El cura Justo José Ilarraz, condenado en mayo de 2018 a 25 años de cárcel por abuso y corrupción de menores -sentencia confirmada en 2019 por la Cámara de Casación Penal, y en 2020 por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ)- afrontará ahora una demanda civil por daños y perjuicios.
D.S., una de las siete víctimas que lo llevó a juicio y que firmó la apertura de la causa penal en 2012, busca resarcir el daño que le provocó la corrupción de menores a la que fue sometido por Ilarraz, que fue prefecto de disciplina en el Seminario Arquidiocesano de Paraná entre 1984 y 1993. En ese rol, el cura tuvo bajo su guarda a los menores que cursaban la escuela secundaria en el internado que funcionó en el Seminario, hasta que fue desactivado tras los escándalos de los abusos.
En ese internado, vivieron un infierno. El propio Ilarraz reconoció los abusos en una carta que escribió el 18 de enero de 1997 y dirigida al Vicariato de Roma, que lo investigó: «La historia no comenzó desde el momento de mi llegada al mismo. Tampoco este tipo de situación morbosa puede ser localizada como la aparición concreta de un hecho que yo pueda señalar. Sin lugar a dudas que fue la concatenación de pequeños hechos de afectos desordenados que fueron dando a lugar a una familiaridad que no condice con la condición del hombre, ni menos de un cristiano y ni qué decir de la condición de sacerdote. Esta actitud descalificante que realicé con varios seminaristas, se centra alrededor de los años 1990-1991-1992. Fueron tres años o algo más, que reconozco como los peores años de mi vida».
Para la Justicia no se trató de simples desórdenes, sino de la comisión de delitos y por eso lo condenó. Ahora, Ilarraz deberá enfrentar, además, una demanda civil.
«Estamos preparando la instancia de mediación y buscando la jurisprudencia que respalde el reclamo antes de qué esté firme la sentencia penal. Creemos que la dilación del proceso penal frustra los derechos de las victimas a ser indemnizados, ya que estamos a casi 10 años de la denuncia», dice a Entre Ríos Ahora la abogada Evangelina Bartoli, representante legal de D. S. La mediación es un paso previo, antes de la demanda civil. E involucrará no sólo a Ilarraz sino a la cúpula de la Iglesia. «También creemos que tienen responsabilidad (el arzobispo Juan Alberto) Puiggari y (el cardenal Estanislao) Karlic por encubrir el delito. En una instancia previa a la judicial y obligatoria. En caso de que fracase la mediación, interpondremos una demanda civil. Entiendo que es el primer reclamo, hubo uno anteriormente pero llegó sólo hasta la instancia de medicación», añadió.
El tribunal que condenó a Ilarraz en 2018 a 25 años de cárcel -de momento, está con prisión preventivo, bajo la modalidad de arresto domiciliario, en un departamento de calle Corrientes al 300, en Paraná- planteó en sus fundamentos, contenidos en 327 páginas, que “coadyuvó como elemento facilitador del plan de Ilarraz, la posición asumida por sus superiores y pares actuantes al tiempo de los hechos; ya que sin su omisión el acusado no hubiera podido cumplir sus designios delictivos con la libertad e impunidad con que lo hizo”.
En 2019, la Cámara de Casación Penal, al confirmar la condena, le asestó un duro golpe a la Iglesia de Paraná por haber encubierto los abusos del cura Ilarraz en el Seminario. En su voto, el juez Alejandro Cánepa explicó que las víctimas vivieron una verdadera defraudación de su confianza y de sus expectativas, por parte de las autoridades del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, adonde habían ido a formarse para el sacerdocio, y también de la Iglesia, al verse desprotegidos de los abusos de Ilarraz, “ya que no es cierto que las víctimas de autos no denunciaron a Ilarraz en tiempo oportuno, o que no hayan dado cuenta a otras personas de lo que Ilarraz les estaba haciendo, sino que aquellas ante quienes lo hicieron o quienes pudieron tomar conocimiento de tales situaciones, se preocuparon por mantenerlas en secreto, reserva y sigilo, lo que llevó a que tales hechos nunca salieran a la luz, nunca traspasen la órbita burocrática de la Iglesia Católica local, y no llegaran a oídos de la Justicia, o de cualquier autoridad administrativa estatal y/o educacional, o incluso de los propios padres de las víctimas”.
También el fallo de Casación fustigó la investigación interna que ordenó el entonces arzobispo Estanislao Karlic en 1995 y que derivó en la sanción del destierro para Ilarraz tras probarse los abusos cometidos. “Las personas a quienes les fue confiado el ´secreto´ se ocuparon durante más de una década de ocultarlo, permitiendo así la impunidad de Ilarraz y mandando al olvido los graves delitos de los que aquellos niños a su cargo fueron víctimas”. Y agrega: «Ese mantener en secreto lo sucedido a las víctimas de autos, no es una cuestión casual, sino que fue sin lugar a dudas un acto de ejercicio de poder de parte de quienes detentaban las jerarquías eclesiásticas que he señalado (Karlic y el arzobispo actual Juan Alberto Puiggari), más preocupados por una situación de prestigio institucional, que de lo sucedido a los niños”.
El caso tuvo una tercera resolución, de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que en marzo de este año confirmó lo resuelto por los tribunales inferiores, aunque con voto del juez Bernardo Salduna el alto cuerpo receptó un recurso extraordinaria de la defensa de Ilarraz y mandó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva el planteo de prescripción.
La abogada Bartoli entiende que la discusión en la Corte no obstruye el inicio de la demanda civil, porque ya hay fallo definitivo a nivel de la Justicia provincial. Y por eso inició el camino para conseguir la reparación económica para una de las siete víctimas de Ilarraz.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora