El diputado nacional Pedro Galimberti (Juntos por el Cambio/Entre Ríos) se adjudicó la situación de zozobra en la que quedó el titular del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, Edgardo Daniel Alonso, luego de la denuncia que presentó en su contra en mayo último ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Este martes último, en la sesión de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura se resolvió notificar al magistrado de las denuncias en su contra.
La presentación de Galimberti fue realizada en mayo de este año, y se sumó a otras cinco escritos de igual tenor ante el Consejo de la Magistratura. Allí, el legislador entrerriano solicitó la apertura de un procedimiento de remoción contra el juez Alonso, como así también la suspensión del mismo en virtud de sus actuaciones en el marco de la causa: “Casaretto, Marcelo Pablo c/Cámara de Diputados de la Nación y otro s/Amparo Ley 16.986”.
En esa causa el magistrado dictó, en abril pasado, una medida interina que ordenaba a las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, a través de sus respectivos presidentes, que se abstuvieran de designar nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, medida que a los pocos días fue dejada sin efecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, calificándola de “alzamiento contra el máximo tribunal del país”.
La medida precautelar de freno a las designaciones de los integrantes del Consejo de la Magistratura fue solicitada por el diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos), en el marco de una acción de amparo promovida ante Alonso, en el contexto en el que los estamentos del Consejo de la Magistratura de la Nación estaban en proceso de dar cumplimiento a lo ordenado en fecha 16 de diciembre de 2021 por la Corte Suprema de Justicia.
Pero la resolución de Alonso fue duramente criticada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte sostuvo que al dictar la medida precautelar el juez Alonso “se entrometió en la decisión de esta Corte que ordenó que el Consejo de la Magistratura llevase a cabo las acciones necesarias a fin de cumplir con el sistema de integración del cuerpo previsto en la Ley 24.93”.
El 12 de abril Alonso había hecho lugar a una medida precautelar pedida por el diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos, Entre Ríos) y ordenó a los titulares del Senado y de Diputados, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, respectivamente, que se abstengan de designar nuevos miembros del Consejo de la Magistratura. En su resolución, el juez Alonso les otorgó 5 días hábiles para efectuar los descargos.
Magistratura: Galimberti cruzó a Casaretto y cargó contra «jueces amigos»
«El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva Ley, y no se pretenda poner en vigencia una Ley ya derogada en 2006. El 7 de abril el Senado dio media sanción a un proyecto que debemos tratar en forma urgente en Diputados, garantizando el equilibrio en la representación tal como indica el artículo 114 de la Constitución Nacional, y la participación de la oposición”, había dicho Casaretto.
De ese modo, el magistrado hizo lugar a una medida precautelar presentada por Casaretto con el patrocinio del abogado José Raúl Velázquez. Para decidir la cuestión de fondo, el magistrado le pidió un informe a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, “respecto del interés público comprometido por la solicitud, pudiendo expedirse en el mismo acto sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañar las constancias documentales que estimen pertinentes”.
El caso se resolvió finalmente imponiéndose el criterio de la Corte respecto de la integración del Consejo de la Magistratura. Pero en medio el juez Alonso quedó en una incómoda situación.
Luego de ese dictamen, en una presentación realizada ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, Galimberti solicitó la apertura de un procedimiento de remoción del magistrado, como así también la suspensión del mismo, tal como lo establece el artículo 114 inciso 5 de la Constitución Nacional.
El pedido se realizó con motivo de la actuación del magistrado en el marco de la causa “Casaretto, Marcelo Pablo c/ Cámara de Diputados de la Nación y otro s/Amparo Ley 16.986”, por intermedio de la cual Alonso, el pasado 12 de abril, dictó una medida interina que ordenaba a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, a través de sus respectivos Presidentes, que se abstengan de designar nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, medida que a los pocos días fue dejada sin efecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declarándola nula y calificándola de “alzamiento contra el Máximo Tribunal del país”.
Galimberti compartió el criterio de la Corte y sostuvo que el juez Alonso actuó sin fundamento alguno el título para justificar su competencia e irrumpir de manera absolutamente irregular en la ejecución de la sentencia firme dictada por dicho Tribunal. “Como vemos la contundencia de esta sola afirmación resulta suficiente, para someter al magistrado denunciado al proceso de remoción”, expresó el legislador en la presentación, que calificó la situación de un “absurdo jurídico”.
Este “error judicial inexcusable” es, a juicio del Galimberti, causal de mal desempeño y amerita la sanción de remoción, ya que no cabe duda que la conducta de Alonso atentó contra la propia organización del Poder Judicial.
En la presentación se cita, además, como fundamento, una segunda causal, que es la de negligencia grave en el ejercicio del cargo, por no tener su despacho al día, y una tercera, que es haber puesto la jurisdicción al servicio de profesionales que representaban a integrantes de las fuerzas de seguridad domiciliados fuera de la provincia de Entre Ríos entre 2008-2013.
Proceso
“El juez Alonso habría incurrido en varios vicios. En primer lugar, en reconocer la legitimidad para actuar a quien no la tenía. En segundo lugar al tramitar un amparo ante una decisión judicial (…) Y en tercer lugar, y lo que es más grave, fue ordenarle a la Cámara de Diputados que no cumpliera con una sentencia de la Corte Suprema que estaba firme”, expresó Pablo Tonelli, de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.
Tonelli argumentó, además, que Alonso actuó con un grave desconocimiento del derecho, lo cual fue constatado y puesto en evidencia por la Corte Suprema, que anuló la decisión del Juez y, además, lo denunció.
La sesión de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura tuvo lugar en la modalidad semipresencial, fue presidida por Tonelli y contó con la participación de los Consejeros Graciela Camaño, Jimena de la Torre, Martín Doñate, Alberto Agustín Lugones, Roxana Reyes, Vanesa Siley, María Fernanda Vázquez y Gerónimo Ustarroz.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora