El caso de la muerte de Ariel Goyeneche, el hombre que fue detenido la madrugada del lunes 12 por la Policía cuando había invadido una propiedad privada y, en un estado de extrañamiento propio del consumo de sustancias, alegaba que lo perseguían para matarlo, fue eje de una importante convocatoria frente a la Comisaría 2ª.

Goyeneche fue detenido, llevado en patrullero, esposado, y dejado en la vereda de la dependencia policial donde terminó muriendo asfixiado, teniendo a un agente policial encima que lo aprisionaba. La familia denunció maltrato y un tratamiento a un paciente de salud mental como si fuera un delincuente y reclamó esclarecimiento. El caso está en manos de la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, a cargo de Santiago Alfieri.

La Multisectorial de Derechos Humanos leyó un extenso comunicado frente a la Comisaría 2ª en el que sostuvieron que el caso Goyeneche reviste «una gravedad institucional extrema».

«Frente al estado de crisis evidente de Ariel, los funcionarios policiales no solicitaron atención médica inmediata ni lo trasladaron hacia el hospital público San Martín, ubicado a 200 metros aproximadamente», señala el documento. Y agrega: «Se lo sujetó con su cuerpo contra el cemento, con dos funcionarios policiales sosteniéndolo, uno sobre la parte superior de su cuerpo y el otro en la parte inferior y, se puede escuchar y ver de los videos que circulan en redes sociales, los insistentes pedidos de Ariel al grito de `por favor, basta`».

Señala que ni la Policía ni el Ministerio de Seguridad, a cargo de Néstor Roncaglia, «no esperaron el avance de la investigación ni escucharon la voz de la familia y amigos de Ariel, salieron a dar e instalar su versión en los medios de comunicación primerametne».

«La autopsia preliminar determinó asfixia, mientras que la Policía dice que sufrió una descompensación y largaba líquido por la boca», plantea.

Luego, plantearon que no se trata de «hechos aislados sino que representan una práctica represiva y sistemática inadmisibles e incompatible con los más básicos estándares de Derechos Humanos de nuestro sistema democrático como estos abordajes violentos, requisas callejeras y solicitudes de identificación por parte de la fuerza policial».

Al respecto, enumeraron una serie de casos de violencia policial ocurridos en Entre Ríos a lo largo de los últimos años, algunos todavía sin esclarecer. Y pidieron una toma de posición del Estado «que sancione estas prácticas y culmine de una vez la escala de violencia institucional que se vive en la Provincia.».

Y en lo que hace al caso Ariel Goyeneche, exigieron «se toman las medidas necesarias para el esclarecimiento de este caso, que se actúe con la debida diligencia, celeridad e independencia de los presuntos responsables y de las unidades, instituciones u organismos a las que pertenezcan».

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora