Cecilia Goyeneche, destituida de su función de Procuradora Adjunta por el Jurado de Enjuiciamiento el 24 de mayo de 2022 -bajo el cargo de incumplimiento de los deberes en la tramitación de la megacausa de los Contratos Truchos, decisión recurrida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación- dispara con munición gruesa contra el máximo órgano judicial de Entre Ríos, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), y acusa a sus nueve integrantes de actuar por fuera de la ley en la decisión de suspender jueces sospechados de haber cometido irregularidad. Dice que ve «con preocupación» lo que ocurre en Tribunales.
Goyenece se para en la vereda de frente en la que se ubica el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Alejandro Cánepa. «Contrariamente a algunas declaraciones por parte del presidente de la Asociacion de Magistrados, me preocupan mucho dos casos donde el STJ hizo lo que no había hecho nunca, que es suspender magistrados designados con acuerdo del Senado. El STJ, por razones diversas, decidió tomarse la atribución de suspender a los jueces en el ejercicio de sus funciones. Es una actitud absolutamente excesiva y por fuera de las normas legales. No está previsto en ninguna ley. Ninguna ley le da esa facultad al STJ. Quien puede suspender a un funcioanrio es el Jurado de Enjuiciamiento, como pasó en mi caso. Yo puedo protestar, pero no puedo decir que no tiene facultades para suspender. Ellos tienen esa facultad», planteó durante una larga entrevista con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.
Actualmente hay cinco funcionarios judiciales bajo investigación: Arturo Dumón, juez de juicio en Gualeguaychú, denunciado por su expareja por violencia de género; Marcelo Baridón, vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, quien carga con una denuncia por abuso que presentó su hijo el último día de agosto; Josefina Etienot, separada de su cargo de jueza de Familia de Diamante, con denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento; el renunciado fiscal de Rosario del Tala Federico Uriburu, con denuncia por violencia de género; y el fiscal de Feliciano Ricardo Temporetti, también por una causa de violencia y un incidente vial en la vía pública.
-En las decisiones del STJ respecto a los funcionarios investigados no actúa de la misma forma en todos los casos. se ve que hay distinta vara
-Eso es parte de la arbitrariedad en la forma en que se conducen. Creo que la denuncia contra el vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú (se refiere a Arturo Dumón, NdelR) tiene un año de antigüedad y recién ahora le iniciaron sumario. Pero no debieron suspender a ninguno. Lo que hicieron con la situación de Dumón es lo que deberían hacer con todos: iniciarles un sumario. Pero lo que no pueden hacer es suspender a los magistrados, porque son designados de acuerdo a un procedimeinto constitucional. No están facultados. Están haciendo cosas que no se les permite hacer. Están haciendo cosas que vulnera el estado de Derecho.
-Durante una entrevista con Radio Plaza, el presidente de la Asociación de la Magistratura dijo que le parecía importante que el Poder Judicial «brinde confianza». Y sostuvo: «No importa quién es el investigado, quién el denunciado, sino que se investigan prontamente los hechos para tomar la decisión que haya que tomar».
-Bueno, eso es doblemente preocupante si dijo eso, porque el gremio de los jueces es la Asociación de la Magistratura. El gremio tiene por cometido proteger, defender la independencia. El objetivo de la agremiación de los jueces es poder tener elementos para defender la actuación libre de los jueces. Una de las formas de vulnerar la independencia judicial es cuando un Superior Tribunal de Justicia se toma atribuciones que no le da la ley y decide remover a alguno de sus integrantes. Ahora, las personas que tenían causas en esos juzgados deben estar preocupadas porque le sacaron el juez natural. Los sacaron de un plumazo sin ningún procedimiento constitucional que así lo prevé. Y el gremio que tendría que estar protestando, lo avala y la verdad que no me sorprende que lo avale porque la vicepresidenta del gremio es una de las vocales que lo resuelve.
-Se refiere a Laura Soage
-Claro. Y el presidente del gremio tiene una relación de parentesco con otro vocal (se refiere a Alejandro Cánepa, yerno del vocal Daniel Carubia, NdelR). Entolnces, es una situación realmente compleja porque los magistrados son todos ahora vulnerables a que los suspendan en algún momento. Y esto no puede ser. El Jurado de Enjuiciamiento tendría aquí que plantarse y defender su competencia. Cualquier situación en la que un magistado tenga que ser suspendido o removido la tiene que resolver el Jurado de Enjuiciamiento. Eso es lo que dice la Constitución. Por eso digo que es muy procupante la situación.
Goyenece plantea «el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son controlados por el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial solo es controlado a través del sistema de rendición de cuentas del juicio político o del jury. Es muy delicado que los jueces decidan desviarse y no someterse a las reglas legales. Los ciudadanos tenemos que estar atentos a esto. Uno tiende a pensar que porque lo resuelve el Superior Tribunal tienen legitimidad para hacerlo. Y la verdad que no. La ley que aplica el Superior Tribunal de Justicia para suspender funcionarios es una ley que está sancionada en el último gobierno militar. Es del 82. Pasaron 41 años. Nunca habían suspendido a ningún magistrado, y no porque no pasaran cosas, sino porque sabían que no tienen competencia para eso, porque no están facultados para eso. En el último mes cambiaron de opinión.
-¿Y por qué cree que ahora están tomando estas decisiones?
-La verdad que tendríamos que preguntárselo a ellos. Por qué este cambio de criterio. Hay una regla que dice que las sentencias judiciales tienen que estar justificadas y explicadas. No deberíamos sorprendernos sino tener una explicación. Por qué ahora tienen esa facultad que no viene de la norma y nunca habían entendido que surgiera de la norma. Tendríamos que saberlo de boca de ellos.
La exProcuradora Adjunta no arriesga a una teoría de por qué se da esa situación ahora. Y no tiene elementos, asevera, para hablar de «vendetta» Al respecto, observó: «No lo sé. No puedo decir yo eso. Se ve una sobreactuación. Eso es claro. No creo ser la única que lo nota. También han aprovechado algunas circunstancias que han ocurrido y se han montado sobre eso para resolver estas suspensiones novedosas», subraya.
Luego, apunta: «Vemos al STJ moverse explícitamente en la arena política. Recodemos que el STJ fomentó la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, propuso la redacción que hoy se cuestiona por inconstitucional. La propusieron ellos porque durante muchos años quisieron tener una intervención en el Consejo de la Magistratura. Estaban bastante disgustados con el modelo del Consejo de la Magistratura que no le daba parte al STJ. Lo lograron a través de esta última reforma . Lograron tener un rol preeminente. Ahora, todas las resoluciones del Consejo de la Magistratura pasan por la aprobación del STJ».
Goyeneche explica la permeabilidad de la Legislatura a aprobar esos cambios al hecho de que «vivimos en democracias degradas, más parecidos a sistemas autocráticos. Las Legislaturas, con mayoría automática, aprueban leyes por lobby». Y lo ve, dice, en el tratamiento del proyecto de reforma al Código Procesal Penal en la Provincia, a propuesta del STJ. «Ahí vemos la anuencia, el concurso de voluntades entre la Sala Penal y (el gobernador Gustavo) Bordet. Mandan ese proyecto de reforma que parece hecho a la medida de la causa de los Contratos Truchos. Tratan de evitar investigaciones por parte de fiscales ágiles, y donde la defensa no pueda entorpecer las declaraciones de las personas. Lo que pretende esta reforma es coartar la posibildiad de que el Ministerio Público Fiscal investigue de esea manera. Se busca volver ineficiente el sistema para que no ocurran causas relevantes como la de los Contratos Truchos», fustiga.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora