La causa está caratulada “Casco Carlos, Elsesser Marcelo, Giménez Carlos, Velásquez Hugo s/Peculado”, y se originó por una denuncia presentada en 2012 durante la administración de la exintendenta de Paraná, Blanca Inés Osuna, en el momento más álgido de su enfrentamiento con el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

La acusación de la fiscal Laura Irene Cattáneo, formalizada el 9 de septiembre de 2016, plantea que el 19 de marzo de 2012, siendo las 8 aproximadamente, en la Dirección de Alumbrado Urbano de la Municipalidad de Paraná, ubicada en calles Confederación Argentina y Garrigó, “valiéndose de la condición de empleados municipales y en provecho personal, haber retirado los móviles municipales, hidroelevadoras Nº 241, 366 y 539, trasladando personal de dicha Dirección hacia la manifestación que se estaba llevando a cabo al frente de la Municipalidad de esta ciudad, regresándolos transcurridas dos horas aproximadamente, sustrayendo dichos bienes de su función y destino específicamente determinado”.

Pero también les imputan coacciones contra el extitular de la Administración Fiscal Municipal (Afim), Carlos Duhalde, y agresiones hacia la todavía concejal Cristina Sosa.
Y por esos hechos, Vásquez y otros tres empleados municipales serán llevados a juicio oral en 2018.

Las audiencias se desarrollarán entre el lunes 5 y el martes 13 de marzo. En total, siete audiencias de debate en Tribunales.

 

La acusación alcanza a quien fuera titular del Suoyem y diputado provincial  en los períodos 2007-2011 y  2011-2015, Hugo Vásquez.

 

La primera denuncia fue hecha por quien ejercía el cargo de asesor legal de la administración de Blanca Osuna, el ahora juez de Transición de Nogoyá, Gustavo Acosta, y no sólo involucra el delito de peculado –utilizar bienes del Estado para otros fines- sino también se le imputan amenazas.

La acusación de la fiscal Cattáneo –el pedido de elevación a juicio fue firmado el 9 de septiembre de 2016- plantea que se le atribuye a Hugo Vásquez “haber determinado a Graciela Berón de Quinteros, Hugo Carrasco, Pablo Comas, María del Carmen  Sánchez de Gómez, , Flavio Gómez, , Emmanuel Gómez y a un grupo de personas por el momento no identificadas que se manifestaban por reclamos laborales, a que adopten conductas coaccionantes, amedrentantes y/o intimidatorias contra otro grupo de trabajadores de la Municipalidad que se negaban a abandonar el lugar de trabajo, con la finalidad de obligarlos, en base al temor generado en ellos, a que se adhieran a la manifestación reclamante. Como así también haber determinado a un grupo de manifestantes, no identificados por el momento, que llevaban a cabo las medidas de fuerza, a que dañaran bienes del patrimonio municipal, entre ellos la rotura de la puerta de vidrio de ingreso a la Administración Fiscal Municipal (AFIM), arrancando cables de computadoras, dañando un monitor LCD y un tablero de electricidad”

Entre la prueba incorporada, está un “informe sobre la  situación de revista en la comuna de todos los imputados y copia del decreto emanado de la ex Presidenta de la Municipalidad de Paraná, Blanca Osuna, que dispone la sustantación del sumario administrativo y la suspensión de las funciones  a los Agentes Municipales Giménez, Casco,  Elsseser y Pross; dependientes de la Dirección de Alumbrado Urbano”.

En la causa, declaró la todavía concejal Cristina Sosa –lleva tres períodos sentada en su banca del Concejo Deliberante-, quien contó que llegó el 19 de marzo de 2012, alrededor de las 10, junto a la escribana Cristina Arbitelli, a la Agencia Fiscal Municipal “a fin de constatar el normal desempeño de actividades y la normal prestación de servicios, entrevistándose a tales fines con uno de los responsables de la conducción de esa agencia, Carlos Duhalde, a quien le preguntó sí se veía afectaba dicha prestación, respondiendo Duhalde que tendrán que verificarlo a través de cada dirección de dicha agencia. Aclara que, mientras mantenía esa charla, irrumpe un grupo de manifestantes que ingresa a la agencia con palos en sus manos y carteles que rezaban ´La Paraná que viene, 1500 trabajadores despedidos´, siendo aproximadamente unas 30 ó 40 personas, que la increpan a ella de forma directa, con improperios irreproducibles, pidiendo explicaciones acerca de su presencia en ese lugar, ante lo cual se mantuvo callada, rodeada  por dichas personas, cuya identidad desconoce, e incluso sospecha que no todos sean trabajadores municipales, logró escuchar que la amenazaron diciendo: ´te vamos a matar´, ´ya vas a ver lo que te va a pasar´, quedando totalmente atemorizada, ya que parecían capaces de cualquier cosa”.

Aquel año de los incidentes fue el principio del fin para Suoyem durante la gestión Osuna.

El 23 de abril de 2012, apenas iniciada la gestión de Blanca Osuna y en medio de la convulsión generada por la decisión dejar caer unos 1.000 contratos de empleados municipales, fue intervenido el Suoyem, el gremio histórico, con mayor cantidad de empleados afiliados en la Comuna.

 

El proceso de intervención fue dispuesto por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que basó la medida en las “irregularidades registradas en las elecciones” del gremio, realizadas el 8 de abril de 2011, que habían dado nuevamente el triunfo a la lista encabezada por Hugo Vásquez.

 

Por la Resolución Nº 321, del 23 de abril de 2012, el ministro Carlos Tomada designó como delegado normalizador a Juan José Martínez, entonces titular del Ente Túnel Subfluvial por Entre Ríos, para que en 15 días presente ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales un informe detallado del estado económico-financiero del gremio y en 90 días llame a elecciones generales. Se trataba hasta ahí de un proceso que prometía ser breve, pero que luego se prolongó por casi cuatro años. La intervención de Martínez acompañó toda la gestión de Blanca Osuna.

El sindicato se normalizó recién en noviembre de 2016, bajo la administración de Sergio Varisco. Jorge Brocado se convirtió en el secretario general, al vencer por un margen ajustadísimo a Hugo Vásquez, que en 2018 irá a juicio.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.