El Colegio de Abogados de Entre Ríos se reunirá este viernes, en Villaguay, en una asamblea consultiva para definir los pasos a seguir tras la acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que afectó los honorarios que perciben los profesionales en acciones de amparo.

La entidad ya se declaró en “estado de alerta” ante una medida que implica la “perforación del mínimo establecido por la ley a los honorarios profesionales mediante el dictado del Acuerdo Plenario N°1 del Superior Tribunal de Justicia”. El Colegio de Abogados de Entre Ríos ya dio intervención a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). En forma inmediata, su presidente, Eduardo Massot, se hizo presente en Paraná para “expresar solidaridad y comprometerse con la lucha de los abogados entrerrianos”, según indicaron.

Además, se mantuvo reunión y se recibió el apoyo de la Asociación de Entidades profesionales de Entre Ríos y de la Caja Forense de Entre Ríos.

Desde el Colegio, además, se remitieron notas a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia “para ponerlos en conocimiento de la decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, el pasado 28 de octubre en el marco del Artículo 35 de la Ley Orgánica de Tribunales” al considerar que el alto cuerpo judicial “se atribuyó funciones propias del cuerpo legislativo, contrariando la división de poderes establecidas constitucionalmente, con el fin de que determinen  las acciones que estimen corresponda instrumentar en defensa de la Constitución Provincial”.

También se convocó a especialistas en derecho administrativo y constitucional quienes elaboraron dictámenes sugiriendo curso de acción a seguir abarcando tanto la cuestión jurídica como la gremial. Y a expresidentes de la entidad “y a colegas de reconocida trayectoria y experiencia a fin de solicitarles opinión. En este sentido, se realizó una reunión con la ministra de Gobierno, habiéndole puesto en conocimiento de las faltas cometidas por este acuerdo plenario, violando normas constitucionales y leyes de orden público”.

Lo que había eran posiciones encontradas entre los vocales del alto cuerpo en torno a la fijación de la base de cálculo del monto de los honorarios. El cálculo se hace en valor al “jurista” que establece la Caja Forense de Entre Ríos. La última actualización del jurista, en julio el valor del jurista se fijó en $620.

La discusión se originó a razón de la decisión del STJ de fijar el valor de honorarios entre un mínimo de 35 juristas  ($21.700) y un máximo de 50 juristas ($31.000) como base de honorarios para honorarios por la tramitación de amparos. El STJ lo fijó en 35 juristas, el mínimo.

En un plenario, el STJ estableció un criterio unificado en la fijación del valor mínimo de los honorarios como parte de los cambios que hubo tras la entrada en vigencia de la Ley N° 10.704 de Procedimientos Constitucionales. Según el Colegio de Abogados, en la provincia tiene plena vigencia la Ley N° 10.377, sancionada en el año 2015, que establece que los aranceles y honorarios profesionales recobraron el carácter de orden público.

Con la polémica ya instalada, el STJ divulgó declaraciones del responsable de la Oficina de Amparos del alto cuerpo, Eduardo Rodríguez Vagaría, quien explicó que en agosto pasado, cuando comenzó a funcionar el nuevo sistema con la intervención del pleno del alto cuerpo (los 9 vocales), se remitieron al flamante organismo 43 expedientes que se tramitaban mediante el procedimiento anterior, lo que originó naturalmente una leve dilación en el dictado de las primeras resoluciones”.

En relación a la constitución del Tribunal de Alzada, Rodríguez Vagaría destacó que el mismo se designa dentro de las 24 horas que ingresa la causa al Tribunal, por lo que no se configuraría demora alguna al respecto.

Asimismo, manifestó que una de las principales causas del retardo producidas en el procedimiento vigente fue la divergencia de criterios en materia de regulación de honorarios. Y que para remediarlo, por primera vez se reunieron los nueve miembros para dictar un fallo plenario en relación al tema, imprimiéndole de esa manera mayor rapidez al dictado de las sentencias. Ahí se fijó el nuevo criterio.

Ante esa modificación, desde el Colegio de Abogados remarcaron la facultad exclusiva e indelegable de la Legislatura provincial para dictar normas sobre aranceles y honorarios y resaltaron que el artículo 8 de la Constitución Provincial, en una férrea defensa del federalismo, establece que las autoridades provinciales no pueden delegar facultades provinciales a la Nación (bajo apercibimiento de ser considerado causal de mal desempeño). Desde el CAER, remarcaron que estamos ante un gravísimo” conflicto de poderes.

El Colegio de Abogados presentó una nota al Superior Tribunal de Justicia, en la que se peticionaba por el respeto al Orden Público y “categóricamente” se denunciaba que el artículo 1255 del Código Civil y Comercial ha sido tácitamente derogado por el Congreso de la Nación para las regulaciones judiciales de honorarios de los abogados. Los profesionales reprocharon la decisión del alto cuerpo de haber “perforado” el mínimo establecido por ley para la regulación de honorarios en materia de amparos.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.