En horas, se conocerá la decisión del Tribunal de Juicios y Apelaciones que resolverá un hecho clave: si la causa penal por los abusos a menores en el Seminario Arquidiocesano de Paraná ingresa en etapa de juicio oral, y el cura Justo José Ilarraz se sienta en el banquillo de los acusados.

Esta mañana, se realizó la audiencia de debate en la que se escucharon los argumentos de la defensa, la querella y la fiscalía respecto de la decisión que tomó el 17 de agosto el juez Pablo Zoff, cuando clausuró la etapa de instrucción y dispuso elevar la causa a juicio.

Ahora, resta que los jueces que integran el Tribunal de Juicios y Apelaciones –Pablo Vírgala, Gustavo Maldonado y Marina Barbagelata — analicen las distintas posturas y tomen una decisión final.

Los defensores de Ilarraz, Juan Ángel Fornerón y Jorge Muñoz, plantearon la nulidad como prueba de la investigación diocesana que ordenó realizar sobre Ilarraz el exarzobispo Estanislao Karlic en 1995. Y por eso mismo reprocharon el fallo que el 4 de abril último confirmó el procesamiento del cura.

Los defensores volvieron el tiempo atrás, y empezaron a debatir asuntos que ya estaban cerrados en la causa.

El abogado Fornerón dijo que esa investigación fue inválida por cuanto no contó con la declaración del principal acusado, Ilarraz. “Si tenemos como prueba de cargo esa investigación, en franca violación al derecho de defensa, se estaría incorporando una prueba que, en su génesis, está afectando el derecho de defensa”, dijo y resaltó, no sin algo de picardía, que hubo una “equivocación involuntaria del tribunal” al considerarla como prueba.

En realidad, el procesamiento que dictó la anterior jueza de la causa, Susana María Paola Firpo, el 10 de julio de 2015, no consideró la investigación de Karlic, y sí en cambio se centró en el testimonio de las víctimas. En cambio, el 4 de abril, el Tribunal de Juicios y Apelaciones, al resolver la apelación a ese procesamiento, le dio entidad a la averiguación que impulsó Karlic.

“Dicho de otro modo –escribió el juez Pablo Vírgala en su fallo de abril último–, Ilarraz le pidió perdón a Karlic (en el marco de una entrevista vinculada al abuso de seminaristas en la que estaba involucrado) por lo que involuntaria y genéricamente podría haber realizado, y Karlic, un sacerdote con una formación intelectual muy superior a la media de sus pares, entendió que se trataba de un pedido de arrepentimiento y perdón por esos hechos, y en base a ello ordena cerrar la investigación eclesial y aplicar a Ilarraz las sanciones que él mismo reconoce”.

Esa ahora meneada investigación arrancó el 5 de julio de 1995cuando Karlic le ordenó al sacerdote Silvio Fariña  “la realización de una investigación cautelosa” sobre Ilarraz a partir de las sospechas de que hubiese cometido “delitos graves” mientras integró el equipo de superiores del Seminario Arquidiocesano.

Lo hizo con una recomendación: que una vez concluida la investigación, que debía ser hecha “con el mayor sigilo”, y resuelto cómo actuar sobre Ilarraz, todas las actuaciones se guardasen “en el archivo secreto” de la Curia, según se lee en el expediente judicial.

El 18 de diciembre de 1996, Karlic firmó un decreto sin numerar por el que dispuso una sanción a Ilarraz:  le prohibió al cura “venir y permanecer en el cualquier tipo con los seminaristas”.  Añade que “con las declaraciones que se suceden en torno al comportamiento del presbítero Ilarraz en la época que fuera superior del Seminario Menor queda revelado el daño producido a personas e instituciones”. Y que “ese daño producido, que debe ser reparado y evitado en el futuro, es consecuencia de la conducta del presbítero Justo José Ilarraz, ya que cuatro testimonios de forma unánime así lo afirman”.

En la audiencia en Tribunales, Fornerón dijo que “si nosotros valoramos esa investigación, y las supuestas conclusiones a las que pudo haber arribado, en función de la metodología, y la valoramos como prueba de cargo, o indicio, estaríamos incorporando una prueba en franca violación al derecho de defensa”.

 

 

DEBATE.

Fornerón señaló en la audiencia que “esa investigación no puede ser valorada jurídicamente en la instancia civil” por cuanto no se respetó el derecho de la defensa. Y por eso pidió su exclusión como prueba. Aunque llamativamente, en ningún momento los defensores instaron al sobreseimiento de su defendido: se limitaron a cuestionar la investigación de Karlic como prueba.

Después, hizo notar que la investigación sólo avanzó sobre 3 de las 7 denuncias, y volvió a cuestionar las pericias psicológicas hechas a las víctimas por el equipo de peritos de Tribunales. Su colega, Jorge Muñoz, no abundó demasiado porque, dijo, Fornerón “involuntariamente abordó temas que me correspondían”.

El querellante Marcos Rodríguez Allende dijo “no entender” cuál era el eje del reproche de la defensa de Ilarraz. “No escuché que hayan instado al sobreseimiento, y respecto del cuestionamiento como prueba de la investigación diocesana, dijo que ese asunto será debatido en la instancia del juicio oral. “En este momento, no se puede declarar la nulidad de la preuba. El testimonio de Karlic es absolutamente válido. Y si se quiere cuestionar algo más, para eso está el juicio oral”, abundó.

La abogada Rosario Romero se quejó de las permanentes dilaciones en la causa, y dijo que “no podemos discutir interminablemente. En la causa hubo un exceso de celo”, en directa referencia a las garantías que tuvo Ilarraz. “Nos hemos excedido en ese cuidado y reguardo porque hay realmente acciones que han sido meramente dilatorias de parte de la defensa”, apuntó.

La querellante solicitó la confirmación de la elevación a juicio de la causa, el rechazo a las nulidades que planteó la defensa y la “imposición de costas y de honorarios para las tres querellas, por el trámite actual y por la anterior apelación que fue resuelta –dijo–. Y voy a pedir que se le imponga el máximo de la escala prevista en la regulación de honorarios. Y a su vez voy a solicitar, si tuviera esa posibilidad el tribunal, que se anticipe el veredicto aunque no se den los fundamentos”.

El querellante Milton Urrutia habló de la “confusión” que tienen los defensores respecto de la investigación que realizó Karlic y que incorporado como prueba al expediente judicial. “Fue una investigación diocesana: ni un acto administrativo ni un juicio diocesano” y recordó que la defensa “durante todo el proceso trabajó sobre esa investigación y produjo pruebas”.

El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull destacó que “se ha acreditado la materialidad del hecho y la responsabilidad de Ilarraz en el mismo”, y recordó cómo sucedieron los abusos en el Seminario.

Cerró el procurador García, que cuestionó el “afán dilatorio” de los defensores, “que lleva hasta la ignorancia del Derecho”. Y agregó: “Es una apelación impropia”. Y fustigó el hecho de que los defensores “deambulen” por distintos hechos y pretenda “volver” a etapas ya cerradas de la investigación judicial. “Y con confusiones groseras, como que estamos en el ámbito de la sentencia condenatoria”, agregó.

 

Ricardo Leguizamón

De la Redacción de  Entre Ríos Ahora.

En Twitter: @ricleguizamon