Los incidentes que ocurrieron el viernes 10 en Tribunales, cuando se desarrollaba una audiencia para tratar la apelación a una resolución que firmó el 3 de mayo el juez de Garantías Mauricio Mayer, mediante la cual se dictó el sobreseimiento del exgobernador Sergio Urribarri, el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; y Carlos Haidar, director de Informativa de la Provincia, en el marco de una causa que investiga supuesto pago de coimas, sigue repercutiendo en la interna del Poder Judicial de Entre Ríos.

Esa manifestación, inusual en las audiencias, en las que sólo suele haber periodistas y escasísimo público, subió en intensidad al cabo de aquel trámite ante el juez de juicio Elvio Osir Garzón, continuó en los pasillos y acabó con una persecución a los abogados defensores en la causa Urribarri, a quienes siguieron hasta sus estudios particulares. Incluso, la puerta del estudio del experimentado Raúl Barrandeguy, abogado defensor de Urribarri. terminó empapelada con consignas contrarias al exgobernador.

Los repudios hacia esa escandalosa situación surgieron del Colegio de la Abogacía, de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, del Ministerio de Gobierno y del bloque de senadores del Frente Creer: el escrache alcanzó no sólo a los defensores sino también a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento que tuvieron a su cargo el proceso de jury que concluyó con la destitución de la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche.  En forma personal, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, dirigió una carta a cada uno de los defensores en la que se solidarizó por la «la falta de respeto y agresión sufrida en dependencias del Poder Judicial».

La peculiar incursión de personas extrañas a la vida judicial a una audiencia fue apenas la punta del iceberg que dio cuenta de la tensión en aumento que se respira en el edificio de Tribunales con el jury como escenario propicio para que cada sector libre sus batallas. El 24 de mayo el Jurado de Enjuiciamiento firmó la destitución de Goyeneche por 5 a 2 en la votación final. Entre los firmantes, tres vocales del STJ, Gisela Schumacher, Daniel Carubia y Juan Ramón Smaldone. El armisticio así se ubicaba cada vez más lejos: cualquier gesto tregua entre la Procuración y el máximo tribunal se tornó inviable. No extrañó entonces que la invitación que le formuló la titular del STJ, Susana Medina, al Procurador Jorge García, a la reunión de acuerdos del martes 31 de mayo recibiera un desaire de parte del jefe de los fiscales.

El miércoles 7 de junio se conoció un comunicado con tono de crispación firmado por la presidenta del STJ y dirigido a quien hubiera sido su contertulio en la reunión de acuerdos del 31 de mayo, el Procurador Jorge García, a quien le reprochó las «agresiones» verbales de parte de integrantes del Ministerio Público Fiscal hacia miembros del STJ, también le reprochó la falta de preparación de los fiscales para la tramitación de las causas de violencia de género y cuestionó la «demora» en la tramitación de las investigaciones por delitos de corrupción.

Medina «lamentó» la ausencia del Procurador y, a través de un comunicado que distribuyó el Poder Judicial, le hizo saber de su «preocupación por agresiones verbales por parte de fiscales a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia. Una cosa es la libertad de expresión, que defendemos y garantizamos, y otra es la agresión”.

En las oficinas de la Procuración eligieron el silencio como respuesta.

La manifestación del viernes 10 en los Tribunales de Paraná no hizo más que tensar las relaciones.

Este martes el STJ se reunió en acuerdo en Nogoyá y a su término difundió un comunicado furibundo que, otra vez, apuntó al Ministerio  Público Fiscal, entre cuyos miembros ubicó a los responsables de los escraches que denunció la Municipalidad de Paraná a través de una presentación.

«El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, expresa su más enérgico repudio, y rechaza los recientes actos marcadamente antidemócráticos cometidos por ciudadanas, ciudadanos y miembros del Ministerio Público Fiscal», dice la declaración. «Dichas personas -agrega-, disconformes con actos o decisiones de las instituciones republicanas, canalizaron sus reclamos a través de métodos agresivos, violentos, intimidatorios, con insultos e injurias personales, afectando la honorabilidad de magistrados, profesionales y legisladores en cumplimiento de sus funciones y como integrantes del Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la provincia».

Luego de solidarizarse con los abogados víctimas de los escraches, el alto cuerpo judicial de Entre Ríos sostuvo: «Resulta censurable y hasta contrario a las leyes que nos rigen, la participación directa en dichos actos, -como se ha visto-, de integrantes del Ministerio Público Fiscal que integran el Poder Judicial conforme lo prescripto por el art.207 de la Constitución provincial , y deben actuar dentro del rol que le asignan las leyes ,con espíritu de mutua colaboración y responsabilidad, asegurando a la ciudadanía el mejor servicio de Justicia posible, dejando de lado las diferencias personales y funcionales, y dirimiendo las mismas con respeto dentro del marco legal e institucional correspondiente».

Otra vez en las oficinas que ocupa Jorge García no hubo respuesta.

«Es una provocación», analizaron en off en la Procuración ante la consulta de Entre Ríos Ahora. Después, relativizaron el pronunciamiento del STJ y la ubicaron en la eterna disputa que primero fue con la Sala Penal del STJ y ahora con el cuerpo en su conjunto. «Vamos a esperar que hable la Corte sobre el jury. Quién mejor que la máxima autoridad. Nuestra discusión es jurídica y contra las mafias», cerró la fuente.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora