La fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, dará este jueves un informe ante magistrados y funcionarios del Poder Judicial respecto de la relación comercial que mantuvo con el contador Pedro Opromolla, uno de los profesionales mencionados en la escandalosa causa de los contratos truchos en la Legislatura.

El encuentro tendrá lugar en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial este jueves 13, a las 17. Allí, la Procuradora adjunta, según indicó la entidad que preside la jueza Gabriela López Arango, “informará respecto de los hechos que son de público conocimiento que han surgido en los medios en los últimos días, siendo propicia la oportunidad para debatir respecto de la independencia judicial de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos”.

En la causa de los contratos,  caratulada “Beckman Flavia Marcela y otros s/Asociación ilícita y otros”, están en prisión  cuatro personas, que son apenas la punta del iceberg de un entramado que todavía no se descubre hasta dónde llega ni cuántas personas involucra en el poder político:  Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo,  Hugo Mena y Alfredo Bilbao.  Según un primer diagnóstico descripto en la apertura de la causa por los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, aquellos cuatros, más  Hugo Luna (ya fallecido),  María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviana Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra,  Roberto Faure, Sergio Cardoso, Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.

El mecanismo descripto incluye “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras (Diputados y Senadores), con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.  Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos 100 contratos aproximadamente, por un promedio de $4.500 cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre pasado, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000” por contrato.

Sostienen los fiscales que los contratos “eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena. Esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado. La expresada detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ámbas Cámaras, siendo estos Juan Domingo Orabona (director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011), Gustavo Hernán Pérez (director Administrativo Contable del Senado desde 2011, echado por el vicegobernador Adán Bahl cuando estalló el escándalo, NdelR), y Sergio Cardoso (director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados), quienes tenían el manejo de esos caudales públicos ya que, junto con personal autorizado de ambas Cámaras, contaban con la facultad funcional de emitir los cartulares correspondientes al pago mensual de aquellos vínculos”.

Luego de que se efectuaban el depósito de esos sueldos a los contratados truchos, “los cheques eran entregados a Hugo Rubén Mena y Flavia Marcela Beckman, quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza, como ser: Esteban Angel Alberto Scialocomo, María Victoria Alvarez, Jorge Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Alvarez, Andrea Noemí Beatriz Demartin, Alejandro Rubén Ferreyra, Viviana Giselle Mena Gioveni, Veronica Caino, Roberto Ariel Faure, Renato Jesús Mansilla, Hugo Luna (f), entre otros. A las personas del círculo de confianza que operaban como ´cobradores´ de cheques, se los hacía llegar hasta un local comercial ubicado en calle Alem, o posteriormente a la playa de estacionamiento de calle Alem Nº 64 de esta ciudad o hasta la Tómbola ubicada en esa misma arteria al numeral 87, sitios donde Beckman, Mena, Balladares y Scialocomo, entre otros, les repartían los valores para su cobro,  el que se ejecutaba en diversas sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos”.

Posteriormente, el dinero resultante era entregado a Pérez, Cardoso, Bilbao y Alejandro Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera. “Bilbao era quien recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducción de gastos de pagos de impuestos de los contratados y de comisiones. Finalmente, Bilbao se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de éste, hasta diciembre de 2011, a Juan Domingo Orabona, y con posterioridad a Juan Pablo Aguilera, y a otras personas hasta el momento desconocidas”, marcaron los fiscales.

 

A su vez, la gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos contratistas, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación”.

El nombre de Opromolla fue ligado rápidamente con Goyeneche por cuanto su esposo, Sebastián Bertozzi fue socio de Opromolla.

Esa situación motivó los pedidos de recusación de parte de los abogados Leopoldo Cappa y Miguel Cullen.

No es lo único.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, pidió a la Fiscal General Laura Gema Zaccagnini de Gambino que evalúe la presentación que hizo el diputado provincial Gustavo Guzmán (PJ) en torno a la Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche en relación a los lazos comerciales que tendría con uno de los investigados en la megacausa de los contratos truchos, Pedro Opromolla.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.