«No existe hecho de abuso que tenga la prueba que tiene este caso. Es muy contundente la prueba».

La evaluación la hizo el fiscal Álvaro Piérola, que junto a Juan Francisco Ramírez Montrull llevan adelante la acusación en el juicio al cura Justo José Ilarraz por los abusos que denunciaron siete víctimas, ocurridos en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo.

«No entiendo cómo alguien podría pensar en no creerles a las víctimas. El relato de los hechos que hacen es muy sentido, desde las entrañas. Y lo que cuentan está después corroborado por el testimonio de los testigos», señala Piérola.

Con los testimonios que se escucharon en las primeras dos semanas del juicio a Ilarraz -que empezó el lunes 16 de abril-, el Ministerio Público Fiscal entiende que ha quedado, de manera temprana, suficientemente acreditada la acusación contra el sacerdote por el delito de corrupción de menores, a partir de los hechos que habrían ocurrido en el Seminario Arquidiocesano. En ese lugar, Ilarraz fue prefecto de disciplina entre 1985 y 1993, cargo en el que fue designado por el entonces arzobispo Estanislao Karlic, quien en 1984 lo había ordenado y con quien había convivido un tiempo breve en la residencia episcopal de la Costanera Alta.

Los fiscales Piérola y  Ramírez Montrull entienden que el relato de las siete víctimas denunciantes se sostuvo firme en el debate oral, y que la defensa del cura, a cargo de Jorge Muñoz, no puso en tela de juicio los abusos ocurridos en el Seminario.

Resultaron clave los testimonios de todos los sobrevivientes de los abusos, particularmente el de Hernán Rausch, el iniciador de la denuncia; y del lado de los testigos, el del cura Leonardo Tovar. También, hizo un aporte relevante el sacerdote Leandro Bonnin, que ventiló un caso hasta ahora desconocido de abuso, que fue relatado por la víctima al excura Carlos Gimeno. Y lo que contó la psicóloga Carmen Muñoz, exdocente en el Seminario, que dio cuenta de la existencia de una nueva víctima, no conocida, pero que se reservó el nombre por «secreto profesional».

En ese escenario, el Ministerio Público Fiscal ya comenzó este fin de semana largo a trabajar en la estructura medular de los alegatos que se harán en las audiencias de los días jueves 1o y viernes 11. En ese escenario, los fiscales Piérola y Ramírez Montrull ya comenzaron a definir el monto de la pena que pedirán para Ilarraz, acusado del delito de corrupción de menores, agravado por su condición de encargado de la educación de los pupilos que estaban bajo su responsabilidad, según la calificación hecha en 2016 por la Fiscalía, cuando se hizo el pedido de remisión a juicio oral.

A partir del desarrollo del debate oral, se sumaron nuevos elementos y aquella calificación legal cambió. Ahora, se habla de «corrupción de menores agravada en concurso real», esto es que son distintos hechos, 7 en total, cuyas penas se van sumando.

De acuerdo al ordenamiento legal vigente al momento de los hechos, entre 1985 y 1993, el máximo de la pena que se podría imponer a Ilarraz es de 25 años. Cada hecho de corrupción de menores  tiene una pena mínima de 5 años de cárcel, y una máxima de 15, pero el volumen final de la pena no puede superar en ningún caso los 25 años.  «Vamos a estar en el máximo, o cerca del máximo», dicen desde Fiscalía.

El querellante Marcos Rodríguez Allende sostiene que va a haber unificación con el pedido de pena que haga la Fiscalía, aunque aclara: «La diferencia seguro va estar en que la Fiscalía se va a limitar a Illaraz y yo específicamente determinaré las conductas encubridoras que deben ser consideradas», explicó.

El caso Ilarraz fue remitido para su elevación a juicio por parte de la Fiscalía el 26 de julio de 2016. «Analizado el plexo probatorio que fuera objeto de reseña, entiendo que del mismo emergen suficientes elementos de cargo que habilitan la elevación de las presentes a la etapa del plenario, por surgir acreditada la hipótesis incriminatoria sostenida en la causa contra el prevenido Justo José Ilarraz», escribió entonces el fiscal Ramírez Montrull. El caso Ilarraz finalmente fue elevado a juicio oral poco más de un mes después, el 17 de agosto de 2016.

El escrito de la Fiscalía subrayó un dato: el delito incriminado a Ilarraz «presenta particularidades para su investigación», en tanto en su generalidad «se trata de hechos que ocurren fuera de la presencia de terceras personas, debido a que el autor se sirve de situaciones que propician su impunidad y contra quién solo se erige como principal prueba cargosa -en la mayoría de los casos- los dichos de la propia víctima».

Esa peculiaridad, con el correr de la investigación, fue variando: José Riquelme, una de las siete víctimas denunciantes, se erigió además como testigo de uno de los abusos, en una situación traumática que lo obligó a presenciar Ilarraz.

La carga probatoria contra Ilarraz incluye, además, la investigación diocesana que mandó a realizar en 2015 el entonces arzobispo Estanislao Esteban Karlic, con el testimonio de cuatro víctimas, tres de las cuales al final llevaron el caso a la Justicia por sus propios medios. El cuarto, el ahora sacerdote Eduardo Jacob, no siguió ese mismo camino. Karlic dio por probados los abusos sobre esas víctimas, y le aplicó a Ilarraz la pena del destierro.

Pero hay un dato más: en su declaración testimonial en la Justicia, Karlic aseguró que Ilarraz aceptó haber cometido los abusos, se mostró arrepentido y le pidió perdón.

 

 

 

Ricardo Leguizamón

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.