«En este caso, no me fue muy difícil transformar mi defensa en una acusación. La acusación fue deficiente. La verdad que en el proceso de juicio oral -lamentablemente no permitieron divulgarlo en vivo y en directo- no hubo ningún contratiempo para mi parte».
De ese modo, la suspendida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Andrea Goyeneche, analizó el proceso de jury al que fue sometida entre el 4 y el 7 del actual en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) ante el Jurado de Enjuiciamiento que integran tres vocales del máximo tribunal entrerriano -Gisela Nerea Schumacher, Daniel Omar Carubia y Juan Ramón Smaldone-; dos legisladores -el senador Armando Luis Gay el diputado Gustavo Zavallo, ambos del Frente Creer-; y dos representantes del Colegio de la Abogacía, Verónica Mulon y Gonzalo García Garro. Ese proceso ahora aguarda sentencia del Jurado, y la sospecha más extendida es que habrá destitución. Aunque nada está dicho.
–¿No sintió en ningún momento que la estaban arrinconando? -le preguntó el periodista Antonio Tardelli, durante una extensa entrevista en el programa En el dos mil también, en Radio de la Plaza.
-Para nada. En absoluto. Al contrario: desde el primer testigo hasta el último testigo fueron favorables a poner en evidencia que todo esto era un armado donde se trató de encontrar algún elemento para provocar la situación de destitución, la situación de acusación, pero nada consistente.
De todos modos, dijo que el proceso de jury -resuelto 30 de noviembre de 2021 por el Jurado de Enjuiciamiento, que la suspendió en el cargo y, además, apartó al Ministerio Público Fiscal como órgano acusador y designó un fiscal ad hoc, Gastón Justet- fue una respuesta a su actuación acusadora en causas de corrupción, y fundamentalmente en el megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri, que concluyó el 7 de abril con una condena a 8 años de cárcel.
«En todo este proceso hay algo que para mí es positivo, y es que nosotros, en Entre Ríos, como no ha pasado en otra provincia, tenemos a un exgobernador condenado. No es positivo en cuanto al hecho que pasó, que fue comprobado, un hecho de corrupción. Pero es positivo en cuanto a que no podemos ser ingenuos de pensar que esto (la corrupción, NdelR) pasa solamente en Entre Ríos. Pasa en muchos otros lados. Pero acá hubo un exgobernador condenado. Eso es meritorio para el sistema judicial entrerriano. Se llegó tan lejos en eso, que se llega tan lejos en la reacción. Lo digo como parte. He estado en otras acusaciones a lo largo de 16 años como fiscal, y nunca he tenido las presiones y las reacciones que ha habido ahora. Eso tiene que ver con que la investigación de corrupción en caliente, a personas que todavía tienen el poder, tiene otro costo», aseguró Goyeneche.
Claro que en la acusación en su contra por supuesto mal desempeño en la causa contratos truchos en la Legislatura por su relación comercial con uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla, dice, también incidió el rol que jugaron miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ). «Los jueces del Superior propulsaron este jury. No lo hicieron de buena fe, no lo hicieron lealmente, y entonces es muy difícil la convivencia posterior», señaló, y puso la mirada en el día después al proceso de jury y a su eventual vuelta a Tribunales: el 30 de mayo vence su suspensión, y si el Jurado no resuelve la destitución regresará a su función.
Respecto del proceso de jury, Goyeneche contó que cuando se sentó a planear su defensa con los abogados Leopoldo Lambruschini y Enrique Pita «pensamos que algunos de los testigos podrían mentir. Encontramos un testigo que fue a mentir, era uno de los cobradores de cheques de la Legislatura», en referencia a Mario Deiloff.
Deiloff, un cadete investigado en la causa Contratos -finalmente no imputado- que tenía un contrato trucho en la Legislatura -«trabajaba» con el senador de La Paz, Aldo Ballestena- y cobraba cheques de otros contratados. Todo a pedido del estudio de contadores Integral Asesoría.
Antes de su testimonio, se vio el video en el que fue entrevistado por la fiscal Goyeneche e Ignacio Aramberry, en la causa Contratos, en el que Deiloff menciona que el estudio lo integraba «Sebastián Olrando Bertozzi».
Al deponer, el testigo dijo que en su momento se sintió intimidado por haber dicho el nombre del esposo de la fiscal, y que tras ello se le allanó su domicilio y le secuestraron el teléfono. «La verdad fue un momento intimidatorio. En todo momento se ponía en duda lo que decía o se cuestionaba lo que me rpeguntaban», dijo ante la consulta de Justet.
Goyeneche aseguró que «ese testigo fue a mentir. Pero cuando mintió ya habíamos proyectado en la audiencia su declaración, ante los fiscales y ante mí, y ya se había puesto en evidencia que no hubo ningún maltrato ni nada por el estilo, entonces cuando se sentó en la audiencia quedó muy en evidencia que estaba mintiendo».
Mientras espera la votación de los siete miembros del Jurado de Enjuiciamiento que pueden decidir su suerte en el Poder Judicial, la Procuradora Adjunta aguarda otra definición: que el STJ ad hoc resuelva el amparo que presentó contra lo resuelto en el jury. «No conozco al tribunal ad hoc. No los conozco porque son camaristas del fuero laboral, con quienes no tengo ningún contacto. No les conozco las caras. No tengo prejuicios porque no los conozco. Yo espero que apliquen el Derecho».
Señaló que su proceso de jury «tiene un vicio de origen. El Jurado de Enjuiciamiento no puede declarar inconstitucional una ley, tampoco puede no aplicar una ley. Sin embargo, para mi caso decidieron no aplicar tres leyes. Por eso nos fuimos con un amparo». Al respecto, aseveró que el proceso en su contra «es absolutamente ilegal, violatorio de tres leyes, de eso no caben dudas».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora