“Grave situación institucional en el Ministerio Público de Entre Ríos”. Así se titula el conversatorio del que participarán este martes 7 el Procurador General de la Provincia, Jorge García, y la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche. Del encuentro, también tomarán parte Alejandro Guillé, Procurador General de la Provincia de Mendoza y presidente del Consejo de Procuradores y Asesores Generales de la República Argentina; también Daniel Sabsay, abogado constitucioanlista; y Luis Cevasco, exfiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El encuentro es organizado por la Red de Entidades por una Justicia Independiente (Rejia), entidad que hizo público su pensamiento respecto de los procesos de jury a lo Procuradora Adjunta, y de juicio político al Procurador General. Al respecto, manifestó “su preocupación y pone en alerta a la opinión pública ante la grave situación institucional planteada en la provincia de Entre Ríos, a partir de la suspensión de la procuradora adjunta a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, quien está llevando adelante una investigación por graves hechos de corrupción que involucran al exgobernador Sergio Urribarri, a algunos de sus parientes y a políticos allegados”.
“La gravedad del caso está dada por la banal causal invocada para motivar su apartamiento y suspensión por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y, especialmente, por haberse atribuido ese Tribunal facultades para desplazar al Ministerio Público Fiscal como su órgano encargado de la acusación, cuando está impuesto como tal expresamente en la legislación vigente. En efecto, quienes integran el Jurado de Enjuiciamiento -entre ellos, tres jueces de la Corte provincial-, con una sola excepción han decidido conformar un nuevo órgano de acusación, distinto del previsto en la ley que rige su actuación, con integrantes de una lista de conjueces, de modo que se han convertido en legisladores y seleccionadores de su integración”, señaló.
En su mirada crítica sobre el pronunciamiento del Jurado de Enjuiciamiento, recordaron que invocaron para que, “estando bajo juzgamiento la conducta de una fiscal, los integrantes del Ministerio Público no aparecen como imparciales, olvidando, por un lado, que los miembros del Ministerio Público tienen un deber de objetividad y, por otro, que los de la Corte Suprema de la Provincia integran el Tribunal de Enjuiciamiento y juzgan la conducta de jueces, con lo que les sería aplicable la misma inhabilidad. Por otra parte, el razonamiento es absurdo porque la sospecha de parcialidad debe plantearse en cada caso y por las partes que ejerzan su derecho de impugnar, no de oficio por el Tribunal encargado de decidir”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora