el acceso a la justicia y la continuidad de los expedientes ya en trámite, lo que ineludiblemente provocará una obstrucción de las causas en el futuro, y una acumulación de procesos no resueltos y las nuevas presentaciones”.
Luego, aporta una verdad de Perogrullo el Colegio de Abogados: mientras el Poder Judicial sigue en emergencia, el resto de los estamentos del Estado siguen trabajando, y entonces fustigan la contestación que dio el titular del STJ, Martín Carbonell al planteo previo de la entidad. “Creemos que mencionar la cuestión de honorarios y la imprecisión del supuesto y dudoso porcentaje en juego forma parte de una falacia para desviar del debate el punto principal, el restablecimiento pleno del servicio público esencial de justicia y las necesidades de reconocimiento de derechos que tiene la ciudadanía entrerriana”, señaló.
En el mismo tono, el Colegio de Abogados entendió que “el servicio público de justicia constituye una obligación tan esencial como indelegable por parte del Estado provincial, cuya restricción por razones de emergencia sanitaria no puede extenderse ilimitadamente en el tiempo sin que sus consecuencias se tornen lesivas a valores fundamentales del Estado constitucional cuya protección también debe prodigarse en justa medida. La administración de justicia debe volver a funcionar ya”.
“Les pedimos a los señores jueces que escuchen los reclamos sociales y retomen la totalidad de las tareas judiciales –demandaron los abogados-. Desde distintos sectores políticos de la oposición y del oficialismo se han manifestado en la necesidad de garantizar la tutela judicial continua y efectiva y el acceso a la jurisdicción, tal como lo indica el mandato constitucional del artículo 65”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora