Productores de diferentes puntos de la provincia se manifestaron este jueves en la puerta del Palacio de Tribunales, en Paraná, contra los fallos judiciales las pulverizaciones en cercanías de las escuelas rurales. Los ruralistas fueron recibidos por el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón; y los vocales Bernardo Salduna, Martín Carbonell y Miguel Giorgio.

Una productora sostuvo que el fallo judicial es más dañino que la resolución 125, del gobierno kirchnerista que desató en 2008 el conflicto más importante con el sector. En tanto, otro cuestionó a los ecologistas y al médico Damián Verzeñassi, referente de los estudios sobre agroquímicos. Tras el encuentro con los magistrados se trasladaron a la puerta de la Casa de Gobierno, donde entregaron un petitorio dirigido al gobernador Gustavo Bordet.

Petitorio del campo by on Scribd

Tras escuchar los testimonios brindados por 10 productores, Castrillon destacó la independencia del Poder Judicial y sentenció estar a “favor de la producción y de la vida”, por lo que resaltó que es necesario reglamentar una ley acorde para brindar seguridad en la vida de las personas”.

Asimismo dijo que “la defensa de la vida es un precepto constitucional que tenemos que resguardar, respetar y cumplir”. Castrillon agregó: “Es nuestra preocupación y queremos encontrar una solución, pero no es responsabilidad del Poder Judicial”.

En ese sentido habló de la necesidad de acreditar con estudios científicos que los productos que se utilizan para fumigar no producen daños a la salud, lo cual hoy no está acreditado.

Por otra parte, bregó para encontrar una solución al tema entre todos, entendiendo que el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen la facultad de reglamentar y legislar sobre las normas regulatorias.

El reclamo es contra el fallo den marzo último del STJ que confirmó la inconstitucionalidad parcial del decreto N° 4.407, que dictó el Poder Ejecutivo en 2018 y que fijó límites más laxos para la limitación de fumigaciones aéreas y terrestres en zonas rurales próximas a establecimientos educativos. La decisión del alto cuerpo fue con voto dividido: los vocales Miguel Ángel Giorgio y Daniel Omar Carubia votaron por rechazar la apelación de Fiscalía de Estado, posición a la que no adhirió Claudia Mizawak.

En marzo último, la Justicia decretó la nulidad parcial del decreto del gobernador Gustavo Bordet que pretendió imponer límites más laxos a los que había establecido una sentencia judicial respecto de las tareas de fumigaciones en zonas próximas a establecimientos educativos.

El camarista Andrés Marfil admitió  parcialmente la demanda interpuesta por el Foro Ecologista de Paraná y por eso mismo dispuso la nulidad parcial del decreto N° 4.407, dictado el 14 de diciembre de 2018 por el Poder Ejecutivo entrerriano por ser “inconstitucional por violación de la cosa juzgada al no ajustarse al estándar normativo del fallo dictado” en octubre del año pasado por el juez Oscar Daniel Benedetto, ratificado luego por un fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En el fallo de Benedetto se habían impuesto zonas de exclusión amplísimas, de 1.000 metros alrededor de las escuelas para las fumigaciones terrestres, y de 3.000 metros para las aéreas. En cambio, el Poder Ejecutivo bajó esas distancias a 100 y 500 metros, respectivamente. Por eso, el juez Marfil decretó la nulidad precisamente del artículo 1° del decreto 4.407, que fija las distancias para las pulverizaciones.

En la manifestación de este jueves, que incluyó una caravana de automóviles desde el acceso Norte hasta el Centro Cívico de Paraná, participaron dirigentes de la primera línea de la Mesa de Enlace, como Alfredo Bel y Elvio Guía, de la Federación Agraria Argentina, delegación Entre Ríos; Jorge Chemes, vicepresidente primero de la Confederación de Rurales Argentinas (CRA) y ex diputado nacional e integrante de la Cámara de Productores Lecheros de Entre Ríos; Juan Diego Echevehere, ex titular del Consejo Empresario de Entre Ríos y hermano del Secretario de Producción de la Nación; Walter Feldkamp, director por Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Raúl Boc Hó, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) y Daniel Kindebaluc, titular de la Federación Entrerriana de Cooperativas.

Del encuentro con los cuatro integrantes del STJ, participaron los productores Fernando Borgo (citrícola), Mairela Dalinger, Nicolás Trossero, Fabio Schneider; y los dirigente Boc Hó, Kindebaluc, Feldkamp; Guadalupe Vivanco, titular de la Sociedad Rural de Nogoyá; y Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

En la reunión, que fue abierta a la prensa, los productores le contaron a los vocales del STJ cómo impacta en su economía el fallo sobre las pulverizaciones cerca de las escuelas rurales.

Algunos cuestionaron el discurso de los ecologistas y sostuvieron que la decisión judicial sólo perjudica a la producción, al empleo y a la economía de las familias de pequeños productores que subsisten arrendando algunas hectáreas de tierra.

Dalinger, productora de Crespo, sostuvo que el fallo judicial es “peor que la 125”, la resolución del gobierno kirchnerista que desató el conflicto con el campo en 2008. Aseguró que el reciente fallo judicial afecta al cien por cien de los sectores del campo que dependen de la aplicación de agroquímicos para producir.

Mientras transcurría el encuentro, afuera esperaba el grupo de los ruralistas que se movilizaron con banderas argentinas, de Entre Ríos y las entidades que los nuclean. Otros llevaron bidones con inscripciones contra el fallo judicial. «No explican que los agroquímicos son los mismos que se usan para combatir las plagas en las casas», decía uno de ellos.


De la Redacción de Entre Ríos Ahora.