El martes, 33 comercios de venta de ropa del centro de Gualeguaychú fueron allanados por orden de la Justicia Federal, en un mega operativo en el que participó Gendarmería, la Afip y Aduanas ante la sospecha de que se estarían comercializando productos ingresados a la ciudad de forma irregular y sin pagar tributos.

La investigación iniciada desde el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo deHernán Viri, se basa en la denuncia radicada por Adolfo Solari en representación del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, ante la presunta infracción de la Ley 22362  -conocida como Ley de Marcas-.

Este viernes, los dueños de esos locales allanados protagonizaron una ruidosa manifestación frente a la Justicia Federal para reclamar trato igualitario ante la ley.

Integrantes de la comunidad boliviana en Gualeguaychú reclamaron frente al Juzgado Federal a cargo del juez Hernán Viri «igualdad para todos», en el marco de la causa que investiga delitos vinculados a la infracción de la Ley de Marcas, evasión tributaria e irregularidades migratorias. La denuncia fue radicada por el Centro de Defensa Comercial, la cual derivó en el allanamiento de 33 locales comerciales días atrás, con la participación de Gendarmería Nacional y efectivos de la AFIP.

 

La presencia de banderas del Estado Plurinacional de Bolivia no pasaron inadvertidas en el reclamo. También participaron integrantes de la comunidad paraguaya de la ciudad del sur entrerriano. En diálogo con R2820 Radio algunos de los comerciantes que se manifestaron señalaron que «existe un componente de discriminación en lo que ocurrió con los allanamientos. Seguramente hay muchos comercios de gualeguaychú que tienen alguna situación que regularizar».

Por otra parte, contaron que «estamos muy complicados aquellos a los que nos decomisaron la mercadería». También aseguraron que «estamos buscando asesoramiento legal», para enfrentar la situación. «Nuestros hijos, nuestras familias, forman parte de la comunidad de Gualeguaychú», remarcaron mientras se fondo se escuchaban los cánticos denunciando: «Basta de abusos». En ese sentido, los comerciantes expresaron que sufrieron «diferentes maltratos durante los allanamientos ordenados por el juzgado federal».

Consultado oportunamente por los allanamientos, el integrante del Centro de Defensa Comercial, Federico Laderach, explicó: «Como representantes del comercio y de las empresas pymes locales, siempre venimos peleando por el cumplimiento de las normativas vigentes para que todos los comerciantes trabajen en igualdad de condiciones. Recibimos diferentes comentarios y quejas, de manera reiterada, respecto a las anomalías que existían en algunas tiendas y en algunos comercios que se habían radicado en nuestra ciudad con personal extranjero. Gestionamos ante las autoridades públicas y los diferentes organismos, ATER, AFIP, Misterio de Trabajo, etc. Siempre fuimos escuchaDos pero no había respuesta, pero por fin se encontró un principio de justicia por el juzgado federal de Viri, a raíz de la denuncia radicada en el mes de febrero».

Y aclaró: «Esto no es solo en defensa del comercio local sino también defensa del consumidor, hay cuestiones de origen y cuidado en lo que se comercializa. Ellos remarcan -refiriéndose a los comercios allanados- pero como compran en el mercado negro, sin pagar impuestos, evadiendo impuestos adquiriendo en talleres clandestinos o compras ilegales, entonces esto no se nota tanto, porque no tienen la misma carga impositiva que tiene todo en regla, con personal en blanco, todo eso va a parar al costo final del producto, esa es la diferencia».

Y aseguró: «No se plantea que se les prohíba trabajar, se plantea que haya igualdad de condiciones. El municipio manifestó muchas veces que no tiene poder de policía en cuestiones que deben ser veladas por otro organismo. Inspección general no hace observaciones más allá de la normativa local. Nosotros no puntualizamos, hicimos una denuncia de manera genérica, que a la ciudad estaba ingresando mercadería sobre la que teníamos dudas respecto a su origen, y el juzgado tomó las medidas correspondientes».

Por su parte, el juez Viri aclaró  que «se labraron actas en 19 locales de los 33 locales allanados, en dos locales se advirtió la presencia de personas de nacionalidad extranjera con irregularidades migratorias y se despejó cualquier posibilidad de que hubiera trata de personas. Desde el juzgado no dispuse la clausura de ningún local, desconozco lo que dispusieron los otros organismos que intervinieron administrativamente» y remarcó: «Dispuse las medidas que consideré necesarias para la investigación en curso como lo haría frente a cualquier denuncia que se radica en este juzgado, no existe ningún tipo de animosidad en relación a estos comercios».

 

 

 

Fuente: R2820Radio