La legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Laura Marrone, dijo este miércoles en Paraná que el proyecto educativo que promueve el Gobierno de Mauricio Macri está “sujeto a las necesidades e imposiciones ideológicas de las grandes empresas”, y atenta contra la educación pública.

El Plan Maestro en el sistema educativo que promueve el macrismo “no tiene ninguna originalidad, ya que son diseños que se vienen desarrollando en otros países como modelos de un sistema educativo fragmentado, donde el docente estará sujeto a las necesidades e imposiciones ideológicas de las grandes empresas que (a través del diseño de las evaluaciones externas, la penetración creciente de empresas privadas en el control de la gestión y la capacitación docente) comienzan a tener injerencia directa sobre lo que se enseña en el aula, por eso decimos que pretenden no sólo cambiar nuestro régimen laboral (diseñado en los estatutos docentes) sino, también, tomar nuestra cabeza y pizarrón”.

“Acá no está en juego sólo el salario docente sino la escuela pública y el derecho al acceso irrestricto a la universidad por parte de los estudiantes, ya que el régimen de evaluación incidirá, con su carácter nominal, no sólo sobre el docente sino sobre la juventud en su derecho a estudios terciarios, porque esos resultados serían considerados como una suerte de prueba de ingreso”, advirtió la docente.

Además, “detrás de esto hay un negocio liso y llano que implica apropiarse del seis por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) de inversión de los Estados en educación para hacer negocios, es decir, el capital descubrió que en salud y educación invierten los Estados y, a través de la tercerización, las empresas se pueden hacer de ganancias, tanto en capacitación docente como en gestión escolar, auditorías, control de las tutorías y diversas ramas o actividades que hoy desarrollan las escuelas públicas y que serían tercerizadas”.

En ese sentido, contó que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) se avanzó bastante en esa dirección y ejemplificó: “Muchos directivos y docentes son capacitados por la Universidad de San Andrés (Udesa), que era dirigida por Carlos Rosenkrantz, quien tuvo la impudicia de votar el dos por uno y así se expone que cierra el control ideológico sobre lo que se enseña”.

“Quienes como docentes, en los últimos 30 años, después de la dictadura, de un modo u otro, hicimos entrar ‘la primavera’ en las escuelas a través de la democratización de lo que se enseña y pudimos hablar de la memoria, de los derechos humanos, de los derechos ambientales, contra la contaminación y contra la desocupación, veríamos a través de este sistema de control (por medio de las evaluaciones y la creciente entrega de las escuelas a las empresas privadas) disminuida o anulada nuestra capacidad de desarrollar el pensamiento crítico, para que los alumnos sean seres pensantes y libres”, apuntó.

Caballo de Troya

El Plan Maestro “contiene un disfraz que puede llegar a ser atractivo: la construcción de 3.000 jardines y la extensión de la jornada”, pero indicó que hay que desnudar esas supuestas metas, ya que “la construcción de los jardines es una proyección a diez años, con un 40 por ciento de deuda externa; y la jornada extendida era un plan que en la Ley de Financiamiento Educativo estaba el comprendido, ya que se estimaba que el 30 por ciento iba a ser de jornada extendida y eso no se cumplió y cuando se mira el Presupuesto se observa que no hay forma de que eso esté proyectado”.

Pero detrás la “revolución educativa” de la Gestión macrista se devela la explosión del sistema educativo público: “La idea es que se queme el sistema educativo actual; es decir, que se modifique la relación pedagógica y las formas institucionales y, detrás de ello, está la digitalización de la educación, porque ellos son accionistas de empresas que proveen software digital y están vendiéndoselo al Estado, cuando digo ellos digo (Esteban) Bullrich, (Gabriel Sánchez) Zinny —responsable del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet)—, Rosenkrantz y (Horacio Rodríguez) Larreta, entre otros. Todos ellos son accionistas de empresas privadas que venden servicios educativos de distinto tipo, ya sean de lo que llaman innovación pedagógica o evaluaciones externas, entre otras”.

En ese marco, recordó que el año pasado Educación 137 (con el auspicio de los Gobiernos nacional de y Caba) realizó el Congreso de la Educación & Desarrollo Económico “en el que eran todos CEO, no había docentes. Eran CEO de IBM, Telefónica, Microsoft (entre otros), donde uno que vende servicios educativos que le dijo a los empresarios: ‘avívense, los Estados hasta ahora gastan en educación y esos recursos deben ser para el capital, es decir, aprovechemos que el Estado pone la plata e invirtamos nosotros para obtener grandes ganancias”.

Emergencia educativa

Ante ese escenario, contó que en marzo, los diputados del FIT Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista), Néstor Pitrola, Soledad Sosa y Pablo López (PO) presentaron en el Congreso el proyecto de la Ley de Emergencia Educativa en apoyo a los docentes y a la educación pública, que contempla que el Presupuesto Nacional Educativo se aumente, como mínimo, al 25 por ciento del Presupuesto Nacional o al diez por ciento del PBI, establece un salario básico de 15.000 pesos para los docentes de todo el país y dispone la renacionalización del sistema educativo, para que el Gobierno nacional se haga responsable de todas las escuelas del país y del pago de los salarios de todos los docentes, imponiendo el nombramiento inmediato de todos los cargos docentes y no docentes que estén vacantes, así como las inversiones en infraestructura necesarias.

Para todo ello se crearía una partida presupuestaria de emergencia, con recursos provenientes de la suspensión de los pagos de la deuda externa e impuestos especiales a los grandes capitales. Además, se establece la eliminación de los subsidios a la educación privada, la cual se incorporaría al sistema educativo público con la absorción de todo su personal y el reconocimiento de todos sus derechos laborales. Las obras sociales pasarían a funcionar bajo control de los trabajadores y jubilados docentes, garantizando la devolución de los fondos incautados por los distintos gobiernos.

 

 

Fuente: Agencia de Informacione Mercosur (AIM).