El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Elvio Garzón, hizo lugar este martes al recurso de apelación del intendente de La Paz, Bruno Sarubi (UCR), y revocó un fallo que había desestimado la querella por calumnias e injurias contra el empresario de la construcción Gustavo Leonardo Jesús Salinas. De este modo, el juez ordenó se le dé trámite a la causa en los Tribunales paceños.
La historia comenzó en 2020, cuando Salinas perdió la licitación pública para la obra del colector cloacal (inaugurado en agosto de este año). Por entonces su propuesta – al igual que la de otros oferentes- fue desestimada por no cumplir requisitos formales, pero no conforme con ello el empresario denunció presuntas irregularidades en los medios de comunicación paceños y en la Justicia.
Entre otras cosas, afirmó que se benefició a una empresa de Santa Fe –B y H Ingeniería Sunchales- con un sobreprecio “de 13 millones de pesos evaluando el presupuesto de la obra que supera los 66 millones de pesos”. No obstante, la causa fue desestimada por el fiscal Facundo Barbosa, quien no encontró elementos para avanzar con una investigación. Tras ello, Sarubi querelló al empresario por haber afectado su honor. Le endilgó los delitos de calumnias e injurias.
Intendente de La Paz pide juzgar a empresario que lo denunció
La contradenuncia tuvo un tropiezo el 13 de septiembre, cuando el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo –recientemente designado como vocal de Tribunal de Juicio y Apelaciones- decretó inadmisible el proceso por entender que en los hechos relatados no había delito.
El 28 de septiembre, los abogados de Sarubi, Matías Plugoboy y Esteban Rodríguez, acudieron ante el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Elvio Garzón, y solicitaron se revoque la resolución de primera instancia.
En aquella audiencia, Sarubi explicó por qué quiere que el empresario sea llevado al banquillo: “Me parece importante hacer uso de este derecho por varios motivos. Primero, porque tanto para mí como para mi equipo, gobernar se tiene que hacer con valores, con transparencia y honradez. Esa ha sido una de nuestra banderas y pilares en estos siete años de gestión y hemos tenido un montón de acciones que las podemos demostrar. Con hechos muy simples, como transparentar todas las licitaciones públicas, que es una obligación, y publicar los cotejos de precios, cosa que no es una obligación; no cobrar los pliegos de las licitaciones, porque antes se cobraba un porcentaje, que posibilita mayor competencia”.
Finalmante, Plugoboy explicó que la Constitución de Entre Ríos, en su artículo 39, estipula que un funcionario o empleado pueda defenderse de las acusaciones en su contra. «El funcionario o empleado público, a quien se impute delito cometido en el desempeño de sus funciones, está obligado a acusar para vindicarse bajo pena de destitución. La ley reglamentará el proceso respectivo», dice el primer párrafo del artículo citado.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.