La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos salió a replicar los dichos del presidente Mauricio Macri, el jueves, en Gualeguaychú, cuando habló del fallo de la Justicia provincial que impuso límites a las fumigaciones en zonas rurales donde haya establecimientos educativos, y que declaró inconstitucional un decreto del Poder Ejecutivo que fijaba límites menores para esa actividad.
En la ciudad del sur calificó de “irresponsable” el dictamen de la Justicia que declaró inconstitucional un decreto el Poder Ejecutivo que fijó límites distintos a los que había establecido un primer pronunciamiento, del juez Oscar Benedetto, el 1° de octubre de 2018.
“Esta ley que se ha impulsado en Entre Ríos es una ley que pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos. Y hoy está vigente por un amparo”, dijo Macri.“El Gobierno de la provincia tiene que tener una posición muy activa y clara para no destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”, dijo Macri
Enterados de las declaraciones del Presidente, desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos expresaron su «enérgico rechazo a las palabras del Presidente Mauricio Macri sobre las decisiones judiciales».
«Pedimos y así lo hacemos también nosotros, respeto por la independencia de poderes, ya que de esa forma se garantiza la democracia», señaló la entidad.
«Consideramos que las palabras expresadas por el primer mandatario de la Nación son inadmisibles porque violentan el principio federal y no contribuyen a fortalecer las instituciones de la República», dijo la entidad que agrupa a funcionarios y magistrados del Poder Judicial.
«Como lo hemos dicho en otras oportunidades -subrayaron-, entendemos necesario y oportuno rechazar esos cuestionamientos que escapan al marco de respeto y prudencia que debería guiar la vida institucional de una sociedad democrática».
Y agregaron: «Reiteramos que la disconformidad con las sentencias o resoluciones que surjan contrarias a los intereses y / o pretensiones de las partes, se expresan a través de los procesos institucionales que prevé la Constitución».