La Iglesia de Paraná investigó al cura Justo José Ilarraz en 1995, por orden del entonces arzobispo Estanislao Karlic, trámite que concluyó al año siguiente, con la sanción de expulsión de la diócesis de Ilarraz al haberse corroborado los abusos sobre seminaristas, hechos que ocurrieron entre 1985 y 1993.

En Roma tomaron nota de la causa Ilarraz por primera vez en 1995, cuando Karlic comunicó al Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe que tenía denuncias contra un sacerdote bajo la especie de “crimine pessimo”, la traducción al latín de la pedofilia.

El 6 de septiembre de 1995, el por entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y exsecretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, acusó recibo de toda la documentación, y le avisó a Karlic que todo había sido derivado a la Congregación para el Clero.

Desde allí le piden a Karlic, el 30 de septiembre de 1995, que continúe con la investigación y “procediera en todo conforme al Derecho Canónico vigente”. La última carta enviada por Karlic está fechada el 20 de septiembre de 2002. Recién el 20 de abril de 2012, Puiggari volvió a comunicarse con Roma, y el 18 de mayo el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, respondió que había recibido la carta. El arzobispo de Paraná volvió a escribirle el 12 de julio, y le contó todo lo que, en teoría, Roma ya sabía.

Pero nunca hubo avance concreto de la causa en Roma.

En 2013, los entonces querellantes de una víctima de Ilarraz, los abogados Marcelo Baridón y Álvaro Piérola, iniciaron una causa en la Iglesia. Baridón y Piérola pidieron que se abriera una causa contra Ilarraz por violación al sexto mandamiento del decálogo de los católicos, aquel que refiere a “no cometerás actos impuros”.

La presentación, hecha en 2013, se apoyó en el incumplimiento por parte de Ilarraz a lo que establece “el sexto mandamiento del decálogo que obliga a los católicos a no cometer actos impuros”, pero también en las reformas que introdujo Joseph Ratzinger –el papa emérito Benedicto XVI– a la legislación eclesiástica después de las denuncias de abuso que, durante su papado, arreciaron dentro de la Iglesia.
Baridón y Piérola pidieron expresamente la “apertura de causa contra el presbítero Justo José Ilarraz”.

La denuncia, que fue ingresada en el Arzobispado de Paraná pero que también llegó al Episcopado y a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma, se apoyó en el canon Nº 1.395 del Código de Derecho Canónico que establece que el sacerdote “que con escándalo permanece en otro pecado externo contra el sexto mandamiento del Decálogo, deben ser castigados con suspensión; si persiste el delito después de la amonestación, se pueden añadir gradualmente otras penas, hasta la expulsión del estado clerical”.

Después, otras cuatro víctimas hicieron sus respectivas presentaciones en el Tribunal Interdiocesano de Santa Fe.
Pero esa denuncia languideció en la justicia eclesiástica de Santa Fe. Recién en 2015 el Tribunal Interdiocesano de Buenos Aires tomó intervencíón en el tema, y citó aquel primer denunciante que representaron Baridón y Piérola, Maximiliano Hilarza, uno de los siete denunciantes de Ilarraz en la Justicia. Hilarza brindará su testimonio en ese juicio académico este domingo en Paraná: hasta aquí se trasladará el tribunal eclesiástico.

 

Qué pasó acá

El 5 de julio de 1995, el hoy cardenal Karlic firmó un decreto por el que encomendó al abogado sacerdote Silvio Fariña Vaccarezza “la realización de una investigación cautelosa” sobre Ilarraz a partir de las sospechas de que hubiese cometido “delitos graves” mientras integró el equipo de superiores del Seminario Arquidiocesano.

Lo hizo con una recomendación: que una vez concluida la investigación, que debía ser hecha “con el mayor sigilo”, y resuelto cómo actuar sobre Ilarraz, todas las actuaciones se guardasen “en el archivo secreto” de la Curia. El día 24 de julio Karlic designó al sacerdote Luis Zanitti promotor de justicia y le asigna la tarea de revisar lo hecho por Fariña Vaccarezza en el caso Ilarraz; cinco días después, Zanitti informa a Karlic que se había actuado bajo normas, y recomienda elevar todo a Roma.

Claro, para entonces Ilarraz se había marchado al Vaticano. En 1993, Karlic lo había alentado a trasladarse hasta allí para cursar la Licenciatura en Misionología en la Pontificia Universidad Urbaniana; es más, el actual cardenal solicitó a las autoridades de la Iglesia Argentina en Roma un lugar de alojamiento para Ilarraz.

El decreto N° 39/93 firmado por Karlic lo autorizó a ausentarse de Paraná por un período de dos años; ese permiso después se extendió hasta 1996. El licenciado Ilarraz, sin embargo, no alcanzó a doctorarse, como tenía planeado; en los primeros meses de 1997 regresó a Argentina. Pero no a Paraná; se marchó a Tucumán. Ya el escándalo había estallado.

En medio del periplo europeo del cura, la Curia inició la investigación canónica sobre el comportamiento de Ilarraz mientras fue prefecto de disciplina en el Seminario Menor, y escuchó los testimonios de tres víctimas.

Concluido ese proceso interno, de forma rápida, Karlic firmó el 18 de diciembre de 1996 un decreto sin numerar por el que dispuso una sanción muy leve: sólo le prohibió al cura “venir y permanecer en el territorio de la Arquidiócesis de Paraná, así como tener comunicación de cualquier tipo con los seminaristas”.

El decreto que firmó Karlic, y por el que dispuso la expulsión de Ilarraz, es revelador. Dice que “con las declaraciones que se suceden en torno al comportamiento del presbítero Ilarraz en la época que fuera superior del Seminario Menor queda revelado el daño producido a personas e instituciones”.

Y que “ese daño producido, que debe ser reparado y evitado en el futuro, es consecuencia de la conducta del presbítero Justo José Ilarraz, ya que cuatro testimonios de forma unánime así lo afirman”. Pero ante la gravedad de los testimonios –uno de las víctimas, que entonces tenían entre 10 y 14 años, habló de acceso carnal por parte de Ilarraz—no se actuó en consecuencia, sino que le dejaron la puerta abierta para que el cura siguiera ejerciendo en otra diócesis, como de hecho ocurrió.

La disposición de Karlic sólo dejó en suspenso una eventual sanción más dura: el texto del decreto de 1996 especifica que “la desobediencia” de la disposición de no acercarse a la diócesis de Paraná “será sancionada con pena que no excluye la suspensión”. Esa medida, la suspensión en el ejercicio del ministerio sacerdotal, recién se dispuso el 7 de septiembre de 2012.

En medio, Ilarraz, según declaró en la Justicia, fue y vino a Paraná sin ningún tipo de inconvenientes, y hasta celebró un casamiento en la Parroquia San Agustín, autorizado por su amigo, el cura Mario Tabroda.

En el ínterin, Ilarraz se mudó a Buenos Aires, dejó el sacerdocio, vivió como laico, y después volvió a calzar sotana, y un obispo, Enrique Witte, de Concepción, Tucumán, le permitió volver a la Iglesia, sin siquiera atender la investigación hecha en su contra por casos de abuso. Más todavía, el 21 de mayo de 2004 el arzobispo emérito de Paraná Mario Maulión firmó el decreto N° 78 por el que le otorgó la excardinación, y la posibilidad de que se mudara efectivamente a Tucumán.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.