Con la urgencia de las situaciones límite, el mensaje circuló a través de whatsapp. «Lamentablemente, las entidades de la Asociación Cooperadora San Francisco de Así están al borde de cerrar».

Se trata de la escuela Privada de Educación Integral N° 9 San Francisco de Asís, fundada cuatro décadas atrás a través de la resolución N° 366 de la Dirección de Enseñanza Privada del Consejo General de Educación (CGE); y el Centro Educativo Terapéutico y Estimulación Temprana, que surgió en 1995, en virtud a la Ley Nacional N° 24.901, que regula el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral de las personas con discapacidad.

En San Francisco de Asís se atienden -se atendían- aproximadamente a cien chicos y adolescentes con discapacidad, y allí trabajan -trabajaban- unos 150 empleados. Hoy, todos están en ascuas. La escuela está en receso, pero el hogar de día ha debido cerrar sus puertas. Los empleados iniciaron una medida de fuerza, con retención de servicios, ante la falta de pago de los salarios.

«Los trabajadores -dice aquel mensaje de whatsapp- hace más de 6 meses que cobran los sueldos en 2 partes, los haberes de diciembre aún no los han percibido por lo cual son casi 150 familias que se encuentran en esta situación económica».

El hogar San Francisco de Asís recibe a personas con discapacidad moderada y severa, y es la única institución en Entre Ríos que atiende patologías de discapacidad profunda. ,

María Delia Rubinetti, que durante 19 años presidió la Cooperadora San Francisco de Asís y que hoy es apoderada legal de la Escuela San Francisco de Asís, admite que la situación es así. «Los empleados están en permanente asamblea, con retención de servicios y por eso hemos tenido que perdirles a los papás que no manden a sus hijos. La escuela está de receso, y en el Centro de Día tuvimos que suspender actividades. Los empleados iban a su lugar de trabajo, pero, obviamente, no trabajaban. Es real lo que plantean los empleados. La Cooperadora no ha podido pagar el sueldo de diciembre. Recién terminamos de pagar el aguinaldo», señaló.

La crisis se disparó en 2019 cuando se profundizó el atraso en el pago de prestaciones por parte de obras sociales, y fundamentalmente de parte del programa nacional Incluir Salud, que cubre personas que no cuentan con obra social. En la Cooperadora San Francisco de Asís el último mes que cobraron es agosto, pero hacia atrás hay una deuda de casi dos años. A eso se suman los retrasos de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) y el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). Solo Incluir Salud cubre prestaciones para 40 personas que asisten al Hogar San Francisco de Asís.

La deuda de esas tres entidades -Incluir Salud, Osecad y el Iosper- al 30 de noviembre último ronda los $14 millones.

El quiebre

En discapacidad, el retiro de los compromisos de Nación durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri no sólo lo soportaron los pacientes que tienen convenios directos con Nación sino también organizaciones no gubernamentales (ONG) como el Hogar Don Uva, que alertó sobre el riesgo de cierre ante la escasez de fondos.

El año 2018 marcó un serio deterioro en la atención de la población con discapacidad por parte de la Nación, que retrajo asistencia, suprimió programas y dejó a la deriva a instituciones y personas que venían asistidos por distintos tipos de cobertura.

En agosto del año 2018, 19 instituciones de toda la provincia que atienden a 520 beneficiarios con distintas discapacidades plantearon al Ministerio de Salud de Entre Ríos la seria situación por la que atravesaban. Lejos de solucionarse, el conflicto se fue agravando.

En 2019, la Provincia debió rediseñar el gasto previsto en el Presupuesto y destinar buena parte de los fondos del Ministerio de Salud a cubrir prestaciones que estaban a cargo de la Nación, pero que desde 2016 en adelante se han ido suprimiendo: el ajuste afecta de manera directa al sector de población más sensible, las personas con discapacidad o con tratamientos de alto costo, como dializados o trasplantados.

En los primeros tres meses del año -entre enero y marzo-, de las partidas aprobadas en la Ley de Presupuesto  para destinar a personas de escasos recursos con problemas de salud, $127 millones de pesos, ya se ocupó un total de $46.821.379. O sea, en un trimestre se ocupó el 38% de lo previsto para todo el año. El retiro intempestivo de la Nación -como la cobertura del pago del transporte para personas con discapacidad- obliga a la Provincia a salir en auxilio de lo que se deja de cubrir. 000

La voz de alerta sobre la crítica situación que atraviesan las instituciones que eran asistidas por la Nación la dio la Obra de Don Uva, donde asisten actualmente a personas con discapacidad, enfermos mentales y ancianos: son 54 alumnos que a diario concurren a la escuela integral, 100 personas adultas con discapacidad intelectual que asisten al Centro de Día, alrededor de 15 personas que tienen residencia permanente en el Hogar San José, mientras que la residencia Sagrado Corazón alberga a mujeres ancianas. Carmen Patat, una de las religiosas de la orden Siervas de la Divina Providencia, alertó por un eventual cierre ante la falta de fondos.

El programa Incluir Salud salió de la órbita del Consejo Nacional de Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis), organismo que fue suprimido, y se lo trasladó bajo jurisdicción de la Agencia Nacional de Discapacidad. No se trató de una mera decisión administrativa en el Gobierno nacional: también implicó un severo atraso en el giro de fondos para el pago de prestaciones de personas con discapacidad sin obertura social.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.