El  inspector Delegado de la Secretaría de Vivienda de la Nación, Luis Uriona, radicó una denuncia penal por supuesto peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público contra el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del kirchnerismo, Julio De Vido; a su ladero, exSecretario de Obras Públicas, José López, recordado por los bolsos en el convento en junio de 2016 por el cual se le abrió una causa por enriquecimiento ilícito; y al exintendente de Villaguay y exministro de Turismo, Adrián Fuertes, por el presunto desvío de $25.724.037,30 de un programa nacional de viviendas de 2010.

El funcionario nacional, con patrocinio del abogado Rubén Pagliotto, también denunció al exSubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Germán Nivello; a Daniel Irigoyen, excoordinador de la Unidad Ejecutora de Programas Especiales (UPE), que dependió del Ministerio de Planeamiento de la Provincia; y al arquitecto Mario Lemes, quien fue inspector de obra y certificador de los avances de la misma.

El denunciante señala que el 5 de octubre de 2010, la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, que dirigía José López, firmó un convenio para una obra de 160 viviendas en el marco del Programa Federal de Vivienda, y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales. A cargo  de que el control del avance de obra se lleve a cabo se estableció a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el ámbito nacional; y en la Provincia a la Unidad Ejecutora de Programas Especiales y a la Municipalidad de Villaguay, entonces a cargo de Fuertes.

“Una vez determinadas las viviendas a construir, los metros cuadrados de edificación de cada una de ellas y demás condiciones, aprobado que ello fuera y fijado el costo de construcción de cada unidad habitacional, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio a la sazón a cargo del Arq. Julio De Vido (responsable máximo de esta operatoria en todos los aspectos), realizaba la financiación en varios y sucesivos desembolsos iguales, hasta totalizar el 100% del monto total presupuestado, aclarándose que, salvo el primer desembolso, los restantes sólo podían hacerse en tanto y en cuanto se hubieran hecho las rendiciones adecuadamente y conforme a lo establecido en la Resolución Nº 267/08, que mencionara precedentemente”, resalta el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia.

El denunciante destacó que el primer desembolso o adelanto financiero se hizo al inicio de la obra y que los restantes se efectuaban “conforme distintos porcentajes de avances físicos y financieros pautados en los convenios y anexos” de los acuerdos 770 del 4 de junio y 1.335 del 1 de agosto de 2013 que abarcan la cantidad de 100 y 60 unidades funcionales respectivamente.

Remarcó que una vez financiada totalmente la obra, treinta días después, “debía presentarse el certificado de avance físico y financiero correspondiente al 100% de la obra y la rendición final de cuentas, todo lo cual esta normado y establecido en Anexo II (Cronograma de desembolsos) del llamado Convenio Específico del Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales-Viviendas Nuevas-Provincia de Entre Ríos-Paraná”.

El denunciante resaltó que la UEPE y la municipalidad de Villaguay asumieron la responsabilidad de controlar el cumplimiento de los objetivos del plan y que debía haber un estricto control “no sólo en cuanto a la calidad de la obra, sino también en cuanto a la rendición de los fondos nacionales que se aportaban”.  Además, especificó que para llevar adelante el plan de viviendas, la UEPE contaba con alrededor de 41 empleados.

En esa línea, subrayó que la repartición “debía refrendar los certificados de avance de obra físicos y financieros, según el modelo fijado por este programa ministerial, elevándolos a Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, y adjudicar las viviendas conforme a los lineamientos del programa, considerando la lista de beneficiarios presentada por el consorcio”.

Por su parte, la municipalidad a cargo de Fuertes, según el inspector nacional que formuló la denuncia, debía crear una Unidad Ejecutora, “integrada por un representante técnico encargado de realizar la dirección de la obra y elaborar las certificaciones mensuales; un representante contable, quién se encargaría de llevar de manera eficiente los registros de ingresos y egresos, según la normativa correspondiente; y un representante social, para acompañar a los beneficiarios a lo largo del proyecto”.

Otra obligación, señaló, “era la confección de los certificados de avance de obra física y financiero, y elevarlo a la UEPE, para que fuera refrendado por la misma, como asimismo proponer a la UEPE el listado de los adjudicatarios de las viviendas”.

Pero nada de esos controles ocurrieron. Por esa razón, el denunciante consideró que se incurrió en un perjuicio al Estado nacional, al Provincial y a los adjudicatarios de las viviendas, ya que los fondos fueron utilizados de forma “desaprensiva y fraudulentamente administrados por funcionarios nacionales, provinciales y de la Municipalidad de Villaguay”.

“Señor/a Fiscal, se demostrará, a través de pruebas periciales que llevarán adelante profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura, habida cuenta del nomenclador de precios de materiales e insumos de construcción oficiales y de la C.A.C., que parte del dinero asignado por la Nación para cada vivienda que se cobró, fue a parar ilegal e ilegítimamente, a las manos de terceros que por ahora desconocemos”, dice el escrito.

Para el inspector nacional denunciante “es muy claro que hubo ahorro en costos por la compra a granel de materiales, encima, de calidad inferior al recomendable; en mano de obra, que lejos de ser calificada fue chapucera y en negro; se certificaron y cobraron fraudulentamente, en muchos casos, mayores metros cuadrados a los realmente construidos; se recibieron fondos nacionales para asegurar las obras de infraestructura que fueron solventadas con fondos provinciales, de municipios o privados de los propios adjudicatarios”.

En ese marco, calculó que “se cobraron 1257,10 m2 que no se construyeron, lo que configura sin lugar a dudas y sin ambages un grave delito contra la administración pública, siendo del caso que algunos responsables serán imputados, cualquiera haya sido su grado de participación, por comisión y otros por omisiones funcionales inexcusables”.

En términos de dinero, estimó que el fraude ascendió a los $25.724.037,30, equivalente a alrededor de 25 viviendas. En términos porcentuales, calculó que se afectó alrededor del 15% sobre la totalidad de 160 viviendas.

La denuncia tiene como sustento un informe técnico de inspección que se realizó en marzo de 2018 bajo el título “Informe de Inspección. Viviendas Entre Ríos”:

Según las Certificaciones y Rendiciones elevadas a la Secretaria de Viviendas de la Nación por el municipio de Villaguay y la Unidad Ejecutora Programas Especiales se construyeron 160 Viviendas que suman 8697.90 m2 aproximados ejecutados, sobre un total comprometido según Convenios específicos de: 9954.99 m2. “Faltó construir un total aproximado de 1257,10 m2”, especificó el funcionario.

En otro párrafo, el inspector señaló que cuando se le consultó a la actual intendenta de la ciudad, Claudia Monjo de Fuertes -esposa del exjefe comunal ahora acusado- esta afirmó que hubo un error involuntario y que por ello se construyeron menos metros de lo acordado con Nación. Para subsanar el “error”, la intendenta solicitó autorización al actual Secretario de Viviendas y Hábitat de la Nación para utilizar el excedente en la construcción de 13 viviendas.

“Es evidente que al advertir que desde el Gobierno Nacional se procura afanosamente evitar actos de corrupción, es que se toma esta medida compensatoria por parte de la actual Jefa comunal de Villaguay, aunque de manera tardía y extemporánea, pues habían pasado algo más de un año y medio desde que se detectó esta faltante de metros construidos”, concluyó el denunciante.

Finalmente, en función de la presentación, solicitó que los exfuncionarios mencionados sean citados a prestar declaración testimonial para explicar qué sucedió con los más de 25 millones de pesos faltantes.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.