El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos le quitó la matrícula a Gustavo Rivas, el abogado de Gualeguaychú condenado a 23 años de cárcel por abuso y corrupción de menores.

La medida comenzó a regir desde este lunes 13  y se extenderá hasta «el cumplimiento efectivo de las penas aplicadas, conforme la sentencia N°225 de la Cámara de Casación Penal». Ese tribunal revocó el viernes la prisión domiciliaria de la que gozaba Rivas, y lo envió a la cárcel, la Unidad Penal N° 9 del sur provincial, adonde fue alojado.

Gustavo Rivas, el abogado abusador, a la cárcel

La disposición del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos  fue comunicada formalmente a la seccional de Gualeguaychú cerca del mediodía de este lunes, según reveló el sitio R2820Radio.

 

La resolución tiene fecha del 13 de febrero de 2023, pese a que la condena a Rivas -por abuso sexual y corrupción de menores- se encuentra firme desde septiembre de 2022, la institución se tomó un tiempo para resolver la expulsión de quien en otro tiempo detentara cargos de jerarquía en CAER, a nivel local y provincial.

Gustavo Rivas: el abogado del escándalo tendrá penas más duras

En noviembre de 2021, la Cámara de Casación Penal de Concordia revocó parcialmente la sentencia que en 2019 condenó aRivas a 8 años de cárcel por el delito promoción a la corrupción de menores, fallo dictado por el  Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, que integraron Alicia Vivian, Mauricio Derudi y Arturo Dumón. Los magistrados habían decretado la prescripción de la acción penal en uno de los casos, lo que había motivado la apelación por parte de los abogados querellantes y el Ministerio Público Fiscal.

 

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú absolvió a Rivas como autor del delito de promoción a la prostitución de menores en el marco de la denuncia de la víctima J.A.H.; también fue absuelto “por el beneficio de la duda como autor del delito de promoción a la corrupción de un menor” en el caso de la víctima J.F.C.; la sentencia lo absolvió también por “extinción de la acción penal por prescripción” de los delitos de promoción a la corrupción de un menor de edad en concurso ideal con promoción a la prostitución de un menor de edad”, denunciado por la víctima A.L.L.; y del delito de promoción a la prostitución de un menor de edad y por los delitos de promoción a la corrupción de un menor de edad” denunciados por J.A.D., J.E.O; E.L.V.; L.A.F., e I.G.R.; y se lo condenó como autor del delito de promoción a la corrupción de un menor de edad en concurso ideal con promoción a la prostitución de un menor de edad, cuya víctima fue J.J.B., y se lo condenó a 8 años de prisión.

 

La jueza María Evangelina Bruzzo -la misma que firmó la condena a 17 años de cárcel para el cura Marcelino Moya por abuso y corrupción de menores- reprochó al Tribunal de Gualeguaychú haberse apartado de la doctrina vigente y dictaminar la prescripción de la acción penal. «Por consiguiente y contrariamente a lo merituado por el
Tribunal de Juicio, una visualización íntegra de las sucesivas y numerosas audiencias llevadas adelante ante dicho órgano judicial, aunado a un análisis de la evidencia documental e instrumental introducida a plenario, fortalecen mi convencimiento de que nos encontramos ante aquellos ilícitos que por su inusitada trascendencia, adscriben sin resquicio a duda alguna a la categorización de ´graves atentados a los derechos humanos´», señala.

La magistrada dice de Rivas que cometía los delitos con acciones «humillantes, escandalosas y hasta grotescas», y resalta que «el mismo fallo expresa que el acusado promovió dichos actos respecto de un número indeterminado de menores y a lo largo de varias décadas que, en forma ininterrumpida y sistemática, se extendieron hasta el año 2011, como en las distintivas calidades que ostentaban el sujeto activo y las víctimas de tales conductas al tiempo
de su comisión».

La sentencia fue luego ratificada por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) pero insólitamente recién el viernes último se dispuso que Rivas deba cumplir su condena en una unidad del Servicio Penitenciario.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora