La presidenta de la Sociedad Rural de Nogoyá, Guadalupe Vivanco, fue una de las 10 dirigentes y productores que el jueves último expuso ante cuatro vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) sus cuestionamientos al fallo que pone límites extensos a la pulverización de agroquímicos cerca de escuelas rurales.

En diálogo con el programa Puro Cuento, por Radio Costa Paraná 88.1, la dirigente consideró positiva la reunión con los magistrados y a la vez indicó que pudieron expresarles que el fallo de la Sala Penal del STJ impacta duramente en la economía y el trabajo rural.

Además, planteó que se debe buscar un acuerdo para que 300 mil hectáreas en la provincia no queden improductivas, y advirtió que si no se llega a un consenso habrá miles de despidos en el sector. Por otra parte, se mostró a favor de que se endurezcan las sanciones para los productores que incumplen con las buenas prácticas de aplicación de agroquímicos.

“Pudimos llevar adelante una reunión con los jueces que fue muy positiva porque pudieron escuchar los testimonios de carne viva de cada uno ante esta situación que nos ha cortado las manos”, dijo Vivanco sobre la reunión con el presidente del STJ, Emilio Castrillón, y los vocales Miguel Ángel Giorgio, Martín Carbonell y Bernardo Salduna.

En cuanto al fallo que pone límites para fumigar de mil metros terrestres y tres mil áereos, la ruralista sostuvo que “dinamita la economía de la provincia” y advirtió que “va a venir una ola de despidos de miles y miles de personas que trabajan para el sector agropecuario y agroindustrial”.

“Somos generadores de fuentes de trabajo directa e indirectamente. Lo más preocupante es la ola de despidos que se va a venir con inutilizar la propiedad privada, que es el derecho básico que tenemos para trabajar nuestra tierra. Eso acarrea un dominó de consecuencias que son destructivas para la economía”, planteó.

En ese marco, manifestó que se debe llegar a un “punto medio” que acerque posiciones entre quienes quieren seguir produciendo las tierras y quienes reclaman contra el uso de agroquímicos.

A su vez, aseveró que muchas de las 1905 escuelas rurales que hay en la provincia fueron construidas por productores y reiteró que el fallo generará despidos. “La levantaron nuestros antepasados, como en mi caso que la levantó mi abuelo dentro de mi campo. Yo hice la primaria ahí” dijo.

En ese sentido, refirió que el fallo genera un efecto en cadena: “Si no podemos trabajar la tierra, tenemos que despedir y entonces  en la escuela no queda nadie, es todo un efecto. Es un fallo irresponsable por los miles de despidos que va a acarrear esto”.

Consultada si los productores podrían entablar un diálogo con los ambientalistas, la titular de la Sociedad Rural de Nogoyá lo descartó y puso en duda los intereses de las organizaciones ecologistas: “Creo que es gente que no sé qué trasfondo hay atrás, siento que se cierran en sus posturas extremas y no les interesa dialogar. Los mismos jueces nos dijeron que no les interesa escucharnos. Nosotros sí hemos querido dialogar, acercar posturas, buscar un punto medio. No pueden dinamitar la economía”.

La dirigente rural ratificó lo que expresó en la puerta del Palacio de Tribunales: que el fallo judicial es más dañino que la resolución 125 del gobierno de Cristina Kirchner, que establecía un sistema móvil para las retenciones impositivas a las exportaciones de soja, el trigo y el maíz, y que desató  el conflicto con el campo en 2008.

Máss adelante, abogó por encontrar un consenso para que no queden inutilizadas 2.800 hectáreas por las aplicaciones aéreas y 320 en las que se fumigaba por tierra.

“La mayoría de los productores trabajan con el manuel de buenas prácticas agrícolas, con la Ley de Fitosanitarios de 1980, que es muy buena, y que lamentablemente hace dos años el oficialismo tiró por tierra la nueva ley que era una forma de aggiornar la ley de 1980”, sostuvo.

Finalmente, consideró que deben endurecerse las sanciones para aquellos productores que incumplen con la normativa de aplicación. “Tienen que endurecerse las multas, y si tienen que ir presos que vayan presos, porque los que hacemos las cosas bien a esas cuestiones no le tenemos miedo”, cerró.

La discusión judicial

La discusión en torno a las fumigaciones cerca de las escuelas rurales comenzó cuando el Foro Ecologista y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) interpusieron un amparo para que se pongan límites.

En octubre de 2018 el juez civil Oscar Benedetto impuso una zona de exclusión amplísima, de 1.000 metros alrededor de las escuelas para las fumigaciones terrestres, y de 3.000 metros para las aéreas. En cambio, el gobernador Gustavo Bordet, mediante el decreto N° 4.407, del 18 de diciembre de 2018, bajó esas distancias a 100 y 500 metros, respectivamente.

En marzo último, el camarista Andrés Marfil decretó la nulidad parcial del decreto del gobernador por ser “inconstitucional por violación de la cosa juzgada al no ajustarse al estándar normativo del fallo dictado”. Esa decisión fue apelada, pero fue confirmada por la Sala Penal del STJ.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.